María de Lourdes Santiago
Senadora y Vicepresidenta
Partido Independentista Puertorriqueño
27 de noviembre de 2007
Según los augurios, las últimas semanas del año traerán también el fin de las especulaciones en torno a la investigación que conduce el gobierno de los Estados Unidos sobre la recaudación de fondos de campaña del gobernador de Puerto Rico. En todo caso, se radiquen o no acusaciones contra Acevedo Vilá o sus allegados, ante el juicio público al menos tres elementos han quedado probados más allá de toda duda. El primero es la entronización del inversionismo político en el financiamiento privado de las campañas del PPD y el PNP. Independientemente de que se configuren delitos, o de que éstos hayan prescrito, el hecho es que esta investigación y las convicciones anteriores confirman que la fastuosa publicidad que ha llevado al poder a candidatos y candidatas rojos y azules ha sido costeada de manera ilegítima, y que lo que está en juego es mucho más que el mero ajustarse a los límites de aportaciones que en el momento determine la ley electoral. Se trata de la compra, o como mínimo, del intento de comprar favores gubernamentales con donativos políticos. Es la conversión de la responsabilidad de gobernar en una vulgar subasta.
En segundo lugar, la investigación al gobernador certifica la función del tribunal federal como brazo jurídico del sistema colonial. Como quien descubre el Mediterráneo, dos o tres con pretensiones de iluminados vociferan que el asedio a Acevedo es un caso de "persecución política". La realidad es el tribunal federal siempre ha actuado según convenga a los intereses de la metrópolis, y que mientras Puerto Rico sea una colonia no será de otra manera. Cuando el gobierno estadounidense decretó guerra abierta al independentismo, la fiscalía y el tribunal federal fueron los instrumentos de ese trabajo sucio. Y no se escuchó, en aquella era de tan grandes injusticias, ni una sola voz estadolibrista denunciando el abuso de los americanos. Para irnos a un ejemplo más cercano en el tiempo, cuando el juez Laffitte decretó ilegalmente que Fernando Martín tendría que permanecer preso de manera indefinida, hasta que pagara la multa impuesta por dirigir a más de cien independentistas en actos de desobediencia civil en Vieques, la entonces candidata a la gobernación aplaudió públicamente el acto ilegal del tribunal. Acevedo Vilá, entonces aspirante a comisionado, hizo lo mismo que durante toda la lucha por la paz de Vieques: absolutamente nada.
La diferencia fundamental es que a los independentistas se les ha perseguido por patriotas; a los otros se les investiga, se les encausa y se les condena por ladrones.
El tercer cargo que ya ha quedado probado contra al gobernador es la solidez de su vocación de colonizado y el anacronismo de su visión política.
Los más ingenuos y los más perversos insisten en la inverosímil vinculación de la investigación federal con el "enfrentamiento" del gobernador con el FBI tras el asesinato de Filiberto Ojeda. A saber qué imagen fabricada evocan esas personas, pero lo que el país completo vio ese fatídico 23 de septiembre fue a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Policía de Puerto Rico en abierta colaboración con los asesinos, mientras ése que quieren pintar como el valeroso habitante de Fortaleza guardó total silencio, y se contentó luego con pleitear inútilmente por una entrega de documentos en lugar de radicar acusaciones por asesinato contra Luis Fraticelli, el director del FBI que prácticamente confesó el crimen en sus declaraciones a la prensa. Sólo una devoción irracional por Acevedo impediría percibir su bochornoso papel de cómplice en la muerte de Filiberto.
Recordemos también que ese gobernador a quien ahora el PNP, en una estrategia bastante elemental para enemistarlo con la derecha tilda de "separatista" y "chavista", fue el que propuso que Roosevelt Roads, en lugar de utilizarse para el desarrollo de la región este, se destinara a albergar las oficinas de Homeland Security, el que fervientemente ha defendido el reclutamiento militar en las escuelas y la participación de los puertorriqueños en las guerras de EU (basta recordar aquella visita, pavo en mano, a los soldados en Irak), el que no se ha atrevido a cuestionar la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, el que jamás ha reclamado un solo poder o prerrogativa para Puerto Rico y el que ha acogido con tranquilidad bovina los dictámenes de agencias y tribunales federales perjudiciales a nuestra economía. Dicen que si tiene cuatro patas, un rabo y ladra, es perro: con sus acciones y omisiones Aníbal Acevedo Vilá pinta el retrato preciso del pitiyanqui clásico, el colonizado contento o aún más, admirado y agradecido del amo. ¿A qué viene entonces el simulacro de rabieta con el gobierno federal, a través de conferencias de prensa y más patéticamente, de la carta de "amenaza" a Condoleezza Rice?
Nada hay de gallardo en las actuaciones del gobernador del ELA, sólo un desesperado intento de defensa propia de quien ha descubierto que ya no le cobija la inmunidad bajo la cual operaron sus predecesores. Percibiéndose estrangulado por la mano que antes empuñaba suavemente la cadena, Acevedo no se plantea la legitimidad de ese amarre: sólo pide un regreso a los buenos tiempos de mutuo engaño y complacencia. Lo peor-y aquí se hace patente su falta de sincronía con la historia—es que lo hace en el momento en que el mismo gobierno estadounidense evidencia su disposición al cambio, en particular a través del Informe del Grupo de Trabajo cuyas conclusiones él exige sean enmendadas. La carta a la señora Rice, con su simplona amenaza de retirar el apoyo del gobierno estadolibrista a la posición que los Estados Unidos ya abandonó, se convierte así en una farsa, torpe, casi trágica y sin más sentido que la penosa pretensión de hacer ver que todo el lío con el tribunal es parte de una amplia controversia política, en la que el reclamo principal por parte del gobernador es su derecho al colonialismo.
Con acusaciones o sin acusaciones, lo que no va a tener el gobernador es la contestación que ansía para su carta. Su fantasía de colonia a perpetuidad ya no tiene espacio en la historia, ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Acevedo Vilá perdió la oportunidad de ver en la investigación federal y en los procesos en Washington las señales de los tiempos. Ahora, más allá de los eventos inmediatos, corresponde al país, como en tantas otras cosas, suplir la falta de visión del gobernador.
