sábado, 28 de febrero de 2009

CULPABILIDAD COLECTIVA PARA PROTEGER UNA INOCENCIA


 

Jesús Dávila

SAN JUAN, Puerto Rico, 23 de Febrero de 2009 (NCM) – La lucha por salvar de la prisión al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha llegado al extremo de que la defensa levantó dudas sobre si colaboradores suyos evadieron impuestos, lo que motivó que el juez advirtiera al jurado no tomar en cuenta el asunto porque no es pertinente al caso.

 

La escena, sin embargo, quedó empequeñecida ante el testimonio de la primer testigo de la fiscalía, que ubicó a Acevedo Vilá en una de las reuniones de la alegada conspiración sin que el contra interrogatorio intenso de la defensa pudiera impugnarla, aunque sí logró que la ejecutiva de publicidad que declaraba bajo inmunidad dijera no saber si el líder político estaba al tanto de lo que pasaba.

 

La reunión, según la testigo, fue para decidir qué hacer con la deuda millonaria que había contraído el comité de Acevedo Vilá con la agencia publicitaria.

 

Peor suerte lleva hasta ahora Luisa Inclán, ayudante de Acevedo Vilá, de quien la testigo indicó que le informó telefónicamente que 50 mil dólares recaudados en efectivos serían acreditados a una cuenta secreta de la agencia de publicidad Lopito Ileana & Howie (LIH), en lo que se sostuvo a pesar de los intentos de la defensa. En la referida cuenta se asignaron millones de dólares para esconderlos de las autoridades electorales de Puerto Rico y Estados Unidos, según declaraciones y documentos presentados por Noemí Díaz, socia capitalista de la agencia publicitaria.

 

El testimonio de Díaz, durante el viernes y el lunes, fue devastador no solamente para el caso de corrupción contra Inclán y Acevedo Vilá, sino para la institucionalidad política. A preguntas de la fiscal María Domínguez relató que LIH utilizó el esquema de esconder y blanquear donativos ilegales por millones de dólares en contiendas electorales en 1996, 1999, 2000 y 2004, además de para la causa autonomista en los plebiscitos sobre la condición colonial de Puerto Rico de 1993 y 1998.

 

Además de Acevedo Vilá, el mecanismo ilegal se habría usado en campañas lideradas por Miguel Hernández Agosto, la ex gobernadora Sila María Calderón y el derrotado aspirante a la alcaldía capitalina y ahora senador Eduardo Bhatia. Además, la testigo proveyó listas de empresarios involucrados y de funcionarios del Partido Popular que ayudaron a montar el ardid.

 

La defensa se anotó, empero, un punto importante en el contra interrogatorio del lunes al traer a la atención que por lo menos uno de los documentos de la prueba de cargo no era de los archivos de la empresa publicitaria sino que fue preparado para la fiscalía por Díaz, como una especie de resumen de información sobre cuentas y donantes secretos.

 

De todos, el caso más documentado hasta ahora por la fiscalía a través de la testigo Díaz es el del empresario Edwin Santana, quien habría hecho donativos ilegales por un cuarto de millón de dólares para garantizar la protección del Gobierno de sus negocios frente a sus competidores en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

 

Durante el contra interrogatorio y como la testigo dijera que los 50 mil dólares en efectivos aportados por Santana en diciembre de 2006 fueron repartidos como "dividendos" entre varios de los dueños de una subsidiaria de LIH, el abogado defensor Harry Anduze preguntó si habían rendido la declaración de impuestos correspondiente por ese dinero. El asunto motivo protestas de la fiscalía y, en un turno de refutación, la fiscal Domínguez volvió a preguntar sobre el tema, ante lo cual el juez optó por ordenarle al jurado que dejara fuera todo el incidente por no tener nada que ver con el cargo de conspirar para evadir impuestos federales que también pesa contra Acevedo Vilá

 

Para el sector del PPD que se mantiene leal a Acevedo Vilá, son prueba exculpatoria las revelaciones del viernes sobre el uso del esquema en otras campañas del PPD y el hecho de que la primera testigo de cargo admitiera el vienes no saber cuánto conocía el líder autonomista. En la otra cara, para el ahora oficialista Partido Nuevo Progresista –objeto de escarnio público por los casos de corrupción que llevaron muchos de sus líderes a la cárcel- todo este desarrollo viene a ser como un ajuste de cuentas.

