La construcción política de lo apolítico
RO B E RTO EC H E VA R R Í A MARÍN
P RO F ESO R U N I V E RS I TA R I O
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La presencia de la llamada corte federal en Puerto Rico contribuye a concretar la intervención imperialista de 1898. Sus operaciones proceden de actos de fuerza ilegítimos: la ocupación militar y la conculcación inconsulta de la soberanía puertorriqueña. El colonialismo es inmoral e ilegal por cuanto transgrede normas del derecho internacional y contraviene el derecho a la independencia.
Este tribunal extranjero existe para imponer las leyes del invasor, para contribuir a la consolidación del aparato político y económico implantado por las cañoneras norteamericanas y para colaborar en la desmovilización política del independentismo.
Su ideología y sus prácticas de poder allanan el camino para que el capital pueda fructificar, ajeno a las inconveniencias que suscitan puertorriqueños que rechazan la subordinación en su propia patria.
Históricamente el desempeño de esta oficialidad intrusa ha trascendido lo pu- ramente criminal y procesal; por acción directa o por incumplimiento ministerial, o por ambas, "los federales" colaboran en la persecución del independentismo. Las sentencias desmedidas y abusivas impuestas a desobedientes civiles en Vieques por algunos de sus jueces o magistrados, el intento del juez Daniel Domínguez de alterar el resultado de las elecciones para favorecer al anexionismo, la ley de la mordaza, el carpeteo, las torturas padecidas por don Pedro Albizu Campos, la operación COINTELPRO y todo el entramado represor que desembocó en los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado, Carlos Soto Arriví, Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela y Filiberto Ojeda Ríos, entre otros, lo prueban.
Por lo tanto, aducir que las decisiones de la Fiscalía federal, así como las del FBI, se ciñen a lo apolítico no resiste un análisis histórico. Más aún, los nombramientos de los fiscales surgen de consideraciones puramente políticas.
La renuncia precipitada y escandalosa del ex fiscal general Alberto Gonzales evidencia la politización que suele caracterizar al Departamento de Justicia e st a d o u n i d e n s e.
En palabras del filósofo francés Michel Foucault, el poder encamina sus actos hacia "el sujeto jurídico, poseedor, entre otros derechos, del derecho a la vida".
Envalentados por su impunidad, "los f e d e ra l e s " han conspirado y actuado para abrogarse este derecho. Su influjo trasciende lo abstracto; su ejercicio irrestricto incide de manera concreta sobre el derecho a la vida y al trabajo de puertorriqueños disidentes. Los independentistas han perdido sus empleos, han visto limitadas sus oportunidades de acceder a puestos públicos importantes, han recibido citaciones arbitrarias de una entelequia jurídica que llaman Gran Jurado y han sobrellevado allanamientos de morada ilegales.
En el imaginario colonial autorreferencial que ha construido la metrópolis para consumo de los subalternos, la Fiscalía federal representa la democracia igualitaria. Al amparo de esa aura fatua, se erige en árbitro de la moral, regente de la ley y el orden en este hábitat de Calibanes. Sus oficiales alardean de su poder; sus expresiones públicas exudan arrogancia, artífices de una práctica de poder que rebasa lo físico, que se asienta en la psiquis de muchos como paradigma de la normalidad. Este tipo de influjo insidioso, dice Foucault, horada "los pensamientos, la voluntad, las inclinaciones". Su control, según este pensador, se hace sentir en lo que los individuos "hacen, y asimismo en lo que son, lo que serán y lo que pueden ser".
La violencia desenfrenada, la corrupción, la creciente pobreza y la subordinación política provienen del colonialismo. El momento histórico requiere una amplia confluencia de voluntades, comprometidas con la descolonización y con un orden económico de justicia para todos los seres humanos que conviven en este archipiélago. Que el invasor se entere de que el mundo no es su aldea, como le recriminaba José Ma r t í .
Sólo así comenzaremos a desmantelar la perniciosa coalición de facto de las tribus azul y roja. Las mismas que consienten en tratar de legitimar la fiscalía federal por medio de sus posiciones políticas serviles.
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