Prensa Asociada/El Vocero
San Juan, Puerto Rico - 11 de septiembre de 2009
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se anotó el jueves una importante victoria judicial cuando el juez superior José Loubriel no acogió la moción de desestimación presentada por el gobierno en el largo pleito de las carpetas por ideología política presentado en 1993. Tras escuchar el testimonio del presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín, la representante legal del Departamento de Justicia, Eileen Quintana, pidió infructuosamente la desestimación de la demanda argumentando que el testigo no sometió ninguna evidencia de que el daño sufrido por la colectividad "es producto del carpeteo".
El juez otorgó a las partes hasta el 8 de octubre para que sometan por escrito las razones en derecho por las cuales debe resolver a su favor.
Loubriel le preguntó a Martín si con la decisión del Tribunal Supremo que declaró ilegal la practica del carpeteo no se resarcieron los daños sufridos por el PIP.
"La mejor contestación que le puedo dar es que la esclavitud se acabó hace más de 100 años, pero todavía existe el prejuicio racial", expresó el líder pipiolo.
"La efectividad de la decisión del Tribunal Supremo y de decisiones posteriores depende de la vigilancia que el Estado le dé a tratar de evitar que se siga dando la persecución política contra independentistas y otros grupos", manifestó al tiempo que se mostraba preocupado por la posición de Justicia de que "no hay ni ha habido daño".
Martín sostuvo que la reputación y la imagen "es la espina dorsal" de todo partido político y afirmó que no se puede llevar un mensaje al pueblo a favor de la independencia del país cuando el Estado criminaliza a los miembros de la institución.
"Es como si en una carrera de pista y campo a uno de los corredores (PIP) le amarran un saco de 100 libras en la espalda... el efecto es colocarlo en una desventaja estructural dramática", dijo en referencia a la competencia entre el PIP frente a los dos partidos de mayoría.
En la demanda por daños y perjuicios, el PIP está pidiendo que el Estado lo indemnice por las décadas de persecución política.
El PIP reclama el pago de 150,000 dólares, la cantidad mayor que la ley le impone al Estado en este tipo de litigio civil, dijo el representante legal del PIP, Denis Márquez Lebrón.
"Cualquier sentencia que fuera por menos del tope de lo que dispone la ley, para mí el mensaje del tribunal sería que esto es pecata minuta y una invitación de que un gobierno futuro pueda retomar esa práctica", destacó Martín a preguntas del juez sobre la reclamación.
Durante largos años, la División de Inteligencia de la Policía creó y mantuvo expedientes sobre las actividades de los simpatizantes de la independencia y sus familiares.
En 1988, el llamado carpeteo fue declarado inconstitucional y la División de Inteligencia, desmantelada. El gobierno tuvo que entregar a los perseguidos sus expedientes, en los que figuraba información personal y familiar, sus actividades diarias e incluso un registro en el que se constata que las carpetas eran consultadas tanto por agentes locales como federales.
La evidencia del PIP incluye 17,000 folios de supuesto carpeteo del Estado contra los miembros de esa colectividad.
"Eso (17,000 folios) es una especie de monumento perverso al esfuerzo sistemático del Estado" de persecución contra el independentismo, declaró Martín a preguntas del licenciado Márquez.
El líder independentista indicó que el PIP radicó la demanda de daños y perjuicio porque el no hacerlo "hubiese sido no reconocer la importancia del efecto devastador" que tuvo el carpeteo.
Rubén Berríos, presidente del PIP, reclamó fuera de la corte que el gobernador Luis Fortuño y el secretario de Justicia, Antonio Sagardía, deben explicarle al pueblo si la representante legal de Justicia habló a nombre de ellos, "porque si fuera así, eso constituye un peligro para este país en este momento y yo creo que ellos dos deberían contestar esa pregunta".
"Esto es un caso de carácter moral, simbólico, histórico. Esto no es un asunto de carácter monetario porque no hay forma de calcular lo incalculable. El daño hecho a la conciencia de tantos puertorriqueños, el daño hecho a la honra de tantos puertorriqueños, el daño hecho a las instituciones que luchan por la independencia de Puerto Rico, eso no se puede calcular", sostuvo Berríos.
Destacó que la importancia de este caso es "saber que no hay impunidad", sobre todo en momentos en que, dijo, las autoridades estadounidenses en la isla continúan persiguiendo a los independentistas.
