Limarys Suárez Torres/El Nuevo Día
San Juan, Puerto Rico - 12 de mayo de 2009
La alternativa que tiene el gobernador Luis Fortuño para evitar el despido de miles de empleados públicos es levantar la exención contributiva que tienen las empresas foráneas en Puerto Rico.
 El Lcdo. Fernando Martín, Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño,al salir de la reunión con el Gobernador. Foto de El Nuevo Día |
Así opinó ayer Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a su salida de La Fortaleza donde acudió para reunirse con el Gobernador y expresarle su preocupación acerca de los problemas que aquejan al País.
"Una manera de enfrentar y de incluso sobreponerse al problema de la alegada necesidad de despedir empleados públicos es reconsiderando la política de inmunidad que han tenido en Puerto Rico las corporaciones exentas. Estoy convencido que ahí hay una fuente que puede sobrepasar $1,000 millones", señaló Martín.
El presidente ejecutivo del PIP explicó que bajo las leyes de Estados Unidos las contribuciones que paguen esas corporaciones al Departamento de Hacienda sirven de crédito en las planillas federales que llenan esas empresas.
"Estos son momentos extraordinarios y antes de tener que recurrir al tema de despidos ahí hay una fuente que él debe reexaminar. Los decretos (obligatorios de exenciones contributivas) están sujetos a revisiones legislativas en situaciones de emergencia y ciertamente ésta es una de ellas", declaró.
Iniciativa sobre el status
Martín aprovechó a su vez la reunión con Fortuño para traer el tema del status político y reiterarle la importancia de tomar una iniciativa basada en el consenso que se logró en la Legislatura en el 2005.
Aquel consenso, según el presidente ejecutivo del PIP, proponía que el pueblo votaría en un referéndum para que se expresara "sí o no" de exigirle al Congreso que dentro de un tiempo fijo se comprometa a responder al reclamo del pueblo a solucionar el status entre alternativas de status no coloniales ni territoriales.
"Eso es un paso que está dentro de nuestro control y que a nuestro juicio ejercería una presión efectiva sobre el Congreso de Estados Unidos que históricamente ha tenido momentos de alguna iniciativa pero luego pierde la velocidad. Es indispensable que el Congreso se comprometa a buscar una política de descolonización", indicó.
Además de lo descrito por Martín, la medida disponía que de no responder el Congreso dentro de determinado tiempo, entonces en Puerto Rico se escogería un método para solucionar el problema que podría ser un plebiscito o una asamblea constitucional de status, según los archivos de El Nuevo Día.
El entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó ese proyecto, señalando comentarios de líderes del PNP afirmando que el texto de la medida no los comprometía a convocar una asamblea constitucional de status.
Ferrer rechaza otro HR 900
Mientras, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, envió ayer una misiva a varios congresistas asegurándoles que si el proyecto de status que impulsa el comisionado residente, Pedro Pierluisi, descarta la alternativa del Estado Libre Asociado (ELA) su partido lo rechazará tenazmente.
Ferrer indicó que Pierluisi se aparta del compromiso de Obama con los puertorriqueños y sigue un camino distinto al del Presidente y el Partido Demócrata.
Según Ferrer el proyecto de status de Pierluisi es similar al proyecto HR 900 que pretendía que los puertorriqueños eligieran ELA Sí o No.
Reforma electoral
Mientras, Martín señaló que otra preocupación que trajo a la atención de Fortuño es el problema relacionado a la Ley Electoral, particularmente al financiamiento de las campañas políticas.
"En estos momentos de enorme crisis fiscal la preocupación principal debe ser reducir al máximo los gastos en las campañas políticas y las contribuciones públicas. Para lograr eso en primer lugar tiene que reducirse el tiempo de la campaña y segundo crear un tope que debe ser modesto y que cada partido lo levante como pueda", sostuvo.
El presidente ejecutivo del PIP utilizó de ejemplo que los partidos busquen $1 millón destinados para gastarse en medios de publicidad y que se usen en un período de 60 días.
"Realmente es más que suficiente si se distribuyen bien y eso es una manera de enfrentar el problema del financiamiento de las campañas políticas en momentos de gravísima necesidad sin quitarle el componente o la aproximación a un régimen de cierta igualdad y de cierta oportunidad democrática para todos", apuntó.
