El Diario La Prensa, NUESTROS PAÍSES - Nueva York, 11/13/2007
Jesús Dávila
SAN JUAN/Corresponsal EDLP — Tras anunciar que está por concluir la pesquisa de un gran jurado en la que Estados Unidos "trata" de acusarle de delitos, el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá se defendió diciendo que es perseguido por la fiscalía, el tribunal y el Buró Federal de Investigaciones, a la vez denunció a su propio Partido Popular Democrático.
"Nada ni nadie me va a detener", dijo Acevedo Vilá en una extensa rueda de prensa en el Salón Informal del Palacio de Santa Catalina, en la que contestó por más de una hora todas las preguntas de los periodistas, reiteró que es inocente y aseguró que si fuera acusado no renunciará a la gobernación ni a la candidatura para un nuevo término en 2008.
De hecho, también reiteró que sigue como defensor del régimen autonómico bajo EE.UU. y que continuará la política de desviar casos de los tribunales de Puerto Rico a los federales para evitar que los imputados tengan derecho absoluto a la fianza porque no permitirá que "lo que están tratando de hacer conmigo afecte la lucha contra el crimen".
En general, dijo que hizo la aparición –a la que asistieron todas las televisoras, radioemisoras y prensa escrita- la hizo en consulta con sus abogados porque entiende que de otra manera evidencia importante nunca será conocida por el gran jurado y para cumplir su deber de informarle al pueblo.
En específico, Acevedo Vilá dijo que su agencia de publicidad entregó a la fiscalía de distrito de EE.UU. evidencia de un donativo ilegal hecho al PPD cuando lo presidía la ex gobernadora Sila María Calderón y que, sin embargo, hasta donde sabe, eso no ha sido investigado porque también involucra al conocido empresario anexionista Jaime Fonalledas. "He sido tratado diferente", dijo el Gobernador al insistir que el rigor de la pesquisa, las filtraciones y las presiones a testigos para que declaren en su contra no son comparables con otras llevadas a cabo por casos de corrupción en EE.UU. o en Puerto Rico.
Pero, a pesar de ser prolijo en señalar muchos aspectos en los que entiende que se han cometido injusticias en su contra durante el proceso investigativo a base de las informaciones que le han dado sus abogados y de otras fuentes, cuando se le preguntó si esos mismos abogados le han informado cuál es la teoría que pretende montar la fiscalía para tratar de acusarle, contestó en la negativa. De lo que sí está seguro, según su relato, es que en los próximos días terminará la pesquisa que comenzó con una querella que presentara en septiembre de 2004 el ex gobernador anexionista Carlos Romero Barceló en la que le imputaba estar vinculado a una pandilla de presuntos inversionistas políticos de Filadelfia relacionados al empresario Robert Feldman.
Pero cuando se le preguntó por la parte de la pesquisa que se originó con la querella de su bando sobre un supuesto cheque fraudulento del propio PPD de más de $800 mil depositado en México por un tal "Club 99", contestó que "de eso yo no tengo ninguna información".
La rueda de prensa estuvo llena de revelaciones de diverso tipo y, cuando contestó una pregunta relacionada con el vínculo que pudiera haber entre la pesquisa en su contra y las gestiones de su gobierno para esclarecer la muerte del comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros, Filiberto Ojeda, hizo una revelación que sorprendió a todos.
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Nota:
El Partido Independentista Puertorriqueño ha señalado en más de una ocasión la contradicción de parte del gobernador y de los líderes del Partido Popular en atacar al aparato jurídico de Estados Unidos que opera en Puerto Rico mientras apoya al sistema colonial que le permite al tribunal federal y a la fiscalía de EEUU operar aquí. Es la subordinación política y jurídica a que estamos sometidos la que le le permite al poder metropolitano, que es Estados Unidos, operar en Puerto Rico. Si el gobernador resiente la intervención las agencias y las ramas del gobierno de EEUU en la Isla, debía denunciar y combatir el status actual colonial que le permite esa intervención. El ELA colonial está en la raíz del problema que hoy lamenta el gobernador, cuando ese aparato jurídico se vira en su contra, pero que su partido apoyó cuando se trató de perseguir a independentistas puertorriqueños. El tribunal federal, ni ninguna de las agencias de EEUU tienen razón para mandar en Puerto Rico. Un país no debe mandar sobre otro. Para lograr eso hace falta la independencia.
José R. Bas García
independencia.net
