El que en Puerto Rico una de cada dos embarazadas dé a luz por cesárea plantea la búsqueda urgente de estrategias que reduzcan esa práctica a tasas más cercanas al 15%, como lo contempla la Organización Mundial de la Salud.
Por tanto, sin ser visto como la panacea al problema, el proyecto de ley aprobado por Cámara y Senado para que obstetras y hospitales tengan que informar el número de cesáreas que realizan y su justificación, puede ser el punto de partida de un amplio proceso hacia la adopción de políticas reguladoras.
La recopilación de estadísticas sobre los partos, y el acceso a ellas, se nos presenta como una pieza de información útil para la mujer a la hora de tomar decisiones en torno a su salud y su embarazo.
Su utilidad puede magnificarse si esta base de datos es utilizada por el Departamento de Salud y las universidades para investigar las causas -hasta ahora ocultas- de que la Isla haya subido de 14.5% en 1982 a un 48% al presente en cuanto a tasa anual de partos por cesáreas.
Esa investigación tendría que empezar por atender la primera razón que dan los médicos para la recurrencia a las cesáreas, que es de naturaleza fundamentalmente económico-legal, no médica. Porque es el temor de los obstetras a las demandas por impericia, lo que los ha llevado a adoptar la llamada "medicina defensiva" para reducir los riesgos de litigios. Sus riesgos legales aumentan con respecto a otras especialidades, por el hecho de que pueden ser demandados hasta 22 años después de practicado un parto. Por ello, si hay un asunto que requiere un plan de acción y legislativo, es el de las demandas por impericia.
Otro fenómeno que debe ser evaluado con cuidado es la tendencia de los obstetras a inducir los partos, ya sea por sobrecarga de trabajo o porque sus pacientes se lo piden. Una tercera vertiente es la reforma de salud, la que, al colocar en manos de sus pacientes la decisión de dónde parir, ha resultado en una preferencia por los hospitales privados. En estos centros, los facultativos carecen del seguro estatal que cobija a los especialistas que practican en el sistema público.
Enfocarse en todas estas áreas debe llevar al Estado a descubrir por qué la incidencia de cesáreas bajo la reforma subió de 20% en el 1995 a 46% en 2005.
Organizándose las estadísticas, mandatoriamente acompañadas de las razones de cada cirugía, puede llegarse a acciones profesionales para atajar el problema.
La voluntad y el papel de la clase médica son clave en este delicado proceso de atender este cuadro de salud pública. Por eso, no debe haber rechazo del Departamento de Salud ni de los médicos a una fiscalización que, en última instancia, a quienes tendría que beneficiar es tanto a las pacientes como a los mismos médicos.
Hay que abrir las puertas a toda aportación dirigida a estructurar el gran proyecto de mejorar la práctica médica y la salud pública en Puerto Rico.
A ello han ido dirigidas las propuestas para poner fin al injusto racionamiento de servicios a los pacientes por razones puramente económicas; y la de que los médicos puedan negociar colectivamente con las aseguradoras en aras de mejorar la calidad de servicios en la relación médico-paciente.
El proyecto sobre las cesáreas, iniciativa de la senadora independentista María de Lourdes Santiago y pendiente sólo de la firma del Gobernador, hace una aportación concreta a ese fin general de la salud y abre la puerta a procesos más amplios de atención al problema de las cesáreas.
Merece que se le convierta en ley.
