PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ENERGÍA
Y RECURSOS NATURALES DEL SENADO
RUBÉN BERRÍOS MARTÍNEZ, PRESIDENTE
PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO
1 DE AGOSTO DE 2013
Hace más de un cuarto de siglo, en una conferencia en el Woodrow Wilson Center, y luego en un artículo en el Washington Post que el entonces senador Patrick D. Moynihan sometió para el récord congresional, advertí que, sin la independencia, Puerto Rico estaba destinado a ser un gueto, ya fuera como Estado o como Estado Libre Asociado.[1]
Hoy, ante la evidencia de las últimas décadas, puedo aseverar que casi estamos ahí. Puerto Rico, bajo el ELA, se está convirtiendo en un gueto; mientras la estadidad nos convertiría en un estado gueto.
En el 1990 la advertencia no fue atendida. En el 2013 la resolución del problema del estatus de Puerto Rico ya no puede posponerse.
La economía, en recesión permanente, está al borde del precipicio. La descomposición social, la dependencia y la marginación social se multiplican. La emigración, particularmente de la clase media y profesional, continúa en ascenso. El ELA territorial está acabado.[2]
Enfrentados a esa realidad, muchos en Puerto Rico creen que la estadidad podría revertir esa tendencia hacia el abismo. Pero quien cultive esa ilusión debe leer un reciente artículo de la revista "The Economist" sobre la
[1] Ver Rubén Berríos Martínez, Razón y Lucha, editorial Línea, 1983, p. 450; y Puerto Rico: Nacionalidad y Plebiscito, 1995, editorial Libertad, p. 87-94, específicamente p.94.
[2] Este asunto ha sido anticipado y extensamente analizado por prominentes economistas. Ver, además, dos artículos de mi autoría sobre esta materia publicados en la Revista Foreign Affairs; "Independence for Puerto Rico, the Only Solution" (1977); y "The Decolonization of Puerto Rico" (1997).
región del delta del Mississippi.
[1] Aunque la región está enclavada en tres estados y representada en el Congreso por seis senadores de tres estados y varios representantes, la división del trabajo que las leyes del mercado imponen, y la camisa de fuerza económica de la cláusula de comercio interestatal, han convertido la zona en una permanentemente deprimida y marginada, es decir, en un gueto regional, no el único en Estados Unidos.
El pasado noviembre se celebró en Puerto Rico un plebiscito sobre estatus político, en el que participaron el 78% de los electores. Dos preguntas fueron planteadas en la papeleta. La primera, preguntaba a los votantes si estaban de acuerdo con mantener el actual estatus territorial. Una sólida e indisputada mayoría de 54% rechazó el estatus actual.
En la segunda pregunta se le pidió a los electores expresar su preferencia entre la Independencia, la Estadidad o el Estado Libre Asociado Soberano. Pero el resultado de la segunda pregunta no fue ni claro ni irrefutable. La estadidad obtuvo el 45% de los participantes. Los estadistas dicen que el porciento fue de 61% porque no cuentan los votos en blanco que, sin duda, no fueron por la estadidad.[2]
[1] Ver la revista The Economist, junio 8-14, 2013, p. 33-34; "Desde el 1940 la población de la región ha descendido a la mitad... Los empleos agrícolas han desaparecido... Las fábricas locales han cerrado... El ingreso promedio es poco más de 10 mil, la mitad del nivel de Mississippi, y el 40% de la población vive bajo el nivel de pobreza. La taza de desempleo es de 17%, más del doble de la tasa nacional".
[2] El Código Electoral de Puerto Rico demanda que los votos en blanco sean contados. La Corte Suprema de Puerto Rico ha reconocido desde el 1993 "el derecho de un elector a depositar una papeleta en blanco en la urna, como medio para expresar que él o ella no favorece ninguna de las opciones de estatus propuestas". Más recientemente en el 2009 la Corte Suprema interpretó que "podemos razonablemente concluir que el votante que voluntariamente... deposita su voto en blanco... tenía la clara intención de no favorecer ninguna de las opciones... en la papeleta". Sánchez y Colón vs ELA, 134 DPR 445 (1993) y 134 DPR 503 (1993) y Suárez Cáceres vs CEE, 176 DPR 31 (2009).
Posteriormente, el presidente Obama sometió una partida presupuestaria de 2.5 millones de dólares para "educación de electores" en caso de que el gobierno de Puerto Rico legislara otra consulta de estatus. Más aún, el presidente sugirió la posibilidad de incluir entre las alternativas el ya contundentemente rechazado régimen territorial. Con la excusa de ser inclusivo, el Presidente ha propuesto el régimen de subordinación política ya rechazado. ¡Tan absurdo y antidemocrático como proponer la servidumbre involuntaria o empleos por menos del salario mínimo como remedios al desempleo!
