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Victoria judicial contra el carpeteo
El Partido Independentista Puertorriqueño radicó el pleito
El Archivo General de San Juan guarda expedientes que las autoridades federales hicieron del líder nacionalista Pedro Albizu Campos.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, catalogó como una importante victoria para el movimiento independentista una decisión judicial que declaró ha lugar un largo pleito que llevaron contra el Gobierno por el carpeteo de sus líderes.
El juez José E. Loubriel Vázquez, del Tribunal Superior de San Juan, ordenó al Estado pagar $150 mil a la colectividad por los años en que persiguió y documentó todos los pasos de los miembros del PIP.
"Esto es una reivindicación a tantas generaciones de independentistas que sufrieron por sus convicciones políticas y por la guerra sucia que el Gobierno libró -tanto penepés como populares- contra el PIP y otras organizaciones independentistas", manifestó Martín sobre la decisión que pone punto final a un pleito que comenzó el 22 de septiembre de 1999 con la radicación de la demanda contra el Estado Libre Asociado, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
El juez reconoció que el documentar las actividades del PIP violó sus derechos constitucionales de libertad de asociación, libertad de expresión e igual protección de las leyes.
La sentencia admite que existen carpetas de los líderes del PIP desde 1948 hasta 1987. El documento destaca que este pleito "concluye el ciclo de reclamaciones judiciales por razón del carpeteo" pues ya prescribió el tiempo que tenían los individuos para demandar, explicó Martín.
Sentencia histórica
"Es un precedente importante porque nunca antes en Puerto Rico a una institución política se le había dado el reconocimiento de que se le habían violado los derechos", indicó el presidente ejecutivo de la colectividad.
Asimismo lo reconoció el juez Loubriel en su decisión al señalar que no se puede separar a un partido político de los individuos que lo componen.
"Resultaría del todo incongruente sostener por un lado que el sistema de recopilación de datos conocido como el carpeteo resultó en daños a la reputación y dignidad de miles de puertorriqueños (…) y aducir por otro, como pretende el ELA, que las organizaciones que agrupan a esos individuos fueron inmunes a aquel poderoso mecanismo de represión gubernamental", lee la sentencia que se hizo pública durante el día de ayer, aunque tiene fecha del martes, 20 de octubre.
Pago simbólico
El otrora senador señaló que la indemnización de $150 mil es más bien simbólica, ya que es el máximo por la Ley de Pleitos contra el Estado puesto que es casi imposible cuantificar los daños económicos que el carpeteo le produjo a la colectividad y sus líderes.
La sentencia establece que los líderes independentistas tendrán 30 días para obtener sus carpetas. De no hacerlo, los documentos serán destruidos.
No fue posible obtener una reacción del Departamento de Justicia para conocer de dónde se obtendrá el dinero necesario para cumplir con la sentencia.
Martín señaló que en años anteriores existía un fondo especial separado para pagar a las víctimas del carpeteo, aunque desconoce si actualmente se mantiene.
En momentos en que varios sectores de la sociedad han acusado a la Policía de perpetuar la práctica del carpeteo mediante la grabación de manifestaciones y actividades masivas, el presidente ejecutivo del PIP señaló que el Gobierno no debe echar a un lado esta práctica.
"Esto también constituye una especie de recordatorio al Gobierno de que para el futuro tiene que medir sus pasos otra vez, no solamente con sus acciones contra los individuos, sino a toda organización pues lo que representan es la libertad de asociación", dijo Martín.
