DESALOJARÁN A MADRE DE ACTIVISTA EN REPRESALIA
Comunicado de Prensa
Colectivo Candelaria Pa'lante
27 de septiembre de 2009
En lo que aparenta ser un acto de represalia, la Administración de Vivienda Pública y su privatizadora, Individual Management and Consultant, notificaron el pasado miércoles su intención del cancelar el contrato de arrendamiento de la Sra. Judith Vélez Ortiz, madre de la activista y líder comunitaria, Sandy Borrás, bajo el alegato de "incumplimiento de contrato".
A Vélez Ortiz, quien es una envejeciente con múltiples padecimientos de salud y quien tiene a su cargo una hija con autismo severo, se le realizó una "inspección federal" durante el mes de marzo del corriente, y se le descalificó su vivienda por tener una hornilla de la estufa inservible y parte de la goma de la puerta de la nevera deteriorada, por lo que se alegó que los mismos "no funcionan de manera segura". Cabe señalar, que dichos electrodomésticos no fueron provistos por la Administración de Vivienda, ni su subcontratada, pero aún así, el contrato de arrendatario exige cumplir con el mantenimiento de estos.
Vivienda Pública e Indivudual Management alegan que esto es suficiente motivo para considerar que se ha incumplido con el contrato, por lo que notificiaron por escrito a la sexagenaria su intención de acudir al Tribunal para rescindir del mismo. Muy por el contrario a la política adoptada en el pasado, ninguna de las dos agencias ofreció alternativas para reparar o adquirir nuevos enseres para la residente, ni orientaron a sus técnicos de trabajo social a buscar soluciones para prevenir el desahucio.
Paradójicamente, mientras la notificación era diligenciada, la Administación del residencial recibía decenas de neveras y estufas para ser entregadas a los residentes, según informaran a principio de año, lo cual deja explícita la intención de deslojar a la Sra. Velez, quien lleva más de treinta años en el lugar.
El apartamento en cuestión, es el mismo donde residiera hasta hace dos meses, la portavoz del Colectivo Candelaria Pa'lante, Sandy Borrás, quien ha llevado un sinnúmero de denuncias contra la Administración de Vivienda Pública y su privatizadora. Dichas denuncias han trascendido hasta el Senado de Puerto Rico, en resoluciones investigativas y en litigios en los Tribunales, como el sonado caso del mural "Ser Pobre no es un delito", en el cual figuró como demandante principal.
"No tengo dudas esto es un ejercicio de represión contra aquellos que reclamamos nuestros derechos y que va dirigido a desalentar cualquier gesto de organización comunitaria" – denunció Borrás, quien señaló además haber sufrido represión anteriormente por estas agencias.
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