Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico, 30 de abril de 2010 (NCM) – Una fotografía que muestra oficiales de la Policía nacional en el interior del campus principal de la estatal Universidad de Puerto Rico afecta la credibilidad del Gobierno, que declaró bajo juramento ante el tribunal que no está usando las fuerzas policiales para combatir la huelga estudiantil que en poco más de una semana se ha extendido por todo el país.
La aparición de la fotografía, obtenida por NCM Noticias, es el más reciente de los episodios de la huelga, en la que el movimiento estudiantil ha mostrado una capacidad inusitada para sobrepasar con éxito las acciones gubernamentales con una sofisticación tecnológica que incluye hasta la operación de su propia estación radial y restablecer por su cuenta el acceso a la red cibernética cuando la UPR les cortó el servicio.
Los estudiantes mantienen tomados –con campamentos y en algunos casos barricadas- los tres recintos metropolitanos de de Río Piedras, Carolina y Bayamón, así como los de las ciudades de Ponce, Mayagüez, Humacao y Arecibo, junto con el recinto de la montaña en Utuado. En Cayey el movimiento fue desatado por el profesorado y sólo han quedado fuera los recintos de Aguadilla y Ciencias Médicas.
La huelga universitaria viene a ser la confrontación más grave y prolongada que enfrenta el Gobierno, que ha declarado a la educación superior un "privilegio" demasiado costoso para las arcas públicas. A pesar de que la UPR debe recibir un porciento fijo de las rentas del Estado, se le ha excluido de recibir la porción que le correspondería de los nuevos impuestos mientras se le ha endeudado con construcciones y obras de grandes proporciones, algunas de las cuales han pasado a manos privadas, lo que ha creado una situación deficitaria de cientos de millones que se busca atajar con posibles aumentos en el costo de matrícula, reducción de exenciones de pago para estudiantes y otras medidas de austeridad fiscal.
La queja de los universitarios no es nueva y ya en 2005 se desató una huelga, que fue combatida por el Gobierno promoviendo la promoción desde el Palacio de Santa Catalina de un contra movimiento de estudiantes opuestos a la huelga. En aquella ocasión, el funcionario a cargo de la estrategia explicó en privado a los periodistas que no veía razón para sufragar con los impuestos que pagaba la educación superior del hijo de su vecino.
En aquella ocasión, Puerto Rico estaba bajo fuego de una entidad acreditadora de Estados Unidos que reclamaba era impropio que este país caribeño y colonia estadounidense desde 1898 sufrague con dinero público la educación superior casi en su totalidad. En esos años, se contrató una firma consultora estadounidense vinculada al Departamento de la Defensa y al concepto de "industria de las universidades" mientras el Colegio de Contadores Públicos Autorizados recomendó que se desmembrara el sistema y se abriera paso a privatizarlo por pedazos.
Esta vez, sin embargo, las gestiones para descarrilar a los estudiantes no han sido tan exitosas y el Gobierno se ha topado con una tormenta perfecta en la que todos los elementos parecen combinarse para mantener la ofensiva estudiantil, que exige una salida negociada a la crisis.
El intento del descarrilamiento mediante la división del estudiantado quedó humillado esta semana cuando apenas un puñado se presentó a las inmediaciones del campus de Río Piedras y canceló la manifestación convocada. Peor aún, el rector interino de Bayamón, Arturo Avilés, organizó un referéndum controlado para evitar la huelga y aunque lo ganó 300 a 83, ni siquiera se atrevió hacer públicos los resultados ese día cuando el Consejo General de Estudiantes logró reunir cerca de 1,500 asistentes a la asamblea que decretó el paro.
El costoso adiestramiento de una unidad de choque de la guardia universitaria, con capacidad para el uso de armas químicas, resultó en una derrota igualmente humillante en la madrugada del 21 de los corrientes. La unidad enfrentó una masa estudiantil por el control de un portón estratégico en Río Piedras y los 19 efectivos que participaron resultaron todos lesionados hasta con gas pimienta. Después de eso, la toma de los portones por parte de los estudiantes no encontró resistencia y la rectora interina Ana Guadalupe le dijo al tribunal que su motivo principal para decretar el cierre del centro docente fue que "perdimos el control de los portones".
La rectora Guadalupe tomó la decisión a media mañana luego de que ni uno solo de los casi 20,000 estudiantes se presentó a clases el primer día del paro.
Su intento de lograr un interdicto rápido que viabilice el uso de la fuerza anti motines de la Policía nacional para romper la huelga y recuperar el control del recinto, se topó con el problema de que la orden de que los estudiantes se abstuvieran de impedir la entrada de gente al campus no se ha podido poner en vigor porque no son ellos, sino los policías los que no permiten que persona alguna entre por el portón principal de la UPR. Los estudiantes contrademandaron y lograron que el tribunal ordenase a la rectora poner fin al cierre institucional en defensa de que la UPR está consagrada como foro público para el debate libre de ideas y la libertad de asociación.
A la hora del cierre se aguardaba por una decisión del juez José Negrón Fernández sobre el recurso que permitiría a la UPR usar finalmente la fuerza.
Entretanto, el apoyo a la huelga crece y en un maratónico concierto al que asistieron varios miles frente al campus de Río Piedras, se recibieron mensajes de apoyo de artistas como Calle 13, Ricky Martin y Juanes. De igual forma, ha puesto sobre la palestra la fuerza de grupos políticos como la Organización Socialista Internacional, el Movimiento al Socialismo, el Partido Independentista Puertorriqueño y la Federación de Universitarios Pro Independencia.
Hasta ahora, sin embargo, el movimiento estudiantil no ha servido de detonante para desatar la huelga general que buscan grupos sindicales y sociales, así como de la oposición política.
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