martes 30 de junio de 2009

Los dueños y los excluidos





http://www.elnuevodia.com/columna/586521/
30-Junio-2009 | ETHEL RÍOS ORLANDI

CATEDRÁTICA DE LA UPR

El significado del concepto "sector privado" en economía es harto conocido. Tenemos, además, una idea bastante precisa de lo que quiere decir el grupo que detenta el poder en nuestro país cuando usa el término, en sus diferentes acepciones. Sin embargo, ignoremos por un momento aquello que suponemos conocer para explorar otras interpretaciones.


Cuando el secretario de Desarrollo Económico y Comercio expresa que "el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico", se refiere a una determinada porción del "sector privado" y no a la totalidad del mismo.


Cuando el Gobernador, tratando de corregir al secretario, dice: "Todos somos dueños de Puerto Rico", se refiere a que unos pocos son dueños de muchísimo y que la mayoría es dueña de prácticamente nada. O podría referirse a que cada ciudadano es dueño, en principio, de algo de Puerto Rico, en algún sentido: poético, virtual, intangible.


A la vez que se producen esas expresiones, a cierto grupo de ciudadanos privados, organizados comunitariamente para trabajar por el bien común, la Legislatura de Puerta de Tierra, acaba de recordarles que no les corresponde sentirse colectivamente dueños de ninguna porción de Puerto Rico.


El brazo legislativo del grupo en el poder, ha despojado al Fideicomiso de la Tierra de sus terrenos. ¿No debería el "sector privado" sentirse dueño del país? ¿Por qué excluir del "sector privado" protegido por las tres ramas de gobierno, a los agrupamientos de ciudadanos con visión comunitaria y planificadora?


Para colmo, la misma legislación dispone la venta de los solares a los residentes, para que éstos puedan ser "dueños individuales", prohibiendo su venta durante una década. ¿Cuál ha sido la historia de la titularidad de las parcelas que otrora vendieran los gobiernos de turno, en vez de ceder el usufructo o los derechos de superficie sobre las mismas?


¿Cuál es la intención de esta medida y de otras, como la adoptada para la entrada de La Perla al mercado de bienes raíces? ¿Por qué titularidad colectiva y comunitaria no, pero individual y atomizada, sí?


¿Cuál es la probabilidad de que la colectividad del G-8 pueda sobrevivir diez años de presiones del mercado sobre cada uno de los titulares de algún palmo de terreno aledaño al Caño Martín Peña? ¿A cuáles elementos del "sector privado" se le está entregando la titularidad de Puerto Rico?



En 9 meses archivarán cargos por desobediencia





http://www.elnuevodia.com/en9mesesarchivarancargospordesobediencia-586431.html

Independentistas interrumpieron sesión del Congreso

 

Las autoridades del Capitolio federal detuvieron y registraron a Luis Suárez, así como a los demás independentistas que protestaron contra el colonialismo de la Isla.

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com

WASHINGTON - En nueve meses quedarán oficialmente desestimados los cargos en contra de seis independentistas puertorriqueños que interrumpieron en mayo una sesión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El acuerdo fue oficializado ayer en la mañana por la jueza Jennifer Anderson, del Tribunal Federal de Washington D. C., en una breve audiencia en la que se confirmó el desinterés de la Fiscalía en continuar con el caso.

Un cambio de fiscal había levantado dudas sobre el compromiso inicial de los fiscales de "abandonar el caso" y dar un plazo de nueve meses -en los que los desobedientes civiles no podrán cometer ninguna otra violación de ley-, antes de desestimar el cargo que han enfrentado por "interrumpir una sesión del Congreso".

Cantando y elevando consignas a favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico, el actor Luis Enrique Romero, el músico José Rivera (Tony Mapeyé), la cantante María "Chabela" Rodríguez, la enfermera Eugenia Pérez Montijo, el obrero jubilado Ramón Díaz y el diseñador mecánico Luis Suárez realizaron una protesta pacífica el pasado 6 de mayo desde las gradas del hemiciclo de la Cámara baja federal.

Los agentes de seguridad del Congreso los detuvieron y permanecieron varias horas en una estación policial, antes de ser imputados del delito de interrumpir una sesión del Congreso.

