6 de mayo de 2008
Comunicado
San Juan - La Cámara de Representantes aprobó la Resolución Cameral 7925, radicada por el representante independentista Víctor García San Inocencio, para investigar las alegadas intenciones de la Autoridad de Carreteras de considerar propuestas para co administrar la operación y mantenimiento de la PR 22, mejor conocida como el Expreso De Diego.
Este Expreso cubre 52 millas de este a oeste del país en el área norte y tiene seis estaciones de peaje. La co administración tendría una duración de 50 años y el Gobierno ha solicitado alegadamente que se asegure el trabajo de los empleados lo que, a juicio de García San Inocencio, podría encubrir una privatización de una de las vías arteriales del país.
El controversial anuncio sobre la posible co administración entre la Autoridad de Carreteras y un ente privado del Expreso 22 levantó la suspicacia del legislador independentista, quien solicitó un alegado análisis legal que hizo el Departamento de Justicia en donde releva de responsabilidad a la Autoridad. La agencia alega en la petición de propuestas a contratistas para operar y mantener la autopista que una opinión del Secretario de Justicia establece que la agencia no está impedida de llevar a cabo tal transacción porque está autorizada bajo las leyes del país. Las propuestas de contratistas interesados deberán ser sometidas antes del próximo 3 de junio.
Sin embargo, existen interpretaciones de que la Autoridad si está impedida bajo el ordenamiento vigente de entrar en acuerdos con entes privados que les permitan operar o controlar las autopistas existentes. Incluso la interpretación general del Departamento de Justicia es que la agencia no tiene autoridad estatutaria para privatizar.
García San Inocencio sostuvo que "previo a que se concretice cualquier transacción de esta naturaleza la Asamblea Legislativa debe investigar las condiciones, requisitos, y acuerdos que medien entre las partes para garantizar la adecuada protección del interés público. No podemos respaldar políticas que pretenden socializar los costos de las operaciones gubernamentales perdidosas en perjuicio de los consumidores, mientras se privatizan las operaciones o servicios que si representan ingresos al fisco canalizando los beneficios al sector privado."
