Ex Candidato a Gobernador
Partido Independentista Puertorriqueño
27 de diciembre de 2008
La noticia corrió como pólvora: la crisis fiscal del gobierno es peor de lo que la mayoría jamás podía imaginarse. A la luz de los hallazgos presentados por el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), y de las recomendaciones de ese grupo hechas públicas por El Nuevo Día, se ha generado en el país una enorme preocupación colectiva. No sólo se trata de la consecuencia obvia de muchos años de medidas fiscales ineficaces e irresponsables; se trata, además, del resultado evidente de la ausencia de voluntad para ejecutar decisiones que hubiesen evitado el colapso al que Puerto Rico se aproxima peligrosamente.
Desde 1993 el PIP advirtió que, ante la culminación de los beneficios contributivos relacionados con la Sección 936, el gobierno de Puerto Rico tenía la urgencia de comenzar a articular un nuevo enfoque de incentivos industriales y de política contributiva. Tal enfoque tendría dos propósitos: por un lado, aseguraría que la inversión manufacturera extranjera permaneciera y se expandiera, mediante el diseño de incentivos no-contributivos financiados con el pago adicional de impuestos provenientes de esas mismas empresas; por el otro, ubicaría al país en los mismos niveles de competitividad de aquellos que en aquel momento comenzaban a desplazarnos (Singapur, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros). Demás está decir que ni entonces ni en los meses recientes las propuestas del PIP fueron consideradas. Por desgracia para el país, la renuencia a tomar en cuenta nuestro plan para la reconstrucción nacional y para el desarrollo auto-sostenido e interdependiente, ha traído como resultados inexorables la caída dramática en nuestra capacidad competitiva, la reducción drástica en los recaudos recurrentes del gobierno, el aumento en el desempleo, el incremento en la responsabilidad contributiva de los sectores asalariados, y la consabida crisis fiscal, cuyas manifestaciones más contundentes se han evidenciado durante los pasados cuatro años.
Durante el reciente proceso electoral comparecí a muchos foros organizados por distintas entidades del sector privado, por la academia, por organizaciones profesionales y por la prensa, entre otros. En cada una de mis comparecencias manifesté lo que a mi juicio, luego de 23 años de haberme dedicado a estudiar sistemáticamente la economía puertorriqueña, era inminente: que si no nos poníamos a la altura de los tiempos, no sólo las finanzas públicas estarían en bancarrota, sino que el sistema económico como un todo presentaría serias señales de agotamiento. Un agotamiento y una crisis –he insistido—sin precedentes en la historia reciente.
Lo advertí en cada uno de los debates televisivos en los que participamos los candidatos a la gobernación. Lo advertí en mis charlas a estudiantes. Lo advertí a empresarios/as y empleados/as de distintos sectores de nuestra economía, a maestras/os, a dirigentes sindicales y miembros de diversas uniones obreras. Se lo advertí al pueblo en general. Y no se trataba de mera retórica producto de la campaña política; de lo que se trataba entonces y se trata ahora es de que para resolver la crisis que tantas veces advertimos que empeoraría, el PNP y el PPD volverían a proponer lo de siempre: imponerle la carga, el peso de la responsabilidad a quien siempre ha pagado los platos ratos: al pueblo de Puerto Rico, a pesar que ese pueblo ya paga sobre 80% de los recaudos directos e indirectos del gobierno. Eso también lo advertí.
Mientras, a pesar de tanta advertencia, algunos abrigan ciertas esperanzas amparándose en los resultados del proceso electoral. Ya veremos si, como en todos los cuatrienios anteriores, se trataba de pura demagogia. Adviértase que lo estoy advirtiendo.
