Miopía institucional
E N R I QU E TO L E D O
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DEL D ESA R RO L LO
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El plan económico del Gobierno de Puerto Rico no toma en consideración importantes elementos de la estructura económica en la isla. Primero, el mercado laboral en Puerto Rico es extremadamente pequeño dado que la fuerza laboral (compuesta por aquellas personas empleadas más aquellas sin empleo, pero que se encuentran buscando trabajo) representa un 46% de total de personas en edad para trabajar, cuando el promedio mundial es 64%.
Si a este porcentaje se le suma el histórico desempleo estructural de más del 10%, queda apenas un 40% de la población en la Isla que trabaja, cuando el promedio mundial es de un 61.5%.
Segundo, la falta de dinamismo de la economía local no radica en que el Gobierno sea grande, sino precisamente en que el sector privado es pequeño. Es decir, el Gobierno puede parecer grande si solamente tomamos ese 40% de personas que trabaja (el cual representa un 22% del empleo total). Pero si tomamos toda la población en edad para trabajar, y no solamente la que está trabajando, la provisión de empleo del Gobierno alcanza la modesta cifra de 9.3%, la misma que la de Estados Unidos.
En cambio, si vemos el porcentaje de la provisión empleo en el sector privado isleño, tomando en consideración la po- blación en edad para trabajar, las cifras son menos de un 33%.
Contrariamente al sector privado en Estados Unidos otorga el 57% de los empleos para la misma población. Asumir que el sector privado en Puerto Rico absorberá más de 30,000 empleados del sector público es una quimera en vista de que ese sector no ha podido crear suficientes empleos desde el comienzo del programa de industrialización de Puerto Rico hace 60 años.
Tercero, el plan no reconoce una muy importante cantidad de dinero que sale del país, como pago a factores externos, que podría ser utilizado o para pagar parte del problema fiscal del Gobierno o como inversión productiva. Por ejemplo, el sector de la manufactura genera el 40% de la producción total de la isla, pero sólo un 4.7% del empleo para la población en edad de trabajar. Si añadimos el hecho de que tal sector distribuye de manera extremadamente desigual sus ingresos totales, por cuanto los dueños (extranjeros) del capital reciben un 83% y los trabajadores un 17% de éstos, podemos encontrarnos que el beneficio que recibe Puerto Rico no compensa el gran sacrificio que hacemos otorgándole exenciones de impuestos y provisión de otros recursos. El plan establece claramente que las exenciones contributivas al sector manufacturero no se tocarán.
Por consiguiente, podemos asumir que la promesa del Gobierno en realizar una reforma contributiva será, como otras, una enmienda a la aprobada en el 1954.
¿Es posible lograr una recuperación fiscal y económica con un plan que disminuye aún más la tasa de empleo de Puerto Rico, que asume que el sector privado puede emplear más personas (cuando históricamente no ha podido) y que no exige responsabilidad social a los grandes exportadores del país? El problema fiscal y económico de Puerto Rico, no tiene nada que ver con una hipertrofiada nómina gubernamental, sino de una masiva falta de empleos y de nuevos contribuyentes. Para que Puerto Rico se ubique entre los promedios mundiales tiene crear 750,000 empleos, y de éstos, el sector privado necesitaría ofrecer al menos 500,000.
Ello se logra cambiando las políticas económica y fiscal de hace 60 años, la política de uso de fondos federales y, por consiguiente, la naturaleza de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, junto a una reforma del Estado ajustado a las nuevas prioridades y realidades socioeconómicas. Pero éstas son decisiones políticas no economicistas y sí cortoplacistas, como el plan actual del Gobierno.
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