 

Acevedo Vilá, que en 2004 le echaba en cara a su contrincante el ex gobernador Pedro Rosselló que "sabía o era un inepto", ahora le ha tocado levantar la defensa de la ignorancia para defenderse de las imputaciones que incluyen además conspiración para violar las leyes electorales de EEUU, lavado de dinero y fraude electrónico para privar al pueblo de los servicios honestos del Gobierno.

 

La fiscalía de distrito de EEUU, mientras tanto, sigue presentando su caso según su propio itinerario y casi al final de la jornada del lunes presentó su segundo testigo, el asistente del consejero general de la división de cumplimiento de la ley de la Comisión Federal de Elecciones, Mark Shonkwiler. El funcionario enviado desde Washington comenzó a explicar a los jurados la legalidad federal estadounidense sobre donativos electorales y, en particular, cómo para pedir el procesamiento criminal de un político se requiere el consenso de los comisionados que representan tanto al Partido Republicano como al Demócrata.

 

El testimonio, que apenas comienza, amenaza desde el inicio por echar al suelo otro de los argumentos esgrimidos por los seguidores de Acevedo Vilá en la tribuna pública en el sentido de que su caso es uno de persecución por parte de los republicanos de EEUU por ser él un líder afiliado a los demócratas.

 



viernes, 20 de febrero de 2009

Nefasto para los pequeños comerciantes y los trabajadores eliminación de la Ley de Cierre


Comunicado
San Juan, Puerto Rico - 19 de febrero de 2009

Dr. Edwin Irizarry Mora

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por voz de su secretario de asuntos económicos y ex candidato a la gobernación, el doctor Edwin Irizarry Mora, manifestó hoy su más enérgica oposición a la derogación de la Ley de Cierre, ya que con ello se explotaría a la clase trabajadora y al pequeño propietario en aras de maximizar ganancias, independientemente de los impactos o consecuencias sociales que ello acarree. "Por esa razón el PIP siempre se ha mantenido firme en su defensa de la Ley de Cierre, como un mecanismo para hacer justicia a quienes laboran durante toda la semana y reclaman un día de descanso, tanto para compartir con la familia como para el recogimiento espiritual", puntualizó.

Aseguró que desde que la Ley de Cierre fue promulgada en 1989 los sectores que representan a las grandes cadenas de tiendas han presionado para que se deroguen las secciones del estatuto que les han impedido desde entonces operar sin restricciones de horario.

"Los Proyectos de la Cámara 526 y 210 abren la posibilidad para que, en primer lugar, se permita la apertura a prácticamente cualquiera establecimiento comercial los domingos entre las 12:00 del mediodía hasta las 12:00 de la medianoche. Además, para cualificar como negocio exento de cumplir son la Ley de Cierre, se aumenta el número de empleados por establecimiento de 15 a 25, lo que obviamente favorece a las grandes tiendas por departamento", manifestó.

En el caso del segundo proyecto de ley –P. de la C. 210- Irizarry Mora indicó que pretende eximir a los cascos urbanos de la cobertura de la Ley de Cierre, de suerte que no sólo las tiendas por departamento de gran tamaño abran sus puertas sin restricciones, sino que, como consecuencia, se obligaría a los pequeños y medianos comercios a abrir sus puertas, para evitar perder clientes que de otra manera acudirían a comprar los días en semana.

"Todo este embeleco surge, como era de esperarse, de la visión equivocada de los legisladores del PNP y del PPD que sostienen que la economía puertorriqueña se recuperará si los establecimientos comerciales abren más horas. Sin embargo, no existe evidencia de que una cosa esté atada a la otra. Por el contrario, como ha manifestado el Presidente del Centro Unido de Detallistas, son las grandes tiendas las que, al emplear personal a tiempo parcial y no estar obligadas a pagas beneficios marginales, pueden hacer los arreglos en horario, de suerte que se beneficiarían enormemente con las enmiendas propuestas a la ley. Los estudios recurrentes del CUD confirman que si se liberan las disposiciones de la Ley de Cierre –como proponen el P de la C 526 y el P de la C 210—el efecto será un aumento drástico en las quiebras de pequeños y medianos negocios", advirtió.

