Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico, 1de julio de 2010 (NCM) – Una operación policial calculada, según testimonio bajo juramento esta madrugada de uno de los agentes, dejó ayer al atardecer frente al Capitolio decenas de manifestantes lesionados, periodistas agredidos y sirvió de marco para que se legislara a puerta cerrada anular derechos constitucionales de asamblea y libertad de expresión de los estudiantes universitarios.
La declaración bajo juramento –copia de la cual obtuvo NCM Noticias- especifica cómo se notificó la orden de proceder al desalojo al menos dos horas antes de que más de cien policías nacionales, entre ellos la fuerza anti motines, los caballos de la unidad montada y un helicóptero barrieran a palos, patadas y gases a cientos de manifestantes que insistían en hacer valer el derecho a que la legislatura sesionara en público.
Para agravar aún más el panorama, los primeros en ser desalojados violentamente fueron los reporteros de la prensa estudiantil, que habían acudido al Capitolio a cubrir las incidencias y a los que el Gobierno no le reconoce su condición de periodistas. También terminaron lesionados varios miembros de la prensa general y al menos dos legisladores.
Al cierre de esta edición, se aguardaba por una declaración que se adelantó harían los gremios de prensa y una rueda de prensa urgente del Partido Independentista Puertorriqueño, que ha tildado de "gorilesca" la acción de la Policía nacional.
Sin saber que todo había ocurrido de manera calculada por los mandos policiales, empleados del Capitolio expresaban anoche su indignación ante el cuadro de algunos de sus vehículos averiados por la masa de estudiantes, profesores y grupos de apoyo que enfrentaba la embestida de palos y gases a mansalva. Poco después, se anunciaba la aprobación de la nueva medida que elimina las asambleas estudiantiles y las sustituye por un sistema de votaciones electrónicas a distancia, al cual queda también sometida cualquier expresión pública que haga el liderato estudiantil oficial.
La medida sustituye otra que habría implantado el sistema de voto cibernético para toda asamblea de los organismos universitarios, inclusive del profesorado, y que una fuente de la industria estimó habría costado más de 50 millones de dólares para poder establecerlo. Aquella medida sólo habría eximido de su cumplimiento a la Junta de Síndicos, que entonces quedaba como el único organismo capaz de deliberar y tomar decisiones sin someterse a la restricción.
Pero de hecho, un informante del oficialista Partido Nuevo Progresista –que en el pasado ha provisto informes certeros y hasta documentos confidenciales- había asegurado desde hace días que el objetivo era cambiar el proyecto como finalmente se hizo. El informante indicó que todo es parte de una agenda más amplia para eliminar en Puerto Rico el viejo derecho constitucional de libertad de asamblea y sustituirlo por votos electrónicos que garanticen la preponderancia de las llamadas mayorías silentes.
Minutos antes de que se aprobase la nueva restricción de derechos constitucionales, la minoría del opositor Partito Popular Democrático se había retirado del hemiciclo del Senado en señal de protesta y el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, proclamó que se había logrado poder culminar los trabajos finales de la sesión ordinaria de la Legislatura "en este ambiente de paz".
El propio Rivera Schatz fue una pieza importante en todo el operativo cuando el viernes de la semana pasada, en una acción por la cual los funcionarios proveyeron explicaciones contradictorias, ordenó el desalojo de todos los periodistas de las sesiones del Senado. Para eso se usaron policías armados y candados que impidieron el paso de la prensa y quedó resaltado ante la opinión pública que las galerías para el público en el tercer piso estaban cerradas desde finales del año pasado.
La minoría del PPD y los periodistas acudieron con recursos legales separados todavía ante los tribunales, mientras un grupo de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez hizo una convocatoria a la manifestación de ayer, a la cual se unieron los colectivos estudiantiles de varios recintos de distintos puntos del país. El Senado, mientras tanto, que había vuelto a permitir la entrada de periodistas y abierto las galerías, volvió a poner los candados y desde temprano en la tarde comenzaron a entrar al edificio las escuadras antimotines conocida como "Fuerza de Choque".
El problema de los derechos civiles es crucial para el anexionismo, que se queja desde hace años de que las instituciones sociales y políticas no le reconocen su condición de mayoría aplastante, ante lo cual han lanzado avanzadas como la de eliminar el año pasado la colegiación compulsoria de los abogados porque nunca han logrado mayoría en las asambleas. Otro tanto le ocurre al Gobierno con el movimiento estudiantil, que logró una huelga exitosa de dos meses y paralizó diez de los once recintos de la UPR.
De igual forma, se aprobó otra medida para convertir en delito cualquier protesta social que paralice obras de construcción, públicas o privadas.
Pero el aislamiento del PNP, apenas año y medio después de haber obtenido la victoria electoral más arrolladora de su historia, no se limita a la rebeldía estudiantil o de la oposición política. Sus filas ya muestran síntomas de división, así como de quejas crecientes de sectores empresariales importantes como los hoteleros y las aseguradoras, además de los gobiernos de municipios pequeños.
La situación tiene mucho que ver con los intentos por aumentar los recaudos del Gobierno mientras el país sigue sumido en una crisis económica galopante y se han reducido en más de cien mil los puestos de trabajo desde el inicio del año pasado. Ante ese cuadro, el dividido movimiento sindical sigue paralizado y, en la esfera social, sólo grupos como los estudiantiles presentan un contrincante articulado a los planes gubernamentales.
A duras penas, al final de la noche se logró aprobar un presupuesto deficitario para las agencias del Estado en el edificio de mármol y alabastro del Capitolio, en cuyos alrededores todavía horas después de los hechos se podían respirar rastros del olor acre de los gases lacrimógenos.
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