jueves, 5 de noviembre de 2009

Exige amplio proceso de reconsideración de despidos


Conferencia de prensa
San Juan, Puerto Rico - 4 de noviembre de 2009

Fernando Martín expone las propuestas simples que el
gobierno puede implantar para obtener los recaudos necesarios sin
despedir empleados públicos. (Foto Bas)

Ante la determinación de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) de aplazar hasta enero próximo los despidos de más de 7,000 empleados públicos que se habrían quedado sin trabajo este viernes, tras reconocer que el proceso de notificación de las cesantías no se implementó de manera adecuada, el presidente ejecutivo y el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín y Juan Dalmau, hicieron hoy un llamado urgente al gobernador, Luis Fortuño a que convoque de inmediato un amplio proceso de reconsideración de la decisión de cesantear a miles de empleados públicos y a dialogar – sin condiciones previas - con representantes de todos los sectores afectados sobre la viabilidad de las diversas alternativas que se han planteado para enfrentar la crisis fiscal que sufre el país.

Martín explicó que no se trata solamente de examinar la propuesta medular que ha venido haciendo el PIP de aumentar las contribuciones a las corporaciones foráneas que hoy apenas tributan, sino de evaluar las múltiples otras alternativas que podrían recaudar ingresos recurrentes suficientes como para hacer innecesarios los despidos masivos.

"La clave de este proceso de reconsideración tiene que ser su carácter incluyente y diverso, y el compromiso del gobierno de examinar en sus méritos cada una de las propuestas alternas. Si hay buena fe de parte del gobierno, y a la luz de la gravedad de las circunstancias sociales, económicas y humanitarias que conllevan los despidos masivos, sería una irresponsabilidad colosal no aprovechar estas próximas semanas para llevar a cabo este proceso de reconsideración", puntualizó el líder independentista.

Dalmau, por su parte, señaló que el peso recae sobre el gobierno para probar que los despidos son la mejor alternativa y el gobernador no puede sostener su política pública hasta que fundamente que no hay otra medida, o combinación de medidas, que resulte menos dañina para el país en su conjunto que las que se han anunciado.

"El gobernador Fortuño ha caminado hasta el borde del precipicio, y tiene una última oportunidad para reconsiderar antes de dar el último paso fatal", concluyó el también Comisionado Electoral del PIP.