Pero la división de delitos menores de la Fiscalía federal de Washington D. C. mantuvo que, por la conducta pacífica de los manifestantes y no tener récord criminal, iban a acceder a la desestimación de los cargos. Si para el 30 de marzo de 2010 los seis manifestantes no han pisado, sin autorización previa, terrenos del Capitolio o la Casa Blanca, los cargos quedarán archivados.

"Me siento feliz por esta conclusión", dijo el actor Romero, quien junto a Díaz tenía en su expediente otro acto de desobediencia civil, en aquella ocasión en contra de las maniobras militares estadounidenses en Vieques. Pero la Fiscalía no consideró que eso fuera un cargo que ameritara un trato diferente a los otros manifestantes, dijo Manuel Rivera, quien defendió al grupo junto a Harry Anduze, Luis Abreu y Linda Backiel. "Viva mi patria libre y soberana", sostuvo Pérez Montijo, tras la vista.

Antes de regresar a San Juan los "seis del Congreso", como se denominan, pueden tener reuniones esta semana con funcionarios de las oficinas de los tres congresistas boricuas: Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José Serrano. Según la orden judicial, deberán tener una invitación por escrito para poder acudir a esas oficinas en edificios contiguos al Capitolio federal.




lunes 29 de junio de 2009

Plan Nacional Puertorriqueño para la Salud



http://www.independencia.net/programa.html

VIII. Plan Nacional Puertorriqueño para la Salud


La Salud Pública como Derecho Humano y Solidaridad

El Partido Independentista Puertorriqueño reconoce como principios básicos que: la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y sus comunidades, que el lograr un óptimo nivel de salud es requisito esencial para maximizar la calidad de vida y realizar al máximo el potencial de los seres humanos. Creemos firmemente que para lograr esta meta, el sistema de provisión de servicios de salud, debe ser guiado por un principio fundamental de solidaridad humana y no el afán de lucro. Más aún, entendemos que el Estado tiene una responsabilidad indelegable de garantizar el acceso equitativo a un servicio de salud adecuado, de calidad y que para cumplir con este propósito, también monitoreará y evaluará, con regularidad el mismo.


Sin embargo, también reconocemos que la disponibilidad de servicios de salud adecuados y de calidad no es suficiente para generar una nación con comunidades y ciudadanos más saludables. Nuestro programa de salud, adopta los principios de Salud Pública del movimiento global de la Promoción de la Salud, que puntualiza la necesidad de que los asuntos o problemas de salud sean analizados e intervenidos desde la perspectiva integral. Nuestro programa reconoce la dimensión cultural, social, política, económica, educativa, ética y ambiental de los asuntos o problemas de salud.


Específicamente planteamos, la necesidad de reconocer e intervenir con los determinantes sociales que actúan en el detrimento de la salud (la pobreza, el colonialismo, falta de democracia, la falta de educación, el desempleo, la falta de vivienda o viviendas inadecuadas, la violencia, el calentamiento global y deterioro del ecosistema, la inequidad en la disponibilidad de servicios, entre otras).


Este paradigma aquí presentado, hace imperativo que la Salud Pública, de todos los ciudadanos y sus comunidades, tome la dimensión de un asunto político, social, económico y ético para el Estado. Al implantarse un Plan de Salud cumpliendo con los criterios y principios aquí presentados, contribuiría a cumplir con todas las dimensiones que se espera en una adecuada gobernabilidad del Estado y por consiguiente debería pasar a ser el de más alta prioridad en cualquier plan de Gobierno.


Visión para un Sistema Nacional de Salud para el Siglo 21

Partiendo de estos principios básicos el PIP propone que construyamos un Sistema Nacional de Salud para este siglo 21 que se convierta en plataforma para poder elevar el estado de salud de nuestra población a los niveles más óptimos posibles dado el conocimiento, tecnología, y recursos disponibles; sin con esto limitar, si no de lo contrario, apoyando el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de estos recursos. Nuestra misión y meta es lograr que la nación puertorriqueña alcance de forma colectiva e individual niveles tan altos de salud como los países más desarrollados y progresistas del mundo, en este tema de la salud.

