SAN JUAN, Puerto Rico, 7 de Octubre de 2009 (NCM) – Un informante de las agencias de Estados Unidos, preso desde hace años por un caso fabricado, fue dejado en libertad poco antes de que comenzaran las gestiones para la llegada a Puerto Rico de un delegado del Presidente Barack Obama y un jefe de Washington de la central sindical AFL-CIO.
El insólito caso puso del mismo lado ante el Tribunal al Secretario de Justicia, Antonio Sagardía, al fiscal que investigó la muerte del comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros Filiberto Ojeda y concluyó que fue un asesinato, así como al propio abogado del finado jefe militar clandestino.
El Secretario Sagardía evaluó y accedió a la recomendación del fiscal Frank Nazario para allanarse a los argumentos presentados por el abogado defensor Luis F. Abreu Elías. La recomendación se produjo lueg o de que el fiscal Nazario determinara en una pesquisa interna que delincuentes, agentes y hasta fiscales participaron en una trama para meter en la cárcel con una acusación falsa de asesinato en 1999 a Luis Santaliz Acosta, un informante del Buró Federal de Investigaciones y la Agencia de Control de Drogas (DEA) que ayudaba a investigar casos de corrupción en el Gobierno de Puerto Rico.
"Hay un inocente preso, que no cometió los deleznables hechos que se le imputaron", dice para comenzar la moción de Abreu Elías a la que se allanó formalmente el fiscal Nazario y agrega que Santaliz Acosta "fue convicto con el testimonio de un perjuro; sabiendo, al menos, tres fiscales del estado, que el único testigo con inmunidad había mentido".
Así las cosas, la juez de instancia Aixa Rosado, quien pidió a la defensa y la fiscalía que le explicaran bien todo el enredo, procedió a dejar libre bajo la fianza nominal de 13 dólares a Santaliz Acosta, quien había estado cumpliendo una condena de 145 años en una prisión de máxima seguridad por 13 delitos que incluían "asesinato estatutario". La juez Rosado pautó la vista del nuevo juicio para el próximo mes de noviembre.
De hecho, la excarcelación se vino a producir finalmente el miércoles de esta semana porque antes el abogado Abreu Elías tuvo que radicar otra moción para anular del expediente de la cárcel una vieja orden de detención como testigo material de un crimen. Esa otra orden, emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, había sido dejada sin efecto en 2002, pero permanecía como activa en el expediente del prisionero.
Las gestiones sobre el caso del informante llevan mucho tiempo, pero su solución y la determinación del final del Secretario Sagardía coincidieron en tiempo y espacio con el drama social que vive el país por el despido de decenas de miles de empleados públicos, el esperado cierre de esta 40 agencias y el movimiento de paro general convocado para el 15 de los corrientes. En ese marco, el Gobierno ha advertido que si se cometen delitos, los imputados podrían ser sometidos a las leyes estadounidenses sobre terrorismo, que le quitan a los detenidos prácticamente todos los derechos civiles.
Así, como si la propia historia hubiese escrito una novela, la excarcelación del informante vino a producirse a la vez que se supo que la AFL-CIO gestiona desde Washington el envío de una delegación observadora de alto nivel que incluya la jefatura máxima de la poderosa central sindical y un representante del Presidente Obama. La presencia de los delegados en Puerto Rico haría más visible para Washington cualquier exceso que pueda cometerse en la jornada de protestas.
El ambiente se ha ido caldeando con los paros en el sistema de la Universidad de Puerto Rico y al cierre durante 24 horas decretado por los estudiantes en el Recinto de Río Piedras, le han sucedido esta semana paros en los recintos de Humacao, Cayey, Arecibo y el estratégico Recinto Universitario de Mayagüez, uno de los principales centros de adiestramiento de ingenieros que suple personal a la Administración de Aeronáutica y Espacio de EEUU (NASA).
Los despidos masivos han provocado división interna en el oficialista Partido Nuevo Progresista y mientras el Gobierno asegura que finalmente los despidos serán menos de las casi 17,000 cartas emitidas, fuentes sindicales aseguran que han continuado llegando cartas a las dependencias públicas y que ya podrían sumar sobre 30,000.
El portavoz opositor en el Senado, José Luis Dalmau, del Partido Popular Democrático, dijo que la realidad es que mientras el Gobernador Luis Fortuño alega que los despidos le ahorran 350 millones de dólares al Estado, ya se ha otorgado más de esa suma en contratos y otros beneficios a empresas y abogados favorecidos por el Gobierno.
En un panorama tan complejo, pocos se fijaron en la excarcelación de Santaliz Acosta, quien estuvo activo en los años noventa en la investigación de fiscales, jueces y otros funcionarios corruptos e inclusive llegó a lograr la grabación en videocinta de un agente del Negociado de Investigaciones Especiales cuando pedía un soborno.
De acuerdo a la nueva investigación del caso, funcionarios corruptos lograron que un acusado por dos asaltos a un mismo empresario, en el segundo de los cuales resultó muerto uno de los asaltantes, declarase falsamente que Santaliz Acosta había sido el autor intelectual de los hechos. Durante el juicio, no hubo manera de exponer la trama y se demostró que hubo fiscales que tuvieron pleno conocimiento de lo que ocurría pero no lo dejaron saber a la defensa, ni al tribunal.
Los aires de confrontación política y laboral no se respiraban en la sala del tribunal, donde la esposa, la hija y la nieta de Santaliz Acosta constituían el público mientras la juez Rosado pedía al abogado y el fiscal que le explicaran bien lo que habían acordado. En las etapas culminantes del caso había estado participando también el director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Federico Rentas, quien cuando la juez preguntó si estaban de acuerdo con la fecha para el nuevo juicio contestó "cualquier fecha es buena para la libertad".
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