SAN JUAN, Puerto Rico, 8 de Noviembre de 2009 (NCM) – Un barco detenido en alta mar cuando navegaba con rumbo a la Coruña, España, guarda para Puerto Rico la clave sobre el incendio que destruyó el mes pasado un depósito de combustible famoso desde por lo menos 2005 como un punto de recibo de contrabando de hidrocarburos.
Pero esta clave sigue en el misterio mientras esta nación caribeña tiene las manos llenas atendiendo un estridente conflicto social y político que amenaza con una huelga general y la lucha sobre la verdad llega al extremo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó un proyecto de ley que metería a la cárcel a los que obtengan por vía electrónica y difundan información que el Gobierno quiera esconder "por razones de orden público, seguridad o cualquier otra motivación".
De hecho, aunque ya han pasado dos semanas del siniestro, las autoridades de Puerto Rico confirman ni siquiera conocen el origen de la gasolina transportada por el Cape Bruny, de bandera de las Islas Marshall y procedente de Sines, Portugal. Cerca de la medianoche del 23 de octubre, en la Caribbean Petroleum, el barco llenaba el tanque 409 –con capacidad informada por el Gobierno de 120,000 barriles- que se desbordó por causas indeterminadas y cuyos vapores estallaron al entrar en contacto accidentalmente con una fuente de energía eléctrica.
Lo que sí se ha podido establecer es que a pesar de que la explosión marcó 2.9 en el sismógrafo y desató un incendio con llamas descomunales que en 60 horas consumieron casi dos millones de barriles de combustible, el barco zarpó apenas una o dos horas después del primer estallido. La acción contrasta con la práctica general de que ante tales incidentes los propios barcos informan al capitán del puerto y sólo zarpan tras depositar una fianza que les permite navegar sin ser molestados hasta el próximo puerto.
Sin embargo, en este caso, las naves de Estados Unidos localizaron el Cape Bruny en alta mar y fue detenido, pero en lugar de hacerle volver se decidió enviar por helicóptero a los agentes investigadores que hicieron la intervención. Al final y luego de que se determinó que el incendio no fue intencional – "ni terrorismo, ni sabotaje"- el sumario pasó a la fiscalía de distrito de EEUU y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que prosiguen en conjunto las pesquisas.
Mientras tanto, en un pleito civil en el Tribunal de EEUU se alega que el Cape Bruny tuvo participación en la negligencia que ocasionó el fuego, mientras la empresa ha dicho que su barco estuvo apenas por casualidad ("innocent bystander") en las inmediaciones del fuego.
La otra parte del siniestro recae en la Caribbean Petroleum propiedad de Gad Zeevy, el empresario sindicado en Israel por vínculos criminales con la mafia rusa y que ha recibido tratos muy favorables de gobiernos de Puerto Rico para su perdidosa empresa. Se trata, sin embargo, de un personaje cuyo poder ha sido tal que a pesar de que ya era el centro de un escándalo de grandes proporciones por presunto lavado de dinero para la mafia rusa, en 2007 participó en una conferencia internacional sobre seguridad del Estado de Israel a la que también asistió el jefe de inteligencia militar de ese país, políticos de diversas nacionalidades, embajadores, estudiosos y empresarios.
En lo tocante a Puerto Rico, la inmunidad de Zeevy ha sido tal que el Gobierno había continuado sus negocios con la Caribbean Petroleum a pesar de que en 2005, el entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, la identificó como una de las empresas involucradas en el contrabando petrolero. Ese tráfico ilegal le había costado para esa fecha cerca de 1,000 millones de dólares al Estado.
Con fecha del 26 de octubre –apenas tres días del fuego- el Ejército Popular Boricua-Macheteros logró la difusión electrónica de un mensaje en el que advirtió que en una reunión después de comenzado el incendio, el Agente Especial a Cargo del Buró Federal de Investigaciones, Luis Fraticelli, el jefe de la Policía nacional José Figueroa Sancha, el Secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, y el alcalde de San Juan, Jorge Santini discutieron "que ese era buen momento para descabezar a los movimientos disidentes". Un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia dio una versión similar sobre la supuesta reunión y agregó que el tanque se había sobrecalentado como resultado de una sustancia enviada incorrectamente.
Peritos han explicado que si los aditivos son enviados con demasiada presión desde el barco, se puede provocar una turbulencia que sobrecaliente la gasolina y expanda como ocurre con la leche al hervir.
En la otra cara de la moneda y actuando como portavoz del comando conjunto que atendió la emergencia, el 30 de octubre Fraticelli, aseguró que los investigadores "no tenían ni ideas ni actitudes preconcebidas". Además, dijo que luego de que se descartó el terrorismo o el sabotaje, continuarán las pesquisas para "posibles ángulos criminales y civiles".
Para el Gobierno de Puerto Rico, que basa su estrategia de recuperación ante la crisis fiscal y el deterioro de la economía en conseguir inversionistas privados que se hagan cargo de obras y servicios públicos, aclarar a fondo lo que pasó en este caso puede resultar más explosivo que el propio fuego.
Por un lado, para los capitalistas aventureros que invierten en obras públicas, proyectos y hasta caridades en países del Tercer Mundo, todo el asunto puede resultar muy incómodo. Mientras tanto, se ha deteriorado la confianza pública en que grupos privados actuarán con responsabilidad o que, al menos, el Gobierno podrá fiscalizarlos adecuadamente.
Esto ocurre en un ambiente volátil en el que las marchas, piquetes y los más diversos tipos de protestas sociales por la estrategia de despedir decenas de miles de trabajadores del Estado prometen complicarse con la esperada reforma de la Rama Ejecutiva, que a fin de año pondrá sobre el tapete –para su eliminación o consolidación- por lo menos 40 agencias públicas.
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