Mi nombre es Fernando Martín y testifico ante ustedes una vez más en
representación del Partido Independentista Puertorriqueño del cual soy
Presidente Ejecutivo.
En marzo de este año el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el
Status de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados
Unidos rindió su primer informe bajo la actual incumbencia del
Presidente Obama. Anteriormente, bajo la incumbencia del Presidente
Bush se habían emitido dos informes; uno en 2005 y otro en 2007.
En lo fundamental el más reciente informe confirma y
reitera la conclusión principal de los anteriores en cuanto a la
actual relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esta se
caracteriza como una de naturaleza territorial sujeta a los poderes
soberanos del Congreso de Estados Unidos. En el lenguaje del derecho
constitucional de Estados Unidos ello significa que Puerto Rico
continúa siendo – como lo ha sido desde la invasión y ocupación de la
isla durante la guerra Hispano-Americana - una posesión de Estados
Unidos.
Aunque duela oirlo, la admisión por parte de Estados
Unidos de que con respecto a Puerto Rico sigue siendo – en el lenguaje
del derecho internacional – una potencia colonial resulta refrescante
particularmente en comparación con las décadas de engaños y mentiras a
la comunidad internacional desde el momento mismo en que comenzó a
gestarse fraudulentamente la Resolución 748 de 1953 con la que Estados
Unidos – mediante treta y engaño – pretendió persuadir a la comunidad
internacional de que el colonialismo en Puerto Rico había terminado.
Desgraciadamente, sin embargo, a esta admisión de culpa no
le ha seguido la determinación de asumir una responsabilidad
descolonizadora que le ponga fin al régimen colonial. Como en otros
importantes temas ante Naciones Unidas, Estados Unidos se hace de
oídos sordos ante los reclamos del derecho internacional que dice
respetar. La arrogante temeridad de ese país ante las resoluciones de
Naciones Unidas sobre el embargo a Cuba o sobre los derechos de los
palestinos son prueba de lo anterior.
Es por ello que frente a la inercia y la pasividad de
Estados Unidos ante lo que debería ser su obligación, y ante, lo que
– a todas luces – parece ser una disposición de continuar con la
relación colonial indefinidamente nos corresponde a los
puertorriqueños tomar todas aquellas iniciativas que ayuden a poner en
marcha un proceso que pueda generar una dinámica descolonizadora. Lo
que resulta claro, es que si nos sentamos a esperar que Estados Unidos
– sua sponte – cumpla con sus obligaciones bajo el derecho
internacional, el colonialismo habrá de persistir en Puerto Rico.
El Partido Independentista por ejemplo, viene comprometido
hace varios años con promover una iniciativa en Puerto Rico en la que
los puertorriqueños podamos expresarnos en contra de la continuación
del actual régimen colonial y territorial, y a favor de alternativas
no coloniales ni territoriales reconocidas por el derecho
internacional. Lograr articular eficazmente la indudable mayoría
existente en contra del actual status de subordinación política es
tarea urgente y posible, y daría al traste para siempre con el espúreo
argumento (tantas veces y todavía utilizado por Estados Unidos) de que
los puertorriqueños favorecen el colonialismo. Aunque este tipo de
iniciativa política local, aún de lograrse, no garantiza de por sí
nuestra descolonización, sí puede poner sobre el Congreso y el
Gobierno de Estados Unidos la presión necesaria para que éste tenga
que enfrentar sus responsabilidades bajo el derecho internacional.
Al final del camino, la independencia del país se hará
realidad al florecer plenamente la vocación nacional y libertaria de
los puertorriqueños, por tanto tiempo suprimida por la dependencia y
el coloniaje.
Una vez más el proyecto de resolución ante ustedes
solicita a la Asamblea General que examine el caso de Puerto Rico.
Exhortamos a los países miembros del Comité, particularmente a los
latinoamericanos y caribeños a que coordinen esfuerzos para asegurar
que esta solicitud del Comité sea la base para una iniciativa política
de estos países hermanos para lograr este objetivo en la Asamblea
General. Estoy seguro que la unanimidad que encontramos en este
Comité la habrá también cuando se reúnan en cónclave los países
latinoamericanos y caribeños sobre el tema de la descolonización y la
independencia de Puerto Rico.
Insisto, por último, en el caso de los presos políticos,
particularmente Oscar López Rivera quien recién ha cumplido treinta
años de cárcel en prisiones de los Estados Unidos por su lucha por la
independencia de Puerto Rico, y a quien nunca se le vinculó con
delitos de sangre. Su martirio penitenciario ha sido un abuso y un
atropello nada menos que salvaje, y no tiene otra explicación que como
manifestación de la política de represión anti independentista que aún
prevalece en el gobierno de Estados Unidos.
El Partido Independentista Puertorriqueño apoya en su
totalidad el proyecto de resolución ante ustedes sobre el caso
colonial de Puerto Rico y les solicita la aprobación del mismo.
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Omar Bonet
obonetpr@gmail.com