Para alcanzar esta meta proponemos un sistema de salud que se caracterice por lo siguiente:

  1. Acceso equitativo a los servicios de salud a toda la población no importa el nivel socioeconómico o estatus laboral de los individuos. Es decir, todos los individuos con igual necesidad tendrán igual acceso a los servicios.

  2. Uso más eficiente y racional de los recursos disponibles asignando más recursos a los servicios y programas dirigidos a la prevención, educación, y promoción de la salud.

  3. Amplia provisión de servicios de cuidado primario a través de toda la nación puertorriqueña garantizando que cada barrio, residencial, urbanización, y comunidad tengan acceso cercano a un centro o clínica de cuidado primario.

  4. Integración de los servicios de salud física y mental.

  5. Sistema de salud integrado, coordinado, y eficiente que maximice la calidad y efectividad de los servicios de salud provistos por el sector público, privado, y sin fines de lucro.

  6. Provisión de todos los servicios de salud que un ser humano necesita a través de su ciclo de vida desde antes del nacimiento hasta su muerte; desde los servicios de cuidado pre-natal y post-natal, que necesitan los infantes, hasta los servicios de cuidado de larga duración, que necesita la población de edad avanzada.

  7. Promoción de programas e intervenciones de salud que presenten evidencias de pertinencia nacional, competencia cultural, garantías de inclusión y efectividad.

  8. Existencia de una cultura nacional de promoción y educación para la salud, educación y prevención de naturaleza intersectorial que trascienda las estructuras programáticas del Departamento de Salud permitiendo la ampliación de los programas conjuntos entre el sector salud y otros sectores sociales y comunitarios del ámbito gubernamental y no gubernamental.

  9. Expansión del rol rector del Departamento de Salud y de las demás agencias relacionadas a la salud para ampliar las intervenciones con las desigualdades en salud y con los determinantes sociales, económicos y ambientales vinculados a la salud.

  10. Fuerte y amplia participación significativa comunitaria y ciudadana en los asuntos de salud.

  11. Mejores condiciones económicas y laborales para los profesionales de la salud en Puerto Rico evitando la fuga de capital humano hacia Estados Unidos y otros países.

  12. Disponibilidad amplia de infraestructura y recursos para la investigación en ciencias básicas y bio-sociales que se traduzcan en tecnologías, programas, y soluciones para los problemas de salud más apremiantes de nuestra población.

  13. Centro internacional para la educación de profesionales de la salud y para el ofrecimiento de servicios de salud terciarios y supra terciarios (Turismo de Salud).

  14. Solidaridad con los esfuerzos internacionales para impactar los problemas globales de salud particularmente en las regiones más afectadas.


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Puerto Rico: Médicos piden seguro de salud universal






domingo, 28 de junio, 20.53

AP CARLOS MARTÍNEZ RIVERA

Un grupo de médicos puertorriqueños marchó el domingo hasta el Capitolio para reclamar un sistema de salud universal que ofrezca igual cobertura a los casi cuatro millones de puertorriqueños que residen en la isla. 

El Colegio de Médicos Cirujanos aprovechó la discusión en Estados Unidos sobre una posible reforma del sistema de salud de ese país, del que Puerto Rico es un territorio desde 1898, para convocar a esta manifestación y exigir que en la isla se establezca un seguro universal.

"Podemos hacer un seguro médico universal nosotros mismos, independientemente de los Estados Unidos. Con lo que se gasta hoy día en salud, podemos hacer un seguro de salud que cubra a toda la ciudadanía y probablemente se ahorraría dinero", dijo a la AP Eduardo Ibarra, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

En Puerto Rico, algunas entidades aseguran que el número de personas sin cubierta médica ronda los 300.000, mientras que otras, como el Colegio de Médicos Cirujanos, colocan esa cifra alrededor de los 500.000.

Ibarra precisó que, actualmente, el gobierno puertorriqueño gasta unos 1.500 millones de dólares en su sistema de salud, que a mediados de la década de 1990 sufrió una importante reforma para crear un plan de salud gubernamental y que incluyó, entre otras iniciativas, la privatización de hospitales regionales.

Según datos provistos la semana pasada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Puerto Rico destina el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) para costear servicios de salud lo que, según esta entidad, no se traduce necesariamente en una sociedad más saludable.