Finalmente, expresó que "no debe perderse de perspectiva que en la dinámica del "capitalismo salvaje", sobre la cual se sostienen los argumentos a favor de la derogación de la Ley de Cierre, los valores familiares y las tradiciones de los pueblos pesan muy poco, si acaso tienen alguna importancia".


martes, 10 de febrero de 2009

Nueva apuesta por el comercio justo y solidario



 

Por Rosiris A. Ramos Meléndez
Prensa Comunitaria

 

En Puerto Rico actualmente sólo existe una tienda de comercio justo que se ubica en Río Piedras y que tiene por nombre La Chiwinha, donde se en­cuentran productos de comercio justo de diversos países del extranjero.


La iniciativa de la Chiwinha se da en el contexto en que abaratar los costos y aumentar las ganancias parecen ser la máxima de la mayoría de las corporaciones del planeta con el auge de la globalización del mercado. Productores, procesadores y vendedores buscan lograr dicho objetivo con el fin de posicionar su producto de manera más atractiva para los últimos en la cadena del intercambio: los consumidores. Obviamente, en el largo trayecto que recorre un producto a través de tantos intermediarios para llegar a su destino final, quienes se llevan la peor parte son los productores. La filosofía del comercio justo, en cam­bio, busca invertir este proceso.

 

El modelo alternativo que trae el comercio jus­to o, en inglés, el "FairTrade", propone beneficiar principalmente a los productores y su estructura de funcionamiento se basa precisamente en las relaciones con las organizaciones manufacture­ras, que por lo regular están constituidas como cooperativas. Para ello, se crearon una serie de estándares que se desglosan a continuación.

 

  • Se trata de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
  • Los compradores por lo regular, pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras fuentes de financiamiento.
  • Se establece un pago mínimo por el producto para que con las fluctuaciones de valor en el mercado el productor no se perjudique y pueda tener una vida digna, al tiempo que se le ofrezcan precios justos al consumidor.
  • Establecer relaciones transparentes y duraderas con las cooperativas productoras, entre otras.

 

Además, el movimiento de comercio justo garantiza, la protección de los derechos fundamentales de las personas respetando la igualdad de género y condenando la explotación infantil, el uso sostenible de las materias primas y los procesos ami­gables con el medio ambiente. Así también, se ofrecen capacitaciones a los productores y parte de los dividendos que generan van a parar al de­sarrollo de escuelas, hospitales y otras estructu­ras para beneficio y uso de la comunidad.

 

Estas medidas que forman parte de la filosofía del movimiento del comercio justo, proveen las herramientas y las alternativas para un desarro­llo económico y social que ayude a aliviar la des­igualdad social y a reducir la brecha entre ricos y pobres.

 

Puerto Rico, por ser territorio de los Estados Unidos, no es considerado un país del tercer mundo; por ello, los potenciales productores en la Isla no cuentan con la estructura necesaria para ser certificados bajo el movimiento. Joel Franqui, creador y propietario del establecimiento, dijo estar espe­ranzado en que se sumen más personas a esta alternativa de mercado en la Isla y que las condi­ciones se presten para algún día lograr la certifica­ción. "Mi visión es que aquí se pueda formar una red puertorriqueña de comercio justo y que po­damos trabajar en alianza con organizaciones por las comunidades más necesitadas", sentenció. Mientras tanto, en La Chiwinha se continuará co­merciando con otros productos bajo este esque­ma socialmente responsable y comprometido


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* Tomado del periódico Puerto Rico Cooperativista, Edición de enero de 2009


Down City






ACÁ ENTRE NOS

Down City

NANNY TORRES
REPRESENTANTE DEL LECTOR

El Nuevo Día/domingo 8 enero 2009

Llama la atención la gran capacidad que tiene la clase política en Puerto Rico de trivializar, y tribalizar también, los asuntos serios. Asuntos o cosas que pueden ser para quien nos visita una oferta seria con relación a nuestra cultura, estructuras históricas o centros de recreación, se convierten, en boca de los políticos, en una oferta puramente pintoresca; que no ofrece nada importante, como es el caso de la flamante alcaldesa de Guayama, Glorimari Jaime. Es el caso de su genial "proyecto" de convertir la "ciudad bruja", Guayama, en un pueblo turístico cuya "atracción" sean los nombres en inglés.

