EX GOBERNADOR AUTONOMISTA SE ENFRENTA A LA HISTORIA
Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico, 8 de Febrero de 2009 (NCM) – El "día en corte" para el ex gobernador autonomista Aníbal Acevedo Vilá –proceso que puede durar meses- le ha colocado en un círculo muy exclusivo al ser el 12mo imputado de corrupción entre los 173 gobernadores de esta nación caribeña y colonia estadounidense desde 1898.
Su caso en particular se remonta a 1985, cuando provocó un escándalo la revelación de que la agencia publicitaria Joe Franco y Asociados había lavado cientos de miles de dólares para el Partido Nuevo Progresista, cosa que motivó que el entonces estudiante de derecho Acevedo Vilá hiciera un análisis pericial en el que concluyó que era un crimen contra la democracia pero virtualmente imposible de capturar a los ofensores.
Ahora tiene contradictoriamente la oportunidad de que se determine la corrección de su teoría de que era el crimen perfecto, pues tras escalar las posiciones más altas en su Partido Popular Democrático, llegar a Comisionado Residente en Washington y a Gobernador, Acevedo Vilá está ahora acusado de haber montado una pandilla que se alega incurrió en un esquema similar de corrupción. Ya la mayoría de los conspiradores se ha declarado culpable y varios de ellos figuran como testigos de cargo, pero el ex gobernador asegura que es inocente y ha alegado públicamente que es víctima de persecución por parte de lo la fiscalía de los Estados Unidos.
Si logra convencer al jurado en el Tribunal de Distrito de EEUU, podría pasar a convertirse en el primer gobernador de Puerto Rico que se certifica ha sido perseguido judicialmente por el Gobierno de Washington. Por el momento, su caso es uno vulgar de corrupción, como los ha habido a lo largo de los cinco siglos de historia colonial de Puerto Rico y que no han estado exentos de aspectos políticos e intrigas palaciegas.
Ese lado oscuro de la historia de los puertorriqueños es poco difundido, por lo cual para la mayoría de los isleños de esta generación se trata de un asunto sin precedentes.
El primer imputado de corrupción, a principios del Siglo XVI fue el propio primer gobernador español de Puerto Rico, Juan Ponce de León, quien resultó absuelto en el juicio de instancia en lo tocante a su desempeño oficial, pero se le encontró culpable de malos manejos en la administración de los dineros del Rey en una granja que tenía a su cargo. Ponce de León logró establecer en apelación que todo había sido una patraña montada por su rival Sancho Velázquez, quien pocos años después terminó acusado también de corrupto, pero a ese sí le probaron los cargos.
A Velásquez se le encontró culpable de parcialidad en el manejo de la justicia, de ser un jugador de naipes, propiciar los juegos de azar, permitir amancebamientos y, sobre todo, "aceptar banquetes para su persona" a cambio de tales favores.
En ese mismo siglo XVI fue juzgado por corrupción Pedro Moreno, pero el asunto se zanjó con una multa menor que tuvo que pagar su viuda.
El caso más grande de gobernadores corruptos hasta entonces se produjo en el siglo XVII cuando se descubrió que el gobernador Juan de Haro, héroe de la defensa de la colonia ante el ataque de los holandeses, realizaba tratos ilícitos con comerciantes, se apropiaba de la pólvora de los cuarteles para sacarles provecho personal y había robado parte del "situado mexicano", que era el subsidio que enviaba la Corona para aliviar la miseria de los habitantes y pagar el Gobierno. El proceso fue particularmente dramático pues el Gobernador, que fue puesto bajo arresto en la propia Fortaleza, había ocultando el botín en las casas de los cómplices, por lo que se recurrió a la tortura para lograr confesiones.
Algunos años después, el Gobernador Gaspar Martínez de Andino fue encarcelado en el Castillo de San Felipe del Morro por cargos de estar involucrado en el contrabando.
El tema del contrabando siguió y en el siguiente siglo XVIII fue sentenciado por ese negocio ilícito el gobernador Matías de Abadía.
El siglo XIX tuvo también su cuota de casos de corrupción palaciega y en 1757 la Comisión Regia enviada por la Corona destituyó de manera fulminante al gobernador Miguel López de Baños ante acusaciones de que se había enriquecido mediante tratos con esclavistas y manejos administrativos turbios.
Ya bajo la dominación de EEUU, en el siglo veinte, el gobernador interino José E. Benedicto fue acusado por un Gran Jurado Federal de cargos de corrupción. Pero, Benedicto resultó absuelto en el proceso.
Años después, las autoridades abrieron una investigación por presunta corrupción contra el gobernador Emmet Montgomery Reily, quien optó por renunciar al cargo y poner así fin al asunto. Un caso similar, aunque con un proceso distinto, fue el de Blanton Winship, destituido administrativamente en 1939 por el presidente Franklin Delano Roosevelt, luego de que se presentaran denuncias en su contra por violación a los derechos civiles y corrupción.
En ese último caso, uno de los principales testigos de cargo fue el pintor Rockwell Kent, quien le informó a Roosevelt haber presenciado cómo Winship manipuló la composición del jurado para lograr un veredicto condenatorio contra el líder nacionalista Pedro Albizu Campos.
En este nuevo siglo, ya bajo el gobierno de Acevedo Vilá, el Departamento de Justicia de Puerto Rico intentó acusar al ex gobernador anexionista Pedro Rosselló de haber robado una pensión extraordinaria a la cual no tenía derecho. Pero, dos jueces de instancia determinaron que ni siquiera había causa para arrestar a Rosselló, mucho menos para juzgarle.
Hoy, a punto de cumplirse 70 años del caso de Winship, el turno le toca a Acevedo Vilá, imputado formalmente de un caso de conspiración contra la Comisión Federal de Elecciones (FEC), otro de corrupción contra el Servicio de Rentas Internas de EEUU, dos de rendir informes falsos al FEC, un cargo de lavado de dinero y cuatro de fraude electrónico para privar a los ciudadanos de los servicios honestos del Gobierno.
