En San Juan, Puerto Rico. 21 de junio de 2011.- "El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), repudia enérgicamente la política de privatización solapada de activos de la administración de Luis Fortuño cuyo único fin es obtener fondos para pagar deudas viejas y corrientes con los bonistas del gobierno y no generar actividad económica nueva e innovadora, que fue lo que prometieron harían con esa ley." Así se expresó el Secretario General del PIP, Juan Dalmau Ramírez, al reaccionar al anuncio hecho por el Gobernador y el director de la Autoridad para las APP, David Álvarez, de pasar a manos privadas la operación de la PR-22 por un periódo 4 décadas, que incluye el poder del operador privado de subir el costo de los peajes sin que se comprometa a hacer una inversión realmente significativa en infraestructura durante dicho tiempo. "Han empeñado la Autopista de Diego" sentenció Dalmau.
A juicio de Dalmau Ramírez esta determinación responde a la política de cuadrar los libros del gobierno sin tener que hacer permanente el impuesto del 4% a las multinacionales y a devolución de favores a personas políticamente cercanas a él. En nada se distancia o diferencia de la tradicion impuesta por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. "Lo peor de todo es el desparpajo con que entregan en bandeja de plata a sus amigos y contribuyentes políticos las actividades del gobierno más lucrativas sembrando desasosiego en la clase trabajadora del País. Socializan los costos de las operaciones perdidosas del gobierno y canalizan los beneficios al sector privado de las instrumentalidades o servicios que le representan ingresos al fisco", puntualizó.
Mencionó como ejemplos de esta práctica la propuesta de privatización de la Lotería Electrónica; las denuncias hechas por la UTIER y los gremios magisteriales de los intentos por parte del Gobierno de privatizar la AEE y las escuelas; y las privatizaciones y ventas en el pasado de la Telefónica y las instalaciones hospitalarias del Departamento de Salud.
El Gobierno anunció que el consorcio compuesto por el fondo de inversiones Goldman Sachs y la multinacional española Abertis Infraestructuras obtuvo mediante una Alianza Público-Privada (APP) el contrato para financiar, mantener y operar las autopistas PR-22 y PR. "Exigimos al Gobernador transparencia, para que diga quienes son los representantes legales de los nuevos dueños de facto y la relación de esa gente con su gobierno y detalle cómo se llevó a cabo el proceso para evitar conflictos de intereses entre los participantes. Además, advertimos sobre las consecuencias nefastas que sobre los empleados de estas vías traerá dicha determinación." sentenció Dalmau.
"Recuerden la experiencia del Puente Moscoso. Ya lo verán, más temprano que tarde, estas empresas arremeterán contra el bolsillo de los miles de conductores que por esa vía transitan, aumentando dramáticamente el precio de los peajes para enriquecerse aún más. Esto, como un impuesto indirecto al pais, a pesar de las promesas gubernamentales de que no habrá aumentos inmediatos en los peajes. Pero, ustedes saben, los que están ahora en el poder y los populares que estuvieron antes, llevan 40 años quebrantando sus promesas", concluyó Dalmau Ramírez.
