Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico, 23 de Febrero de 2009 (NCM) – La lucha por salvar de la prisión al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha llegado al extremo de que la defensa levantó dudas sobre si colaboradores suyos evadieron impuestos, lo que motivó que el juez advirtiera al jurado no tomar en cuenta el asunto porque no es pertinente al caso.
La escena, sin embargo, quedó empequeñecida ante el testimonio de la primer testigo de la fiscalía, que ubicó a Acevedo Vilá en una de las reuniones de la alegada conspiración sin que el contra interrogatorio intenso de la defensa pudiera impugnarla, aunque sí logró que la ejecutiva de publicidad que declaraba bajo inmunidad dijera no saber si el líder político estaba al tanto de lo que pasaba.
La reunión, según la testigo, fue para decidir qué hacer con la deuda millonaria que había contraído el comité de Acevedo Vilá con la agencia publicitaria.
Peor suerte lleva hasta ahora Luisa Inclán, ayudante de Acevedo Vilá, de quien la testigo indicó que le informó telefónicamente que 50 mil dólares recaudados en efectivos serían acreditados a una cuenta secreta de la agencia de publicidad Lopito Ileana & Howie (LIH), en lo que se sostuvo a pesar de los intentos de la defensa. En la referida cuenta se asignaron millones de dólares para esconderlos de las autoridades electorales de Puerto Rico y Estados Unidos, según declaraciones y documentos presentados por Noemí Díaz, socia capitalista de la agencia publicitaria.
El testimonio de Díaz, durante el viernes y el lunes, fue devastador no solamente para el caso de corrupción contra Inclán y Acevedo Vilá, sino para la institucionalidad política. A preguntas de la fiscal María Domínguez relató que LIH utilizó el esquema de esconder y blanquear donativos ilegales por millones de dólares en contiendas electorales en 1996, 1999, 2000 y 2004, además de para la causa autonomista en los plebiscitos sobre la condición colonial de Puerto Rico de 1993 y 1998.
Además de Acevedo Vilá, el mecanismo ilegal se habría usado en campañas lideradas por Miguel Hernández Agosto, la ex gobernadora Sila María Calderón y el derrotado aspirante a la alcaldía capitalina y ahora senador Eduardo Bhatia. Además, la testigo proveyó listas de empresarios involucrados y de funcionarios del Partido Popular que ayudaron a montar el ardid.
La defensa se anotó, empero, un punto importante en el contra interrogatorio del lunes al traer a la atención que por lo menos uno de los documentos de la prueba de cargo no era de los archivos de la empresa publicitaria sino que fue preparado para la fiscalía por Díaz, como una especie de resumen de información sobre cuentas y donantes secretos.
De todos, el caso más documentado hasta ahora por la fiscalía a través de la testigo Díaz es el del empresario Edwin Santana, quien habría hecho donativos ilegales por un cuarto de millón de dólares para garantizar la protección del Gobierno de sus negocios frente a sus competidores en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Durante el contra interrogatorio y como la testigo dijera que los 50 mil dólares en efectivos aportados por Santana en diciembre de 2006 fueron repartidos como "dividendos" entre varios de los dueños de una subsidiaria de LIH, el abogado defensor Harry Anduze preguntó si habían rendido la declaración de impuestos correspondiente por ese dinero. El asunto motivo protestas de la fiscalía y, en un turno de refutación, la fiscal Domínguez volvió a preguntar sobre el tema, ante lo cual el juez optó por ordenarle al jurado que dejara fuera todo el incidente por no tener nada que ver con el cargo de conspirar para evadir impuestos federales que también pesa contra Acevedo Vilá
Para el sector del PPD que se mantiene leal a Acevedo Vilá, son prueba exculpatoria las revelaciones del viernes sobre el uso del esquema en otras campañas del PPD y el hecho de que la primera testigo de cargo admitiera el vienes no saber cuánto conocía el líder autonomista. En la otra cara, para el ahora oficialista Partido Nuevo Progresista –objeto de escarnio público por los casos de corrupción que llevaron muchos de sus líderes a la cárcel- todo este desarrollo viene a ser como un ajuste de cuentas.
Acevedo Vilá, que en 2004 le echaba en cara a su contrincante el ex gobernador Pedro Rosselló que "sabía o era un inepto", ahora le ha tocado levantar la defensa de la ignorancia para defenderse de las imputaciones que incluyen además conspiración para violar las leyes electorales de EEUU, lavado de dinero y fraude electrónico para privar al pueblo de los servicios honestos del Gobierno.
La fiscalía de distrito de EEUU, mientras tanto, sigue presentando su caso según su propio itinerario y casi al final de la jornada del lunes presentó su segundo testigo, el asistente del consejero general de la división de cumplimiento de la ley de la Comisión Federal de Elecciones, Mark Shonkwiler. El funcionario enviado desde Washington comenzó a explicar a los jurados la legalidad federal estadounidense sobre donativos electorales y, en particular, cómo para pedir el procesamiento criminal de un político se requiere el consenso de los comisionados que representan tanto al Partido Republicano como al Demócrata.
El testimonio, que apenas comienza, amenaza desde el inicio por echar al suelo otro de los argumentos esgrimidos por los seguidores de Acevedo Vilá en la tribuna pública en el sentido de que su caso es uno de persecución por parte de los republicanos de EEUU por ser él un líder afiliado a los demócratas.