Si el objetivo es atraer al turista latinoamericano, de entrada el plan es un fracaso, porque es un turista que no es atrapable simplemente con una traducción. Si por el contrario, la brillante idea es para despertar el interés del mercado europeo, lo dudo, toda vez que es precisamente Gran Bretaña y su idioma shakesperiano el "patito feo" de aquella región...

Y si el objetivo es atraer al turista estadounidense, pues con más razón le auguro el fracaso, pues no representa nada nuevo para unos ciudadanos que viven madrugada, mañana, tarde y noche en un "d ow n t ow n " y en una "main street". Además, no creo que los atraiga el que en Guayama haya un "Go vernment Center Building". Hello! La estupidez no puede ser obra de gobierno. Si Guayama o cualquier pueblo quiere atraer turismo y transformar su economía a una de servicio enfocada en ese aspecto, más que nombrar en inglés sus calles y avenidas, debe asegurarse de preservar y vender el atractivo de sus recursos naturales.

Además, debe garantizar a ese turismo seguridad, limpieza y organización.

En general, tiene que desarrollar y ofrecer un servicio de calidad y una actitud de servicio. Que el mofongo de jueyes sea delicioso, pero también que quien lo sirva lo haga con cortesía.

Estamos en Puerto Rico. Ofrezcamos al turista algo distinto de lo que tiene en su país. Y eso distinto, somos nosotros. No caricaturas de algo que sencillamente no somos.




EX GOBERNADOR AUTONOMISTA SE ENFRENTA A LA HISTORIA




 

EX GOBERNADOR AUTONOMISTA SE ENFRENTA A LA HISTORIA

 

Jesús Dávila

SAN JUAN, Puerto Rico, 8 de Febrero de 2009 (NCM) – El "día en corte" para el ex gobernador autonomista Aníbal Acevedo Vilá –proceso que puede durar meses- le ha colocado en un círculo muy exclusivo al ser el 12mo imputado de corrupción entre los 173 gobernadores de esta nación caribeña y colonia estadounidense desde 1898.

 

Su caso en particular se remonta a 1985, cuando provocó un escándalo la revelación de que la agencia publicitaria Joe Franco y Asociados había lavado cientos de miles de dólares para el Partido Nuevo Progresista, cosa que motivó que el entonces estudiante de derecho Acevedo Vilá hiciera un análisis pericial en el que concluyó que era un crimen contra la democracia pero virtualmente imposible de capturar a los ofensores.

 

Ahora tiene contradictoriamente la oportunidad de que se determine la corrección de su teoría de que era el crimen perfecto, pues tras escalar las posiciones más altas en su Partido Popular Democrático, llegar a Comisionado Residente en Washington y a Gobernador, Acevedo Vilá está ahora acusado de haber montado una pandilla que se alega incurrió en un esquema similar de corrupción. Ya la mayoría de los conspiradores se ha declarado culpable y varios de ellos figuran como testigos de cargo, pero el ex gobernador asegura que es inocente y ha alegado públicamente que es víctima de persecución por parte de lo la fiscalía de los Estados Unidos.

 

Si logra convencer al jurado en el Tribunal de Distrito de EEUU, podría pasar a convertirse en el primer gobernador de Puerto Rico que se certifica ha sido perseguido judicialmente por el Gobierno de Washington. Por el momento, su caso es uno vulgar de corrupción, como los ha habido a lo largo de los cinco siglos de historia colonial de Puerto Rico y que no han estado exentos de aspectos políticos e intrigas palaciegas.

 

Ese lado oscuro de la historia de los puertorriqueños es poco difundido, por lo cual para la mayoría de los isleños de esta generación se trata de un asunto sin precedentes.

 

El primer imputado de corrupción, a principios del Siglo XVI fue el propio primer gobernador español de Puerto Rico, Juan Ponce de León, quien resultó absuelto en el juicio de instancia en lo tocante a su desempeño oficial, pero se le encontró culpable de malos manejos en la administración de los dineros del Rey en una granja que tenía a su cargo. Ponce de León logró establecer en apelación que todo había sido una patraña montada por su rival Sancho Velázquez, quien pocos años después terminó acusado también de corrupto, pero a ese sí le probaron los cargos.

