Corporaciones deben $1,400 millones a Hacienda
foto por Juan Carlos Álvarez
Mientras la reducción en la nómina gubernamental recibe la mayor atención en la discusión pública sobre la crisis económica del País, la legislatura sigue aprobando leyes sin saber el impacto que tendrán en los fondos públicos. Esto, con el efecto de subvencionar a la empresa privada.
El deterioro de las abusadas finanzas gubernamentales es ampliamente conocido: un déficit que excede los $3,200 millones para el año corriente según números oficiales y otra posible degradación de los bonos de Puerto Rico a la vuelta de la esquina.
Lo que pocas veces se mira es que el Ejecutivo y el Legislativo de ambos partidos principales han "enfrentado" la crisis mediante la promoción de legislación que sigue minando el fisco sin que se produzcan beneficios tangibles. Algunos economistas aseguran que, en vez de allegar dinero a las arcas, estas leyes promueven incentivos, créditos y exenciones que causan una fuga de capital que crea un déficit en el Departamento de Hacienda y que preliminarmente ha sido estimado en al menos $900 millones anuales.
Así lo afirmó el economista José Antonio Herrero al explicar que el sector público trabaja y legisla para desarrollar al sector privado. Por su parte, el actual secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, describió un escenario similar ya que al pasado 23 de febrero las deudas por cobrar del sector privado ascendían a más de $1,400 millones a pesar de que las exenciones que reciben miles de compañías les llevan a pagar un mínimo en contribuciones.
"Muchas leyes minimizan el potencial de recaudos y muchas no se aprobaron de la forma más responsable", agregó Puig, lo que coincide con la aseveración de Herrero.
Se busca voluntad para cobrarle a las corporaciones
A preguntas del CPI, Puig informó que además de las citadas deudas contributivas, los patronos deben al Gobierno más de $850 millones en retenciones hechas a empleados, pero no remitidas a Hacienda.
Con el citado déficit de $3,200 millones y unos $962 millones que todavía esperan por salir en cheques a suplidores gubernamentales, el nuevo jefe de Hacienda afirmó que los ingresos apenas dan abasto para pagar la nómina de gobierno. Más importante aún es que por encima de la nómina se van $600 millones mensualmente en pagos a suplidores y otros gastos fuera de nómina. Por lo tanto, el déficit se acumula mes a mes.
Añadió que la pasada administración dejó cuentas por pagar que suman $619 millones que "no se informaron", las cuales lograron pagar el pasado 19 de enero, pero que "causaron un aumento desmedido en el déficit".
"Todos queremos un mejor Puerto Rico, pero hay que sumar cuánto va a costar y de dónde sale ese dinero", declaró Puig al hablar del déficit millonario.
Puig aseguró que la única forma de subsanarlo es aumentando los ingresos del fisco y reduciendo gastos. La primera opción del plan binario podría ser cobrar el 42% de las deudas en Hacienda, o sea, lo adeudado por las corporaciones.
El secretario de Hacienda dijo además que la deuda que mantienen las corporaciones privadas con la agencia será cobrada, aunque admitió que no se podrá cobrar completa. Puig mencionó que parte de la deuda se tendrá que "tirar a pérdida" y sostuvo que la agencia no cuenta con un sistema operacional efectivo, ni un programa de cobro sistemático que ayude a recuperar lo adeudado.
Contrario a lo expuesto por el jefe de Hacienda, el economista Herrero aseguró que "la deuda es incobrable ya que Hacienda no está para salir a cobrar". Herrero afirmó que le cuesta más a Hacienda cobrar la deuda porque venderla o comenzar un proceso administrativo para recolectar el débito costaría millones de dólares y años perdidos. La teoría de Hacienda para cobrar la deuda se hace más incongruente dado el plan de reducción de nómina que bajaría la plantilla de empleados necesarios para hacer esa gestión, aseveró Herrero.
En el aire la promoción de nuevos empleos
Según establece la Ley de Incentivos, las corporaciones acogidas tienen que mantener el 80% de los empleados. No obstante, las empresas no han cumplido con esta condición o con la de creación de nuevos empleos. A esto se le suman las alrededor de 180 mil personas desempleadas y los anunciados 40 mil despidos en el Gobierno de Puerto Rico.
El sector que más se acoge a exenciones es el manufacturero. A pesar de que este sector paga una tasa efectiva en contribuciones que fluctúa entre un 4% a 8%, con innumerables créditos que subvencionan el 75%, y en ocasiones el 100% de lo que invierten en el negocio, es el segundo sector con más despidos en la Isla, según datos del Departamento del Trabajo hasta el 2005.
El ex secretario del Departamento del Trabajo, Román Velasco González declaró que con la Ley de Incentivos se esperaban crear unos 100 mil empleos en cuatro años. Durante la fuerte campaña que se desarrolló para empujar la aprobación del estatuto, el ex vicepresidente de la Asociación de Industriales, Luis Cintrón, aseguraba que en los primeros 18 meses se crearían 15,000 nuevos empleos. A pesar de esto, hasta la fecha de la culminación de las funciones de Velasco el pasado 31 de diciembre, y a seis meses de efectiva la Ley no se había creado nuevos empleos, sentenció el ex funcionario.
"No se había creado la cantidad de empleos que se esperaban y mucho tiene que ver con que no se había hecho un estudio sobre las posibilidades de creación de nuevos empleos", admitió. "Yo no vislumbro un aumento de empleos durante este año, debido a la condición económica mundial". Indicó, a la vez que recomendó al gobierno de turno asegurar empleos en la tecnología y en la manufactura.
Por su parte, la sub secretaria de Hacienda, Blanca Álvarez Ramírez, dijo que es muy temprano para saber el impacto, positivo o negativo, que tendría la ley. Álvarez Ramírez ratificó que el propósito de la Ley 135 es colocar a Puerto Rico en un puesto mundialmente competitivo siguiendo los pasos de países como Irlanda y Singapur, dato expuesto también en el informe positivo rendido por la Cámara de Representantes cuando evaluó el medida en un proceso "fast-track". El economista Herrero aseguró que dicho planteamiento es incorrecto porque, tras pasos similares, Irlanda se encuentra inmersa en un déficit millonario.
De otro lado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico sostiene que el sector privado acogido a exenciones promete crear 5,195 empleos en el año. Según datos de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) las compañías en espera de exención tienen un compromiso con la conservación de 126 nuevos empleos, cifra sustancialmente menor a la divulgada por el Departamento de Desarrollo Económico. No obstante, PRIDCO aclaró que si estas compañías no cumplen con lo dispuesto por ley se les revocará la exención.
Actualmente sólo dos corporaciones están acogidas a exenciones bajo la nueva ley y 120 esperan aprobación, según PRIDCO. De ese grupo, 58 son del sector manufacturero, 31 del sector de servicio y 4 para proyectos estratégicos, entre otros.
Durante los 10 años de vigencia de la pasada Ley de Incentivos Industriales, miles de empresas disfrutaron del beneficio contributivo y, en vez de ganarse empleos en el sector, el saldo final fue que se perdieron 50,000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo actual ronda el 13%. A pesar de esto, los aumentos de privilegios al sector industrial continúan sin que se garantice la producción de nuevos puestos de trabajo.
*Omaya Sosa Pascual y Ely E. Acevedo Denis colaboraron con este reportaje.
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