EL DIARIO LA PRENSA, NUESTROS PAÍSES - NUEVA YORK, 11/16/2007
Jesús Dávila
SAN JUAN/Corresponsal EDLP — Los rumores y la incertidumbre sobre lo que pasará con el Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, con respecto a la investigación en su contra y del oficialista Partido Popular Democrático eran ayer la orden del día en medios noticiosos, mientras en el Palacio de Santa Catalina la actividad parecía estar reducida al mínimo.
El panorama se complicó todavía más cuando el periódico The New York Times informó en su edición de ayer que el nuevo secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, se había reunido ya con los abogados del Gobernador, lo que hacía anticipar que estaba a punto de producirse o se había producido la decisión final sobre si arrestar o no a Acevedo Vilá y otros colaboradores suyos.
Aunque en horas de la tarde el buró de San Juan de la agencia noticiosa The Associated Press publicó que el propio Departamento de Justicia en Washington había desmentido la noticia del periódico neoyorquino, su impacto en el país evidenció la alteración de los ánimos y la preocupación en diversos sectores. Además puso de manifiesto que el manejo de la información ha sido uno de los problemas principales desde que se conoció que Acevedo Vilá y el PPD eran blancos de una pesquisa sobre corrupción por parte de las agencias de EE.UU.
El panorama se ha complicado además con las admisiones que han ido produciendose por parte del propio liderato del partido autonomista sobre irregularidades y actividades delictivas ocurridas en torno a sus cuarteles generales. Esta misma semana el propio gobernador la emprendió públicamente contra el ex funcionario público y político Fulgencio Correa por ser un testigo de cargo y estar ahora bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico por casos de presunta corrupción.
Ayer mismo, circuló una grabación atribuida a Correa en la que éste se siente perseguido por los fiscales de Puerto Rico a pesar de que no le había quedado más remedio que declarar contra otras personas luego de que su intento de acogerse a la protección constitucional contra la auto incriminación –la Quinta Enmienda- fue derrotada cuando, como es de uso en el gran jurado, se le concedió inmunidad. En tales casos, si el testigo no declara puede ser encarcelado por desacato.
Las admisiones de que en torno al PPD se han cometido delitos de corrupción incluye la alegación de la jefatura partidaria de que le entregó evidencia a las autoridades federales sobre la apropiación de cerca de $50,000 por parte de un funcionario del partido durante la campaña del año 2000, sin que se hiciera gestión alguna para procesarlo. De igual forma, el mismo Gobernador Acevedo Vilá anunció que su agencia de publicidad le proveyó pruebas a la fiscalía federal sobre lavado de dinero por parte del PPD en la campaña del año 2000 e involucró en el asunto a la anterior presidenta y gobernadora, Sila María Calderón.Fue durante esa misma campaña de 2004 que el propio PPD pidió la investigación de las autoridades federales para esclarecer la presunta falsificación de un cheque del partido que habría intentado depositar en un banco de México un llamado "Club 99 Internacional".