 

A Velásquez se le encontró culpable de parcialidad en el manejo de la justicia, de ser un jugador de naipes, propiciar los juegos de azar, permitir amancebamientos y, sobre todo, "aceptar banquetes para su persona" a cambio de tales favores.  

 

En ese mismo siglo XVI fue juzgado por corrupción Pedro Moreno, pero el asunto se zanjó con una multa menor que tuvo que pagar su viuda.

 

El caso más grande de gobernadores corruptos hasta entonces se produjo en el siglo XVII cuando se descubrió que el gobernador Juan de Haro, héroe de la defensa de la colonia ante el ataque de los holandeses, realizaba tratos ilícitos con comerciantes, se apropiaba de la pólvora de los cuarteles para sacarles provecho personal y había robado parte del "situado mexicano", que era el subsidio que enviaba la Corona para aliviar la miseria de los habitantes y pagar el Gobierno. El proceso fue particularmente dramático pues el Gobernador, que fue puesto bajo arresto en la propia Fortaleza, había ocultando el botín en las casas de los cómplices, por lo que se recurrió a la tortura para lograr confesiones.

 

Algunos años después, el Gobernador Gaspar Martínez de Andino fue encarcelado en el Castillo de San Felipe del Morro por cargos de estar involucrado en el contrabando.

 

El tema del contrabando siguió y en el siguiente siglo XVIII fue sentenciado por ese negocio ilícito el gobernador Matías de Abadía.

 

El siglo XIX tuvo también su cuota de casos de corrupción palaciega y en 1757 la Comisión Regia enviada por la Corona destituyó de manera fulminante al gobernador Miguel López de Baños ante acusaciones de que se había enriquecido mediante tratos con esclavistas y manejos administrativos turbios.

 

Ya bajo la dominación de EEUU, en el siglo veinte, el gobernador interino José E. Benedicto fue acusado por un Gran Jurado Federal de cargos de corrupción. Pero, Benedicto resultó absuelto en el proceso.

 

Años después, las autoridades abrieron una investigación por presunta corrupción contra el gobernador Emmet Montgomery Reily, quien optó por renunciar al cargo y poner así fin al asunto. Un caso similar, aunque con un proceso distinto, fue el de Blanton Winship, destituido administrativamente en 1939 por el presidente Franklin Delano Roosevelt, luego de que se presentaran denuncias en su contra por violación a los derechos civiles y corrupción.

 

En ese último caso, uno de los principales testigos de cargo fue el pintor Rockwell Kent, quien le informó a Roosevelt haber presenciado cómo Winship manipuló la composición del jurado para lograr un veredicto condenatorio contra el líder nacionalista Pedro Albizu Campos.

 

En este nuevo siglo, ya bajo el gobierno de Acevedo Vilá, el Departamento de Justicia de Puerto Rico intentó acusar al ex gobernador anexionista Pedro Rosselló de haber robado una pensión extraordinaria a la cual no tenía derecho. Pero, dos jueces de instancia determinaron que ni siquiera había causa para arrestar a Rosselló, mucho menos para juzgarle.

 

Hoy, a punto de cumplirse 70 años del caso de Winship, el turno le toca a Acevedo Vilá, imputado formalmente de un caso de conspiración contra la Comisión Federal de Elecciones (FEC), otro de corrupción contra el Servicio de Rentas Internas de EEUU, dos de rendir informes falsos al FEC, un cargo de lavado de dinero y cuatro de fraude electrónico para privar a los ciudadanos de los servicios honestos del Gobierno.

 




martes, 3 de febrero de 2009

El PNP y el inglés


Ana Lydia Vega
Escritora
3 de febrero de 2009

Cuando el Partido Nuevo Progresista gana las elecciones, cunde el pánico entre los derrotados. Aun respaldado por el voto mayoritario, su triunfo es percibido por la disidencia como un golpe de estado institucional. Cualquiera diría que ha llegado el fin del mundo o el resurgimiento de la barbarie. Y uno se pregunta la razón del sobresalto general.

