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Juan Dalmau presenta propuestas para atender criminalidad
EL PIP HA PROPUESTO LA MEDICACIÓN DE LA DROGA DESDE HACE 25 AÑOS
En San Juan, Puerto Rico. 16 de septiembre de 2012 - Para el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es evidente que la estrategia de delegar la guerra contra el crimen al gobierno federal ha fracasado en varios frentes y lo que ha significado es el abrirle las puertas a la barbarie de la pena de muerte.
"Estados Unidos y Puerto Rico le declaró la guerra a las drogas hace más de dos décadas y claramente han fracasado. Ese fracaso se manifiesta, primero, en la entrada por los aeropuertos y las fronteras del país de millones de dólares en droga para el consumo de los estadounidenses y el mercado local. Segundo, los alegados pactos de cooperación entre el gobierno local y la fiscalía federal, desde los tiempos de Acevedo Vilá, no han ayudado a reducir la criminalidad. Tercero, la Policía de Puerto Rico está en un limbo jurídico y procesal debido al Informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nos tienen en una sindicatura 'de facto'. Es evidente que el problema no está en las penas o en el número de agentes", sentenció Juan Dalmau, candidato a gobernador de la colectividad junto a su compañero de papeleta, Juan Mercado y el aspirante a representante por acumulación, Denis Márquez.
Dalmau condenó que bajo los supuestos acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal se nos imponga la pena de muerte, a pesar de que el país determinó desde principios del siglo pasado abolirlo como castigo ejemplarizante. Informó que actualmente hay en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico 16 personas pendientes de adjudicación elegibles para la pena de muerte.
"Ante los niveles de violencia e inseguridad que agobian al país, el punto obligado de partida debe ser un acuerdo entre sectores políticos y cívicos, con un compromiso para apoyar aquellas iniciativas que, no importa quién las genere, representen un consenso mínimo que se le pueda ofrecer al país, y reconociendo que las raíces del comportamiento criminal son extensas y complejas, abarcando entre otros factores, la educación, la marginación y el consumerismo", puntualizó Dalmau.
Como partida para ese consenso Dalmau subrayó la urgencia de, en primera instancia, revisar las funciones, operación y recursos de la Policía de Puerto Rico, para atender los señalamientos recientes de distintos organismos; para garantizar el entrenamiento y los recursos adecuados para la investigación de crímenes, para despolitizarla y profesionalizarla y para establecer un proceso de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos y nombramientos más efectivo.
Reiteró la necesidad de atender la realidad de que el 80% de los delitos violentos son generados por el uso y tráfico de sustancias ilegales, y mermar la demanda a través de programas de rehabilitación que incorporen el principio de reducción de daños, con estrategias como la medicación de los adictos, y el seguimiento social y terapéutico imprescindible para la rehabilitación, en colaboración con organizaciones comunitarias.
"Si de verdad están comprometidos con la visión salubrista en el tema de las drogas, que empiecen por retar al gobierno de los Estados Unidos con verdaderos programas de medicación de heroína, con la multiplicación de los programas de intercambio de jeringuillas, la creación de centros de inyección segura (sugeridos por entidades como Iniciativa Comunitaria) y la ampliación, por encima de las restricciones impuestas por los federales, de los programas de administración de buprenorfina, un medicamento que ha demostrado ser mucho más efectivo que la metadona. Este es un asunto grave con el que tenemos que estar comprometidos por razones que van desde lo humanitario hasta lo fiscal", expresó el líder independentista.
Señaló que, según la información suministrada por el mismo gobierno, en Puerto Rico sobre el 80 porciento de los delitos están relacionados con el uso o tráfico de sustancias ilegales, y que se estima en más de $600 millones el gasto anual, tan sólo en el procesamiento y encarcelamiento por esos delitos. "No es costo efectivo ni humanitario procesar criminalmente a personas adictas que requieren atención médica".
Por último, Dalmau reafirmó su compromiso de meterle mano a los pejes gordos que financian la droga. "Hay que limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo", concluyó.
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LISTADO DE CASOS DE ELEGIBLES PENA DE MUERTE
CORTE DE DISTRITO FEDERAL
DISTRITO DE PUERTO RICO
PENDIENTES DE ADJUDICACION AL 31 DE MAYO DE 2012
Casos certificados (2)
1. USA v. Lashaun Cassey, 05-cr-277 (ADC)
2. USA v. Edison Burgos, 06-cr-009 (JAG)
Casos pendientes de certificación (14)
1. USA v. Vazquez-Rijos, 08-cr-216 (DRD)
2. USA v. Candelario-Santana, 09-cr-427 (JAF)
3. USA v. Lebrón-Sanchez, 09-cr-594 (M)
4. USA v. Aguilera-Enchautegui, 10-cr-093 (GAG)
5. USA v. Casillas-Sierra, 10-cr-103 (JAG)
6. USA v. Ortíz Torres, 10-cr-138 (GAG)
7. USA v. Velazquez-Aponte, 11-cr-258 (DRD)
8. USA v. Rivera-Clemente, 11-cr-499 (JAF)
9. USA v. Soto-Flores, 11-cr-572 (CCC)
10. USA v. Sanchez-Martinez, et al, 12-cr-036 (CCC)
11. USA v. Ramos-Piñero, et al, 12-cr-200 (JAF)
12. USA v. Jimenez-Bencevi, et al, 12-cr-221- (JAF)
13. USA v. Seary-Colón, 12-cr-00312 (GAG)
14.
USA v. Rolon Rodríguez, 12-cr-785-(M)