Estados Unidos utiliza el 16% del PIB, mientras que países como Francia, Alemania, España y el Reino Unido no superan el 11%.

"Aquí no es cuestión de cantidad de fondos, aquí es una cuestión de distribución de esos fondos", agregó Ibarra, un anestesiólogo que representa a los cerca de 13.000 médicos que componen su organización.

Magaly Rodríguez, una vecina de San Juan que se unió a la manifestación, reclamó una reforma profunda del sistema de salud al asegurar que actualmente se trata sólo de un negocio.

"La salud aquí se ha vuelto un negocio amparado por el gobierno, y eso hay que quitarlo. Aquí se está haciendo rico quien está entre el médico y el enfermo. ¿Quién es el del medio? Los seguros privados, que cada día son más caros y dan menos beneficios", indicó Rodríguez, de 62 años, a la AP.

Actualmente, en Estados Unidos se debate la posibilidad de establecer un sistema de salud universal para amparar a cerca de 50 millones de ciudadanos de ese país que no cuentan con seguro médico.




Honduras: crece el respaldo a Zelaya mientras preparan un nuevo gobierno


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1144899

Los integrantes del ALBA reconocieron la legitimidad del derrocado mandatario; el presidente interino prepara su equipo para enfrentar los próximos meses

Lunes 29 de junio de 2009 | 07:33 (actualizado a las 09:32)

MANAGUA.- El presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, preparaba contrarreloj su equipo para gobernar los próximos meses, mientras el derrocado mandatario Manuel Zelaya busca desde Nicaragua el apoyo de sus homólogos centroamericanos para recuperar el poder que le usurpó el golpe de Estado.

Zelaya fue derrocado ayer en un golpe de Estado incruento que fue orquestado por la justicia y el Congreso y ejecutado por un grupo de militares que lo deportó a Costa Rica, provocando una condena mundial unánime.

Anoche, los presidentes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) se reunieron en Managua en una cita convocada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en calidad de presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y por su homólogo venezolano Hugo Chávez, impulsor del movimiento.

La improvisada cumbre del ALBA concluyó con el reconocimiento a Zelaya como el presidente legítimo de Honduras. Los mandatarios del bloque que se reunieron en Managua para acordar la estrategia a seguir para reinstalar a Zelaya en el gobierno de su país y le expresaron su solidaridad tras su llegada a Managua procedente de Costa Rica a bordo de un avión de la fuerza Aérea venezolana.

Por su parte, hoy se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York para tratar la crisis y pedir "la restitución de los representantes democráticamente electos".

Desde Estados Unidos, pasando por el Grupo de Río, la Unión Europea, Centroamérica o el ALBA, todos han pedido la restitución de Zelaya en la presidencia de Honduras que ya tiene otro ocupante: el ex presidente del Congreso, Roberto Micheletti, elegido ayer en un acto sorprendentemente rápido para no haber estado planificado de antemano.

De hecho, un funcionario del Congreso leyó una carta con la supuesta renuncia de Zelaya, quien desde San José desmintió tajantemente que hubiera dimitido. "Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido presidente electo por el pueblo", dijo Zelaya.

El golpe, calificado por Micheletti de "proceso absolutamente legal", contemplado según él en la legislación hondureña, puso fin a la determinación de Zelaya de convocar un referéndum para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial, coincidiendo con las elecciones del 29 de noviembre.

En los últimos días, la tensión había alcanzando su máximo nivel, especialmente a raíz de la destitución durante la semana última por parte de Zelaya del director del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, que fue anulada por una decisión de la justicia, mientras el Congreso llegó a barajar la inhabilitación del presidente.

En Managua, el presidente venezolano, Hugo Chávez, propuso "darles una lección a los golpistas de Honduras" y pidió a los gobiernos de América latina que no se queden en declaraciones. "Hay que darles una lección (...) no podemos permitir un retorno al pasado a las cavernas", dijo.

Micheletti, un compañero de las filas de Zelaya en el Partido Liberal, ya ha empezado a anunciar a los primeros miembros de su equipo de gobierno y pidió a todos los funcionarios del ejecutivo de Zelaya que se presenten a trabajar normalmente hoy.