No es que el PNP se distinga tantísimo de su principal competidor. El reemplazo de batatas, la redistribución del guiso y el incumplimiento de promesas son ya secuelas rutinarias del relevo partidista. Tal vez lo que resulta antipático es esa política de tábula rasa que pretende borrar de un gomazo todo pasado inoportuno. Empezar en cero y reinventar la rueda son las consignas que procuran acelerar el advenimiento de la verdadera y definitiva "unión permanente".

Como partido que predica el ambiguo credo de la descolonización por la vía de la asimilación, el PNP ha mantenido una incómoda convivencia con la cultura puertorriqueña. Por un lado, invoca la peregrina teoría de "la estadidad jíbara", según la cual la anexión a los Estados Unidos sería perfectamente compatible con las costumbres criollas. Y por otro, impulsa medidas drásticas que desmienten la idílica tesis de una incorporación indolora al sistema americano.

Esa duplicidad amenaza con quebrar la falsa armonía del actual estatus, construido sobre el disimulo de los antagonismos ideológicos. Haciendo gala de una audacia que los distancia de sus tímidos adversarios, los estadistas alborotan el gallinero con su diplomacia de mollero y se tiran de pecho en las aguas turbias de la contradicción.

El día mismo del copo electoral de su partido, nuestro flamante Comisionado Residente en Washington proclamaba a voz en cuello que la cultura puertorriqueña no era negociable. No había transcurrido un mes desde la inauguración oficial de su jefe máximo cuando ya volvían a soplar ventarrones asimilistas en la cúpula del PNP.

Que si Guayama City, que si la educación bilingüe, que si una lengua preferencial… Parece que las lecciones de la historia reciente no han calado demasiado hondo en el liderato de la palma. Durante la primera mitad del siglo veinte, la imposición cañonera del inglés como vehículo central de instrucción pública no despertó más que resentimientos y rebeldías.

Desde entonces, todo intento abierto o solapado de ajocicarnos "el difícil" por ojos, boca y nariz se ha estrellado contra un muro invisible de resistencia. Ésa fue la suerte del ingratamente recordado proyecto para la fabricación del "ciudadano bilingüe", aportación suprema de un funcionario justamente olvidado.

Pero los fracasos del ayer no desalientan a los tercos promotores del inglés a la trágala. Mientras su metrópoli adorada se ve forzada a reconocer la coexistencia inquieta del español, ellos se emperran en la doctrina patética del "English First". ¿Sabrán que el aprendizaje exitoso de un idioma extranjero requiere el dominio previo de la lengua materna?

La enseñanza necesaria del español y del inglés se ha visto torpedeada por los juegos electoreros de nuestros gobernantes. Los mitos generados por la dependencia han invertido valores y deformado realidades. Así, el español sería la tara ancestral que nos condena a la vulgaridad y el atraso. El inglés constituiría el milagroso instrumento de nuestro ascenso a la elegancia y el progreso. ¡Como si sólo la alquimia lingüística garantizara el ingreso al exclusivo club de los privilegiados de la tierra!

El servilismo imitativo apodado "pitiyanquismo" - actitud que no es privativa del PNP – ha estimulado y a la vez limitado el crecimiento del anexionismo. Atrae a los que anhelan travestirse de americanos para superar el déficit de autoestima producido por la deseducación colonial. Repele a los que aspiran a la conquista de unos derechos políticos y económicos, pero no están dispuestos a las transacciones desiguales.

Mi padre, Virgilio Vega, era estadista. Nació y creció en la miseria. Asociaba toda mejora lograda en el país a los buenos oficios del gobierno federal. Por haber trabajado duro desde la infancia, no pudo ir a la escuela. Autodidacta entusiasta, vivía rodeado de libros y escribía finas décimas en un español impecable.

Aunque la vida nos marcó caminos divergentes, tengo una admiración inmensa por aquel jíbaro emprendedor del barrio Pulguillas de Coamo. Sus posturas jamás lo alejaron de sus querencias. Hoy quisiera pensar que hay muchos como él, puertorriqueños sensatos y seguros, firmes en el aprecio de su cultura nacional.

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"Podemos decir que tenemos un ideal solamente cuando hacemos un esfuerzo por realizarlo." - Gandhi
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