El Congreso, facultado por la Constitución para disponer del territorio, todavía no ha actuado. Más aún, el derecho internacional ha reconocido el derecho de los pueblos a la libre determinación, el cual, bajo las obligaciones contraídas en tratados suscritos por Estados Unidos, es parte del derecho norteamericano. Estados Unidos, por lo tanto, está en la obligación de cumplir con la Resolución 1514 (XV) de la ONU. Pero Estados Unidos también podría optar por hacer caso omiso del derecho internacional, como suele hacerlo, y aprobar legislación para un plebiscito entre alternativas no territoriales.
Estoy muy consciente, no obstante, que dejando a un lado tanto el derecho internacional como el constitucional, el Congreso no aprobará plebiscito alguno que incluya la estadidad. La razón es sencilla. Ofrecer dicha opción sería equivalente a una oferta indirecta de estadidad. Y una opción de estadidad es el beso de muerte de cualquier plebiscito federal simplemente porque la estadidad para Puerto Rico es contraria a los intereses nacionales de Estados Unidos.
Este Congreso debería hablar francamente y decirle a los puertorriqueños cuáles alternativas están dispuestos a considerar para cumplir con su obligación descolonizadora. Pero, desafortunadamente, ustedes todavía no están dispuestos a descartar públicamente la estadidad por temor a ser acusados de racistas o antidemocráticos.
Como consecuencia de lo anterior, este Congreso no aprobará legislación alguna de estatus. Al presente la política de Estados Unidos permanece antidemocráticamente clara: la de perpetuar un estatus colonial que la mayoría contundente de los puertorriqueños específicamente rechaza.
Pero al final el Congreso no podrá evitar las difíciles decisiones respecto al estatus de Puerto Rico. Debo recordarles que la política pública norteamericana de promover la dependencia bajo el actual estatus territorial, unida a una larga trayectoria de represión antiindependentista, ha llevado a muchos de mis compatriotas a pensar que dos senadores y seis representantes bastarían para asegurar una eterna cornucopia de fondos federales.
El tiempo para decidir se acaba. Antes del plebiscito de noviembre pasado, el gobierno de Estados Unidos argumentaba en todos los foros que Puerto Rico había consentido al colonialismo. Desde entonces el régimen territorial -siempre antidemocrático- se ha trasmutado en despotismo.
El gobierno de Estados Unidos sólo cumplirá con su obligación descolonizadora cuando no tenga otra alternativa. Depende de nosotros los puertorriqueños, por lo tanto, crear una crisis política que lo obligue a actuar.
Diferentes escenarios, entre otros, son posibles. Las fuerzas estadistas podrían ganar las elecciones del 2016 y aprobar legislación para un plebiscito "Estadidad Sí o No", similar al que hoy proponen, para tratar de obtener un voto mayoritario por la estadidad. El actual gobierno del ELA, por su parte, podría convocar una Asamblea Constitucional de Estatus para negociar una alternativa no colonial al presente estatus.
Inevitablemente el Congreso tendrá que respetar nuestro derecho a la libre determinación. Dicho derecho conlleva una justa y equitativa transición para que el pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre la independencia, nuestro derecho inalienable como nacionalidad distinta y separada que nos confiere los poderes necesarios para nuestro pleno desarrollo; y los términos y condiciones de cualquier otra alternativa no territorial que Estados Unidos esté dispuesto a considerar.
Ese momento llegará pronto a través de un mecanismo o proceso que lo posibilite. Y cuando llegue, será necesario recordar las palabras del senador Patrick D. Moynihan, demócrata de Nueva York, ante el Senado en mayo de 1990: "Al final los grandes asuntos aquí planteados son cívicos, no económicos. ¿Quieren los puertorriqueños convertirse en americanos? Porque eso es lo que la estadidad inevitablemente implica. ¿O quieren preservar su identidad separada?".
Ustedes deberían entonces comunicarle claramente a los puertorriqueños que para convertirse en estado deben estar dispuestos a convertirse en americanos y a renunciar a su nacionalidad separada y distinta. [1] Deben, además, preguntarse ustedes mismos si desean que Estados Unidos continúe como un estado federal unitario bajo la máxima E pluribus unum; o si por el contrario, desean que su país se convierta en un estado multinacional regido por el lema E pluribus duo.[2] No tengo la menor duda de cual será la contestación de los puertorriqueños y la de ustedes.
Ya que las acciones importan más que las palabras, concluyo trayendo a su atención el caso de Oscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño que ha padecido en las prisiones de Estados Unidos por más de 32 años, más tiempo que el cumplido por Nelson Mandela. Puertorriqueños de todas las ideologías han demandado su liberación, incluyendo a los tres presidentes de partido que comparecen ante ustedes hoy. Una nación que se autoproclama paladín de los derechos humanos debe liberar a Oscar López Rivera. La justicia y un sentido mínimo de decencia, lo demandan.
[1] Ver la carta del presidente electo Bill Clinton al gobernador electo de Puerto Rico, Pedro J. Rosselló, de diciembre 30 de 1992, donde el Presidente reconoce "la identidad distinta que los puertorriqueños han desarrollado desde su primer encuentro entre la cultura hispánica en la isla".
[2] Para una discusión más detallada de este asunto, ver mi testimonio ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el 30 de enero de 1991.
