Testimonio de Fernando J. Martín
Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño,
ante el Senado de Puerto Rico sobre el P de la C 3648
el 13 de diciembre de 2011
Señor Presidente y Señores Senadores:
De aprobarse finalmente el proyecto ante su consideración con los contenidos fundamentales recogidos en el proyecto de administración aprobado por la Cámara de Representantes, aquellos puertorriqueños con derecho al voto tendremos la oportunidad – por primera vez en 114 años – de repudiar el actual status de subordinación colonial y territorial a los Estados Unidos. No tengo dudas de que habremos de repudiarlo contundentemente. Habremos además de reclamar nuestro derecho a escoger entre opciones no coloniales ni territoriales, y por último, expresaremos nuestra preferencia concreta entre las alternativas de independencia, estadidad, y un status de asociación que reconozca la soberanía de Puerto Rico frente a los Estados Unidos.
El rechazo a la continuación del actual régimen colonial y territorial pondrá en marcha un proceso político irreversible e insoslayable que no concluirá hasta que el Congreso de los Estados Unidos se vea forzado a cumplir con sus responsabilidades poniéndole fin al coloniaje en Puerto Rico. Es mi convencimiento y mi esperanza que esa solución descolonizadora no podrá ser otra que la independencia de Puerto Rico y que esa será – en su día – la exigencia de la mayoría de nuestro pueblo luego de que el proceso de negociación y desmitificación retrate de cuerpo entero la superioridad de la independencia. Pero ello no ocurrirá hasta que el proceso se desarrolle y culmine, y para que eso ocurra hay que ponerlo en marcha. Es por eso que el PIP ha promovido – al menos desde 2005 – la propuesta de crear un mecanismo de expresión y consulta electoral que permita articular la mayoría de los puertorriqueños que por encima de sus diferencias sobre las alternativas futuras, están de acuerdo en cuanto a la necesidad de dejar atrás para siempre la actual condición de subordinación colonial y territorial.
En 2005 un gobernador comprometido hasta el tuétano con la continuación del régimen colonial, y por lo tanto con el inmovilismo, impartió su veto a un proyecto propuesto por el PIP y aprobado unánimemente en Cámara y Senado que hubiera permitido articular ese reclamo mayoritario a favor de la descolonización.
Estamos ahora ante una segunda oportunidad de lograr ese objetivo. El proyecto incluye además una votación subsiguiente entre alternativas no coloniales ni territoriales. Esta segunda votación debe celebrarse no más tarde del día mismo de las elecciones generales.
Los inmovilistas sin embargo no han desaparecido. Y no se trata solo de los colonialistas locales sino también de los de afuera. Para entenderme no hace falta nada más que escuchar la queja de la alta dirección del PPD a los efectos de que este proyecto no se ajusta con suficiente fidelidad a lo recomendado por el Presidente Obama en el más reciente Informe de Casa Blanca. Cualquiera que examine dicho informe habrá de darse cuenta de que la crítica es correcta. No cabe duda de que la sumisión del PPD es impecable. La Casa Blanca favorece (aunque no se atreve excluir otros métodos absolutamente) un proceso diseñado para dividir al país (excluyendo la independencia) entre aquellos que favorecen la estadidad y aquellos que favorecen a un ELA genérico. Anticipando que una votación así planteada resultaría en un empate virtual (al no distinguir entre el ELA territorial y un ELA "soberano"), el Presidente Obama nos recuerda a todos públicamente hace varias semanas que en esas circunstancias no habría un "mandato claro" y que por lo tanto prevalecería el actual status por confiscación. Les recuerdo a todos que es por seguir las "recomendaciones" de los presidentes de EE.UU. desde 1898 que nos encontramos hoy en pleno lodazal colonial. De que al Presidente y al Congreso lo que le conviene es institucionalizar la indecisión y promover el inmovilismo no puede caber duda. Esa es y ha sido su política; por eso la colonia aún existe. Lo que no puede querer el Presidente es confrontarse con una exigencia mayoritaria y contundente de los puertorriqueños requiriendo el fin de la subordinación política pues esto obligaría a su gobierno y al Congreso a poner en agenda – aunque sea a regañadientes – la descolonización de Puerto Rico. Por lo tanto, mientras más los Populares insisten en que ni Obama ni el Congreso favorecen la estructura de la consulta que contiene este proyecto, más confirman su inmovilismo y su vocación colonial. De lo que se trata no es de los intereses o preferencias del Presidente y del Congreso sino de las de nuestro país. Si del Presidente y el Congreso dependiera, el colonialismo – más cómodo para ellos que enfrentar las alternativas – se prolongaría indefinidamente; como hasta el día de hoy.
Solo haciendo imposible el uso por parte de los EE.UU. del socorrido pretexto de que el actual status de subordinación política es el producto de la voluntad y el consentimiento de los puertorriqueños, podemos forzar al Congreso a asumir sus responsabilidades descolonizadoras con respecto a Puerto Rico. De esto es de lo que se trata el proyecto ante su consideración y por eso ha sido y será tan duramente combatido por los colonialistas de afuera y de adentro, quienes tratarán de descarrilarlo o diluirlo para restarle contundencia y eficacia. Por eso es que su aprobación reviste una importancia histórica decisiva.
Huelga decir que este proyecto no es el que hubiera redactado el PIP. Hubiésemos convocado a una asamblea constitucional de status entre alternativas no coloniales luego de haber estructurado una votación para repudiar la colonia. Hubiésemos ampliado la franquicia electoral incluyendo a puertorriqueños residentes fuera del país pero que tienen animus revertendi o intención de regresar, y hubiésemos excluido a los extranjeros que están solo de paso en nuestra tierra. Propusimos llevar a cabo las votaciones mucho antes en el cuatrienio, y en vez de usar el término Estado Libre Asociado Soberano, hubiéramos preferido el de Libre Asociación.
Y si de preferencias ideales se tratara, todo lo anterior seria innecesario puesto que los Estados Unidos, ex propio vigore, sin que nadie se lo pidiese, invocaría la resolución 1514 (XV) y anunciaría una transferencia de poderes soberanos al pueblo puertorriqueño para que este pudiera ejercer libremente su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia.
Pero como ni tenemos mayoría legislativa, ni Estados Unidos da indicio alguno de descargar sus responsabilidad descolonizadora por iniciativa propia (sino en todo caso, lo contrario) apoyamos la iniciativa política ante su consideración y que recoge la esencia de la propuesta original del PIP como el mecanismo procesal disponible en este momento para echar a andar un proceso que pondría en jaque al Congreso de los Estados Unidos, y abrirá de par en par las puertas que conducen a nuestra inevitable independencia.
