José R. Bas García - independencia.net
San Juan, Puerto Rico - 24 de octubre de 2009
El Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lcdo. Fernando Martín, explicó durante un programa radial la manera en que el PIP logró establecer que hubo daños a la institución debido a las prácticas ilegales y discriminatorias de "carpeteo" por parte de la Policía de Puerto Rico y el del FBI. La demanda judicial en reclamo de compensación por daños se decidió a favor del PIP en esta semana.
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| Fernando Martín, Presidente Ejecutivo Partido Independentista Puertorriqueño |
Martín utilizó la imagen de un corredor que, a diferencia de sus contrincantes, compite cargando un saco de arena, para ilustrar cómo el PIP participó en tantas elecciones con una desventaja clara a causa de la carga injusta que el propio gobierno le había impuesto. El carpeteo y persecución de independentistas creó la percepción de que es ilegal y un acto criminal ser independentista y militar en el partido que postula la independencia como solución al problema del status político de Puerto Rico. Esa percepción tuvo el efecto innegable, pero difícil de cuantificar, de amedrentar al ciudadano común que de otra manera hubiese expresado libremente su preferencia por la independencia, militando activamente y votando por el PIP.
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"Independientemente de cuál fue el resultado del PIP en una elección particular, hay una presunción, a mi juicio, absoluta, de que su resultado hubiese sido mejor del que fue en cada caso, si no hubiese tenido el saco de arena de 100 libras en su espalda", explicó Fernando Martín.
A finales de la década de 1990, el gobierno de Puerto Rico admitió que había perseguido y levantado expedientes a personas que, de alguna manera, se identificaban como independentistas a partir de 1950 y por aproximadamente los 40 años siguientes. El PIP, en su carácter institucional entabló una demanda por los daños sufridos a causa de dichas acciones. El pleito, que duró cerca de diez años en ventilarse, llegó a su fin en el circuito de primera instancia esta semana cuando el juez José Loubriel determinó que el PIP debía ser compensado por daños cuya cuantía, según sus expresiones, superan el máximo de $150 mil que establece la ley.
A juicio del líder independentista, este caso sienta las bases para frenar al gobierno que intente establecer medidas represivas y discriminatorias con la intención de limitar, frenar y apagar la expresión libre de los ciudadanos, tanto individualmente, como en forma colectiva y organizada en el terreno político. A partir de este caso el gobierno sabe que no está permitido perseguir independentistas por el solo hecho de postular una preferencia política distinta y opuesta a la del gobierno.