Agencias AFP, EFE, DPA y Reuters

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domingo 28 de junio de 2009

Ponencia del PIP sobre el HR2499 en el Congreso de EEUU

viernes 26 de junio de 2009

A romper el tranque


Rubén Berríos Martínez
Presidente
Partido Independentista Puertorriqueño
 25 de junio de 2009

La experiencia de los últimos 20 años demuestra que el llamado Proyecto Pierluisi (H.R. 2499), si no se enmienda sustancialmente, está destinado al fracaso. El Congreso de Estados Unidos no aprobará ley alguna con una promesa directa o implícita de estadidad para Puerto Rico. Por supuesto, jamás lo admitiría públicamente. Aduciría -como ya lo han hecho varios de sus miembros- a la falta de consenso entre los partidos políticos puertorriqueños.

Pero el Congreso no debe escudarse en que no existe consenso como pretexto para la inacción. Habiendo firmado y ratificado el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos está legalmente obligado bajo el Artículo 1 del Tratado a "promover la realización del derecho a la libre determinación".

El derecho a la libre determinación e independencia es un derecho inalienable del pueblo puertorriqueño y puede ser ejercido aun ante la oposición o indiferencia congresional. No obstante, Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de promover un proceso o proveer un mecanismo para viabilizar el ejercicio de ese derecho.

A su vez, los puertorriqueños, aunque diferimos sobre las alternativas de status, sí podemos acordar un procedimiento para resolver el problema.

Las enmiendas que he propuesto ante el Congreso al H.R. 2499 constituyen una ruta para romper el tranque del status.

Primero, se les preguntaría a los puertorriqueños si desean o no superar su actual status territorial. Y segundo, se les preguntaría en la misma papeleta si prefieren el mecanismo de una Asamblea Constituyente o Constitucional de status o un plebiscito entre alternativas no coloniales y no territoriales. Estaría entonces el Congreso en posición de responder al reclamo de los puertorriqueños, fuera éste producto de un plebiscito local (a propuesta del PNP) o de una Asamblea Constituyente o Constitucional de Status (a propuesta del PPD y el PIP).

Este enfoque tiene una doble virtud.

Provee un procedimiento para que el pueblo, mediante el voto, pueda romper el tranque entre los mecanismos procesales que propulsan los partidos y acaba con la excusa inmovilista de la ausencia de consenso. Nadie debería oponerse a que el pueblo puertorriqueño decida mediante el voto asuntos de tanta importancia.

El Congreso no enfrentará el problema del status si no lo forzamos. Pero el Congreso ya no puede mediante la inacción evitar enfrentarse al problema. De no aprobarse legislación federal, el liderato del PNP ya ha anunciado un plebiscito local. O el Congreso aprueba un proceso racional y justo para resolver el problema, como el que hemos propuesto, o tendrá que lidiar con el resultado de un plebiscito diseñado para que triunfe la estadidad.

Más aún, el Congreso también está sujeto a la presión internacional. Por eso, debe estar consciente que el interés nacional de Estados Unidos, enunciado por su presidente en la Cumbre de las Américas, exige una nueva relación con América Latina y que el problema de Puerto Rico afecta esta relación.

La semana pasada, por iniciativa de nueve (9) países latinoamericanos y caribeños, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por unanimidad una resolución exigiendo de Estados Unidos el cumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras respecto a Puerto Rico, de acuerdo a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Así también lo habían hecho recientemente 33 de los más importantes partidos políticos latinoamericanos de la más amplia diversidad ideológica. Para América Latina, Puerto Rico es un símbolo de las desacreditadas políticas imperiales de Estados Unidos.

En última instancia, el problema colonial de Puerto Rico es y siempre ha sido hasta dónde se extiende la frontera de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Si Estados Unidos aspira a una nueva relación con América Latina, tendrá que enfrentar el problema de status de Puerto Rico, una nación latinoamericana.

Tiene que deslindarse la frontera. ¡O yanquis o latinoamericanos!




Rubén Berríos Martínez: Statement before the Committee on Natural Resources on H.R. 2499 Status Bill for Puerto Rico



Puerto Rican Independence Party

June 24, 2009

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The bill under consideration, as it stands, is unacceptable and destined to failure. The experience of the last 20 years demonstrates that Congress will not enact legislation that directly or indirectly promises statehood to PR, as does HR 2499.

