11 de enero de 2009
Comunicado
San Juan - Bajo el manto de un "estado de emergencia fiscal" en el país, el comité designado por el gobernador Fortuño (CAREF) ha recomendado las medidas que garantizarán el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población puertorriqueña. El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reaccionó sumamente preocupado ante las consecuencias directas que las recomendaciones del referido comité tendrán sobre el ciudadano promedio.
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| Dr. Edwin Irizarry Mora |
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"Por un lado, resulta absolutamente contradictorio que se proponga expulsar sobre 11,000 empleados públicos, que representan el consumo potencial de cerca de 45,000 personas (ellos y sus familias), ya que en el contexto de una recesión tal acción lo que hace es profundizar las condiciones de estancamiento de nuestra economía. Esas 45,000 personas pierden gran parte de su poder de compra, lo que afecta fundamentalmente al sector privado. A base de un salario promedio de $21,515 por persona en el 2007, el que 11,000 personas salgan de la fuerza laboral de golpe y porrazo representaría una reducción de sobre $236 millones en el flujo de gastos de consumo durante el año fiscal. Eso es sólo en la primera ronda de gastos" explicó el Dr. Edwin Irizarry Mora, pasado candidato a la gobernación de la colectividad, quien estuvo acompañado por los licenciados Fernando Martín y Juan Dalmau.
Para el PIP las medidas relacionadas con los teléfonos celulares y con más impuestos sobre la gasolina, atentan contra el bienestar de millones de residentes del país. "A pesar de que se recomienda la imposición de una sobretasa de 5% a las corporaciones, medida que el PIP apoya sólo para las corporaciones foráneas, en el balance se perjudica más la clase trabajadora porque se propone congelar por dos años las cláusulas económicas de los convenios colectivos", añadió Irizarry Mora.
El liderato del PIP insistió en que se utilice la capacidad de recaudo del Estado para cobrarle impuestos adicionales a las corporaciones exentas de capital externo –no a las corporaciones de capital puertorriqueño—para salir permanentemente de la crisis fiscal recurrente. "Si el año pasado hubiésemos impuesto una tasa adicional de solo 3% sobre las repatriaciones de ganancias, Hacienda hubiese recaudado cerca de $1,000 millones adicionales; si la tasa hubiese sido de 5%, los recaudos hubiesen sido de sobre $1,650 millones", puntualizaron.
Insistieron en que para crear y asegurar empleos estables hay que ofrecer al sector de la manufactura incentivos no contributivos que ayuden a establecer en el país nuevas industrias y retenerlas. Eso unido a la defensa de la industria nativa, mediante la protección de sectores claves de la economía puertorriqueña y el fortalecimiento de la agricultura de alta tecnología.
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| Juan Dalmau, Edwin irizarry Mora y Fernando Martín, miembros del alto liderato del PIP |
El liderato del PIP destacó que su programa de gobierno contempla la creación de 25,000 a 50,000 empleos permanentes adicionales en el sector agrícola. "A más corto plazo, el objetivo debe ser el de lograr un crecimiento de al menos 20% de ingreso bruto agrícola. Todo esto ayudaría a reducir el desempleo, que a su vez es la fuente de otros graves problemas sociales que nos aquejan".
Señalaron que sólo una reestructuración radical de los manejos de las finanzas públicas, que garantice la erradicación del virus político de ese proceso decisional, puede conducir a la recuperación de la crisis fiscal que atraviesa el país. Los remedios que propone el Comité del gobernador Fortuño, a su juicio, en lugar de aliviar la crisis, la llevarán a niveles inmanejables.
Con el fin de establecer la racionalidad y la prudencia fiscal como ejes de las decisiones económicas, el liderato del PIP presentó las siguientes propuestas:
- Enmiendas inmediatas a la Ley de Contribución sobre Ingresos para que las corporaciones foráneas exentas paguen, como mínimo 3% y como máximo 5% de tasa contributiva sobre las ganancias repatriadas.
- Prohibición absoluta de gastos de publicidad en el sector público consolidado (gobierno central, corporaciones públicas y municipios) durante el cuatrienio completo. Las únicas excepciones serían los anuncios de emergencia y de servicio público, como ocurre durante el año electoral.
- Reducción drástica de contrataciones de bufetes y de otros servicios profesionales y empresas en el sector público consolidado.
- Asignación inmediata del personal que necesita el Departamento de Hacienda para dedicarlo exclusivamente al cobro a morosos y a erradicar la evasión contributiva. Esto incluye una absoluta fiscalización sobre el cobro del IVU, para que la ciudadanía se asegure de que sus pagos fueron recibidos por el gobierno.
- Liberar la legislación relacionada con las cooperativas de ahorro y crédito para que puedan entrar en todos los sectores productivos. Esto incluye al capital comunitario y al capital de los pequeños y medianos empresarios. El PIP insiste en que en estos sectores se encuentra el futuro desarrollo del país.
- Asignar los recursos de investigación y de cobro necesarios para cobrarle al sector privado lo que le adeuda a múltiples agencias de gobierno.
- Que el dinero que el gobierno central tome prestado se utilice para estimular la economía, sin excluir el sector público.
- Buscar formas de gravar el capital acumulado, como por ejemplo, segundas residencias, pero manteniendo la exención total de los hogares de la clase media-trabajadora.
- Preparación de presupuestos gubernamentales multianuales con simulación de ingresos futuros y previsión de gastos
- Preparación y publicación trimestral de informes de ingresos del Departamento de Hacienda y gastos de cada una de las agencias
