El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) cuestionó ayer que, mientras desfilan políticos por el banquillo de los acusados, no haya un esfuerzo del Gobierno por procesar también a los empresarios que buscaron comprar influencias con sus donativos.
Líderes de la colectividad sugirieron aprovechar la coyuntura de una reforma electoral para atajar la práctica de los donativos ilegales.
El presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín reclamó ayer al Departamento de Justicia y a la Legislatura que investiguen las compañías y comerciantes que han admitido haber contribuido con políticos a cambio de garantizar acceso al proceso legislativo.
Cuestionó que estos donantes estén protegidos por una impunidad, a pesar de que los mismos donativos se repiten una y otra vez, al igual que el nombre de las empresas que compran influencias.
"Son muchos los ángulos y elementos a investigar en todo este esquema. Hay que examinar los beneficios obtenidos por la participación en estas transacciones o esquemas, los elementos de legalidad e inequidad introducidos a la contienda electoral por el inversionismo político y la forma en que fue afectado el interés público", dijo Martín.
En una conferencia de prensa ayer, tomaron como punta de lanza el caso estatal contra el ex senador Jorge de Castro Font. Como parte de la vista preliminar que se sigue en su contra, han desfilado empresarios para admitir que dieron cientos de miles de dólares porque entendían que así protegían sus intereses o los de su empresa. Entre los deponentes más recientes estuvo la ex vicepresidenta de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), Betsy Barbosa, quien dijo haber dado cientos de miles de dólares con el aval de la Junta de Directores de la organización que representa aseguradoras.
Martín mencionó que este esquema no es nuevo y recordó las admisiones públicas de Miguel Deynes Soto, quien dijo haber hecho donativos en exceso a los límites cuando fungía como presidente de Triple S.
El secretario general del PIP, Juan Dalmau dijo por su parte que la nueva Ley Electoral debe ser específica para evitar estas prácticas.
"Una medida crítica y decisiva es la de imponer un límite estricto y austero al máximo de dinero que puede gastarse en las campañas publicitarias. El PIP ha propuesto que este límite sea de $2 millones por partido político y que este gasto sólo pueda hacerse en los últimos dos meses de campaña", expresó.
A preguntas de este rotativo, el también comisionado electoral del Partido Independentista recordó que las empresas no pueden ser sometidas a un proceso judicial, pero sí las personas que representan estas empresas y que desembolsaron el dinero para la compra de influencias.
Dijo además que deben revisarse los proyectos que fueron aprobados o rechazados a cambio de estas influencias.
"Si fueron proyectos que fueron aprobados en su momento como parte de este proceso de extorsión, deben revocarse porque es evidente que nacen de un proceso que estuvo podrido", manifestó Dalmau.
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