| El potencial del cooperativismo | E DW I N I R I ZA R RY M O RA
EX CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN POR EL PIP
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| El cooperativismo puertorriqueño posee un potencial enorme para sacar al país de la crisis económica en que se encuentra. Mucho antes de que la economía de Puerto Rico entrara en recesión en marzo de 2006, varios portavoces del sector cooperativo propusieron ampliar el marco jurídico-legal dentro del cual operan estas instituciones para que comenzaran a financiar actividades productivas adicionales a las que hasta ahora se les permite. Ciertamente resta camino que recorrer para que el cooperativismo se convierta en actor protagónico de nuestro futuro económico.
Creo pertinente destacar que, además de los sectores de ahorro y crédito y de seguros, el cooperativismo promueve varias actividades adicionales en nuestra vida cotidiana: vivienda, transporte, agricultura, manufactura, farmacias, servicios profesionales, servicios recreativos o de entretenimiento, así como empresas de consumo, comerciales y mixtas. Durante los meses más recientes se han organizado cooperativas para servicios integrales (entre ellos psicólogos sociales y abogados), un centro de salud dirigido a gestar servicios para mujeres y niños, optómetras y centros de cuido para personas de edad avanzada.
Los datos sobre el avance del cooperativismo son sorprendentes: al culminar el tercer trimestre del año en curso, las cooperativas de ahorro y crédito poseían más de $7,000 millones en activos, cerca de 840,000 socios y por encima de 2,800 empleados. Si a esas cifras añadimos las del resto de las cooperativas activas en otros sectores de nuestra economía, el total de activos supera los $8,500 millones, el total de socios los 930,000 y el número de puestos de trabajo los 6,300. En síntesis, al presente operan en Puerto Rico casi 400 empresas cooperativas.
La expansión del cooperativismo de ahorro y crédito, aun durante los años de la recesión más prolongada de la época moderna, contrasta con la dramática caída en los indicadores de la banca comercial. Más de una cuarta parte de los activos de las cooperativas constituyen capital de los socios, mientras en los bancos los accionistas poseen sólo alrededor del siete por ciento de su enorme caudal de activos. Mientras el valor de las acciones bancarias se redujo en más de $23,500 millones desde el año 2005 hasta el presente, en el caso de las cooperativas las acciones de los socios-dueños han ganado valor tanto en términos absolutos como relativos.
En otras palabras, la actividad cooperativista ha resistido el embate de la crisis económica y ha creado ingresos y riqueza para sus socios en los tiempos más difíciles.
Pero lo que más contrasta del cooperativismo con otras formas de organización industrial es que los propietarios de estas empresas son hombres y mujeres de todos los sectores sociales, especialmente asalariados, gente trabajadora y de clase media. Se trata, por lo tanto, de capital puertorriqueño puesto al servicio de los intereses de las grandes mayorías. Ésa es la particularidad que ha permitido que en otros países del orbe el cooperativismo ocupe un sitial prominente dentro de prácticamente todas las actividades humanas.
No debería haber restricción alguna para que en Puerto Rico se organicen empresas cooperativas en todos los sectores de nuestra economía. Deberían eliminarse las objeciones para que los activos del movimiento cooperativo impacten de forma directa todas las actividades productivas que la banca comercial no está dispuesta a financiar, mucho menos después que culmine la crisis financiera global. Constituiría un paso enorme desde todo punto de vista que las comunidades pobres, los pequeños empresarios de la agricultura, del comercio y de la manufactura, entre otros, tuviesen el respaldo absoluto del andamiaje institucional para que se organicen como empresas cooperativas y creen los eslabonamientos con el sector de ahorro y crédito, de seguros y de otros servicios fundamentales.
El escenario propuesto no es una quimera. Es, a mi juicio, uno de los elementos esenciales para sacar a Puerto Rico de su crisis económica estructural y para encaminarnos hacia el desarrollo autosostenido y la superación de la dependencia.
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