3 de mayo de 2008
Por Jesús Dávila - Corresponsal de El Diario La Prensa en San Juan
El escrito data de la época en que Acevedo Vilá estudiaba derecho en la Universidad de Puerto Rico y describe –paso por paso- hechos que ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputa haber cometido, lo único que en aquella época era un joven preocupado por el daño que tales fraudes con fondos políticos tenían sobre la democracia.
Con los años, Acevedo Vilá se convirtió en un político pragmático y en noviembre alegó ser víctima de persecución selectiva porque insistía en que lo que le imputan es algo que todos hacen.
Pero en 1985 era mucho más crítico de ese tipo de manejo y se quejaba de que las leyes electorales eran "letra muerta" porque la relación indebida entre el político y los donantes llevan a que "la lealtad hacia el electorado es sustituida por la lealtad hacia los contribuyentes".
El escrito, publicado en la Revista Jurídica de la UPR y titulado "Los límites de contribuciones y gastos en las campañas políticas", documenta primero la jurisprudencia de EE.UU. y Puerto Rico sobre el tema, para luego analizar a fondo informes de prensa sobre "un mecanismo que supuestamente se utilizó durante las campañas electorales de 1976 y 1980".
Explicó cómo "la agencia de publicidad le facturaba a corporaciones por servicios no prestados. El monto de la factura pagada por la corporación privada le era acreditado a la cuenta del candidato o partido que la corporación quería beneficiar. De esta forma la contribución nunca era registrada en los informes financieros del partido o candidato".
Según su análisis dicho esquema habría sido "fácilmente detectable si la ley se hubiese puesto en vigor" mediante inspección de las cuentas de las agencias de publicidad, los medios de comunicación, los candidatos y los partidos. Pero, su evaluación fue que los funcionarios políticos y electorales tenían conflictos de intereses por lo cual estaba garantizada la impunidad de los fraudes.
Los tiempos cambiaron y, tras varios años de investigaciones e inspecciones a sus cuentas, las del Partido Popular Democrático, las agencias de publicidad y hasta medios de comunicación, un gran jurado federal aprobó un pliego con 27 cargos en su contra y de una docena de allegados suyos.
Se trata de un drama que sigue intensificándose y tan reciente como el jueves pasado, agentes del FBI allanaron oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica y cargaron con documentos y computadoras.
Las oficinas allanadas tienen que ver con contratos y, se presume, con recaudación de fondos para el partido oficialista. Pero el director ejecutivo del PPD, Aníbal José Torres, respondió con un escueto "no tenemos conocimiento de ningún allanamiento" cuando se le preguntó si tenía algo que informar o denunciar sobre el particular.