Aversion to statehood for Puerto Rico is the main obstacle to the approval of this legislation, even though few members of Congress would publicly admit it. No one wants to be perceived as antidemocratic or politically incorrect.

Some prominent members of this House have already advanced that there is no consensus among Puerto Rico's political parties as an excuse to stall even the consideration of the measure. But Congress should not point to lack of consensus in Puerto Rico as a pretext for inaction. Having signed and ratified the International Covenant of Civil and Political Rights, the United States is legally bound under Article 1 of the treaty to "promote the realization of the right of self-determination", a basic human right.

The right to self-determination and independence is an inalienable right of the Puerto Rican people, which can be exercised even in the face of congressional indifference or opposition. Nevertheless, the US is under a moral and legal obligation to promote a process or provide a procedural mechanism through which the people of Puerto Rico can exercise this right. It should therefore enact legislation to facilitate a final status solution for Puerto Rico.

Accordingly, I propose that the bill be amended to achieve two goals: first, to facilitate its approval by both the House and the Senate; and second, to accommodate the reasonable demands of Puerto Rican political parties and organizations, so that any opposition would clearly be a mere excuse, not deserving of any serious consideration.

The amendments I propose here today taken as a whole provide a different and more viable approach to Puerto Rico's status problem. First of all, the language contained in the bill regarding the first vote should be amended to clarify the territorial nature of the present status. Secondly, and even more important, simultaneously with this vote, Puerto Ricans should express, in the same ballot, their preference for either a constituent assembly or a plebiscite as the mechanism for expressing their aspirations concerning substantive non territorial options for our future political status. Congress would then be in a position to respond to the status choice to be made by Puerto Ricans in either a constituent assembly (proposed by the PDP and the PIP) or a plebiscite (proposed by the NPP) and to be convened under the laws of Puerto Rico. The second vote in HR 2499 would consequently be eliminated.

This approach takes into account the different procedural mechanisms proposed by Puerto Rico's political parties, provides a mechanism to overcome the existing deadlock through the expression of the popular will, and bypasses the alleged lack of political consensus as a rationalization to stall the process. We may not agree on the substantive status options, but we can surely agree on a method for selecting a procedural mechanism to facilitate the solution to Puerto Rico's status problem.

The pro-statehood New Progressive Party has agreed with the Puerto Rican Independence Party on the desirability of posing the first question to the people regarding the need to revise the present relationship. Even the pro-commonwealth Popular Democratic Party, despite allegations that the first question would be skewed against commonwealth, advocates various modifications to the present arrangement. Regarding the second question on procedural mechanisms, the Puerto Rican Independence Party has long proposed calling for a sovereign constitutional status assembly, elected by the people in the exercise of its inalienable right to self-determination and independence, to choose among non colonial and non territorial alternatives in accordance to international law. The prevailing status option would be ultimately approved or rejected by a direct vote of the Puerto Rican people. The Popular Democratic Party has also endorsed the idea of the constitutional assembly status, albeit of a different nature. The New Progressive Party has advocated the alternative procedural mechanism of a referendum or plebiscite, but agrees with the fundamental concept that all alternatives posed before the people ought to be non colonial and non territorial. There are differences between us, but there is ample common ground for agreement.

No one who claims to respect the will of the people should object to having the people decide whether to continue or not under the present status; or that the people should decide whether the procedural mechanism for deciding on the future status of Puerto Rico should be a constituent or constitutional status assembly, or a referendum. That is precisely what we propose.

We acknowledge the political reality that the U.S. Congress will not act on status unless it has to. But Congress by inaction will not be able to avoid confronting Puerto Rico's status problem. If Congress does not legislate, the pro-statehood leadership has made clear that it will hold a local plebiscite or referendum which we can surely expect will be designed to elicit a result favorable to statehood. Either Congress approves, as we propose, a rational and fair procedural mechanism to solve Puerto Rico's colonial problem, or it allows irrational forces propelled by circumstantial majorities to control the process.

