22 de diciembre de 2007
Por Jesús Dávila - Corresponsal de El Diario La Prensa en San Juan
SAN JUAN/corresponsal EDLP – La Casa Blanca endureció su posición de que las soluciones al caso colonial de Puerto Rico son anexión como estado de la Unión y la independencia, además de advertir que aún si los puertorriqueños quieren seguir como "Estado Libre Asociado", el mismo podrá ser revisado, alterado o revocado "unilateralmente" por el Congreso.
El informe del grupo de trabajo de la Casa Blanca que fija la posición oficial sobre Puerto Rico, y que fue dado a conocer ayer, incluyó además la dramática aceptación de que Estados Unidos le dio a la Organización de Naciones Unidas en 1953 información falsa que indicaba que Puerto Rico había superado su condición colonial, pero explicó que eso se hizo "oralmente" por el embajador y que los documentos y determinaciones posteriores aclararon el asunto.
El documento inclusive le cierra el camino a la posibilidad de plantear la "libre asociación" como una manera de autonomismo y aclaró que si se planteara ese camino "habría la necesidad de hacerle claro al pueblo de Puerto Rico" que esa condición "es una forma de independencia".
La determinación de la Casa Blanca de sostener la política pública de 2005 y presentarla de manera todavía más fuerte da al traste con los esfuerzos del gobierno autonomista de Puerto Rico, que llegó al extremo de solicitar a la Secretaria de Estado, Condoleeza Rice, que se revirtiera a la posición anterior de que esta nación había dejado de ser colonia con el establecimiento del régimen autonómico de 1952. En una carta a la Secretaria Rice, el Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, advirtió que de lo contrario EE.UU. tenía el deber de admitir que había engañado a la ONU cuando logró sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales en 1953.
La Secretaria Rice dijo que la posición del Departamento de Estado estaría contenida en el informe de Casa Blanca, cosa que ocurrió ayer. Pero no fue sólo la postura de Casa Blanca y del Departamento de Estado, sino que el informe fue firmado también por los departamentos de la Defensa, Seguridad de la Patria (Homeland Security), Justicia y otras once agencias representadas en el comité.
De acuerdo al documento, Puerto Rico sigue siendo una colonia –territorio no incorporado en la nomenclatura federal estadounidense- sujeto en todo momento a los poderes plenarios del Congreso. El informe insiste en dos plebiscitos para que los boricuas expresen si quieren seguir bajo la presente condición o, de querer un cambio, procedería una segunda votación entre anexión e independencia.
Una de las pocas concesiones que hace a los autonomistas es que, aunque no avala directamente la asamblea constituyente como mecanismo, le reconoce a Puerto Rico que puede llevar a cabo un proceso de su iniciativa para ilustrar al Congreso.
"Aquí no hay nada nuevo", dijo a nombre del Gobierno de Puerto Rico el director de la Administración de Asuntos Federales, Eduardo Bhatia, quien aseguró que el documento es "aún más irrelevante que el del 2005". Además, insistió en que sus conclusiones son "contrarias a derecho, a política pública y a los principios democráticos".
Por su parte, el presidente del Senado, el anexionista Kenneth McClintock lo vio de otra manera y dijo que "a los que creían que el gobierno federal iba a aguar el contenido del informe anterior, les defraudará que en este informe de seguimiento lo que se hace es fortalecer la recomendaciones hechas en el reporte del 2005 e iluminar cada vez más el camino a seguir por aquellos puertorriqueños que no quieren aceptar que somos un territorio y debemos dejar de serlo".
El Secretario para Asuntos de Norteamérica del Partido Independentista Puertorriqueño, Manuel Rodríguez Orellana, dijo que el informe aclara más el de 2005 y que "la pregunta es si ahora el liderato del ELA colonial" necesitará un tercer golpe o si se unirá al reclamo por la descolonización. Rodríguez Orellana dijo que además el informe le pone presión moral al Congreso.
Gobierno rechaza conclusiones
San Juan/EFE — El Gobierno de Puerto Rico lamentó las conclusiones de un informe del Grupo de Trabajo del presidente George W. Bush, que se hizo público ayer y que determina que el Congreso estadounidense tiene la última palabra en relación a cualquier decisión sobre el estatus político del país caribeño. El director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, Eduardo Bhatia, en nombre del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, rechazó el contenido del informe y sus conclusiones "por encontrarlas contrarias a derecho, a política pública y a los principios democráticos básicos".
El informe expresa que Puerto Rico, Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU. desde 1952, es una jurisdicción que depende en última instancia de la autoridad del Congreso estadounidense.
"El Gobierno de Puerto Rico reitera que luchará por lograr un proceso que sea democrático, inclusivo y de amplia participación de todos los sectores políticos en la isla", indicó Bhatia en un comunicado. Sostuvo que acudirá "a todos los foros disponibles, incluyendo las Naciones Unidas, a denunciar esta expresión"
