Jesús Dávila
SAN JUAN/Corresponsal EDLP – Un hermano del finado comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros, Filiberto Ojeda, denunció haber recibido información de que el Buró Federal de Investigaciones ensayó el asalto fatal en una base militar al sur de Puerto Rico varios meses antes de su ejecución el 23 de septiembre de 2005.
La denuncia fue hecha por Inocencio Ojeda en una entrevista con EL DIARIO-LA PRENSA, en la que indicó que vecinos suyos le informaron también que el FBI estuvo buscando donde instalar cámaras de vigilancia que enfocaran su casa en el pueblo central de Aibonito cerca de tres meses antes del operativo en el que mataron a su hermano en la población de Hormigueros.
Esas declaraciones sobre presuntas acciones preparatorias del ataque cobran relevancia especial luego de que el informe del ministerio fiscal de Puerto Rico consignara que fue falso que el FBI se enterase del paradero de Ojeda a principios de septiembre, sino que la propia Policía nacional se lo notificó cerca de ocho meses antes de que se llevara a cabo la operación. De hecho, el informe del Departamento de Justicia dice que la Policía de Puerto Rico tenía confidencias sobre el lugar donde vivía Ojeda por lo menos desde 1997, pero que le entregó el expediente al FBI el 11 de febrero de 2005.
El hermano de Ojeda dijo que la información específica que tiene sobre las prácticas es que, entre dos y cuatro meses antes del asalto, el FBI pidió usar una finca privada para el simulacro, pero ante la negativa de su dueño, optó por realizarlo en una base militar de la costa sur del país.
El informe fue dado a conocer el miércoles y en el mismo, luego de determinar que el FBI dio información falsa sobre los hechos esenciales del caso –cuándo se enteró, cómo se realizó la operación y el motivo para hacer el disparo fatal- se decide cerrar y archivar la investigación. El ministerio fiscal dice no poder avanzar más porque el FBI no coopera y, de todas formas, desglosa las defensas que podría levantar la agencia estadounidense y alega no haber encontrado prueba contundente de que los agentes incurrieron en acto criminal alguno.
Ayer jueves se desataba una lluvia de críticas a la acción del Gobierno y el analista Juan Manuel García Passalacqua, de WKAQ Radio, describía la situación como "muy grave".
Eran señalamientos desde diversos sectores y mientras la senadora anexionista Norma Burgos insistía en que el Gobierno boricua había evadido su responsabilidad de acusar en los tribunales aunque fuese en ausencia, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, dijo que los jefes del gobierno autonomista "teniendo la evidencia, teniendo la información, y señalando a los participantes de un evento que se puede catalogar como criminal, se lavan las manos y justifican no actuar tras tecnicismos legales".