To conclude, let me bring before you an important final consideration. The Puerto Rican colonial problem affects the foreign relations of the U.S. with Latin America. Last week, at the initiative of nine Latin American and Caribbean countries, the United Nations Committee on Decolonization approved a unanimous resolution which requires the U.S. to comply with its decolonizing obligations with respect to Puerto Rico, in accordance with General Assembly Resolution 1514 (XV). Similarly, thirty-three of Latin America's most important political parties representing a wide ideological spectrum, also recently approved a similar resolution.

The national interest of the U.S., as proclaimed by President Barack Obama in the Summit of the Americas two months ago, demands a new relationship with Latin America. For Latin America, Puerto Rico's colonial status is a symbol of outdated and discredited policies. The issue is –and has always been- how far does the Southern border of the U.S. extend into Latin America and the Caribbean. If the U.S. aspires to establish a new relationship with Latin America based on mutual respect and cooperation, it must squarely face and actively contribute to the solution of the colonial problem of Puerto Rico, a Latin American nation.

Thank you.



Rubén Berríos otra vez a Washington por la Independencia


Por ELNUEVODIA.COM
San Juan, Puerto Rico - 22 de junio de 2009

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, presentará ante el Congreso de Estados Unidos la posición oficial de la colectividad sobre el proyecto de status para Puerto Rico.

Rubén Berríos Martínez
Presidente del PIP (Foto Bas)

Berríos Martínez someterá enmiendas a la medida, anticipó el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín.

"El proyecto de la manera que en que está escrito en este momento a nuestro juicio es un proyecto que no va para ningún sitio. Así que esta vista va a ser, en primer lugar, una prueba sobre si hay disponibilidad a la apertura para el cambio, para las enmiendas", dijo Martín en entrevista radial (WKAQ).

"Rubén va a llevar no solamente las objeciones que hemos levantado a este proyecto (sino también) las propuestas de enmiendas concretas que nos hacen pensar a nosotros que pudieran convertir este proyecto en uno viable", agregó Martín.

El PIP argumenta, indicó Martín, que el proyecto presentado por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, contiene una "píldora venenosa" porque tiene una segunda votación que el Congreso estadounidense "nunca" va a aprobar ya que deja entrever el apoyo a la estadidad.

Este miércoles será la primera vista congresional sobre el proyecto, denominado "Democracia para Puerto Rico". El proyecto establece que los puertorriqueños deberán contestar si quieren mantener la presente condición política de estatus o si quieren una relación diferente con Estados Unidos.

Posteriormente, se votaría en un segundo plebiscito para escoger entre tres opciones: estadidad, independencia o asociación soberana.



sábado 20 de junio de 2009

Dalmau exige destitución del Secertario de Desarrollo Económico


Comunicado de prensa
San Juan, Puerto Rico - 19 de junio de 2009

El licenciado Juan Dalmau, Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, le exigió al gobernador Luis Fortuño la destitución del Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico por sus declaraciones de que el sector privado, "se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico y es dueño de este proceso, y nosotros le responderemos a ustedes".

"Le exijo al gobernador la destitución del Secretario de Desarrollo Económico a raíz de sus expresiones incompetentes, político partidistas y serviles a los ricos. Que aclare además el gobernador si él también ya le entregó el país a los intereses privados," exigió el líder independentista.

"Esta no es la primera vez que el Secretario de Desarrollo Económico expresa su incondicional sometimiento a las grandes empresas del capital privado, y su menosprecio por los trabajadores y la clase media asalariada," dijo el también Comisionado Electoral del PIP.

"Esta visión corporativa y antidemocrática de la función del gobierno es contraria a la obligación moral y constitucional de proteger y defender al pueblo en general y, en particular, a los sectores más necesitados. Los dueños de Puerto Rico no son los acomodados de la Milla de Oro, sino los que día a día llevan sobre sus hombros la carga del desarrollo y la producción económica del país, sin mezquindades de clase social.

"Por otro lado, es evidente que el señor Riera utiliza su posición gubernamental para adelantar una agenda política y personal al impulsar un Puerto Rico 'progresista', en obvia referencia al partido de gobierno.

"Así no se gobierna un país. Así se administra un negocio. Y ni el gobernador ni el secretario parecen saber la diferencia," concluyó el líder del PIP.