7 de mayo de 2008
Comunicado
San Juan - El candidato a la gobernación del partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edwin Irizarry Mora, adelantó hoy varias de las enmiendas que los portavoces de la colectividad en Cámara y Senado presentarán a la propuesta Ley de Incentivos Industriales. "El PNP y el PPD tienen la oportunidad de por primera vez anteponer los intereses del pueblo puertorriqueño y no los de los sectores privilegiados. Si no lo hacen, tendrán que explicarle al País, en pleno año electoral, porqué para los trabajadores y los menos afortunados hay aumentos en las tarifas de los servicios básicos e impuestos como el IVU, y sin embargo, para las corporaciones extranjeras sí llegan los alivios sin precedentes que con tantos bombos y platillos prometieron en la campaña electoral", expresó Irizarry Mora.
El aspirante a la gobernación, junto a la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Víctor García San Inocencio, señaló que la nueva Ley de Incentivos Industriales, de aprobarse tal y como se radicó, privilegiará a las corporaciones exentas de capital extranjero, no otorgará beneficios distintos a las empresas locales, trastocará la situación fiscal del país, hace aún más injusta la distribución de la carga contributiva y afectará adversamente las relaciones con la clase trabajadora.
El PIP plantea cambiar este enfoque con las siguientes enmiendas:
· Eliminar los privilegios especiales al uso de fuentes de energía no renovables como el carbón y el gas natural.
· Eliminar las propuestas inconstitucionales de alterar la jornada laboral
· Que la tasa básica de contribución sobre ingresos que paguen las corporaciones y empresas extranjeras sea de un 10 por ciento, en vez de 4 por ciento.
· Que en el caso de aquellas empresas que decidan continuar operando bajo los mismos términos de los decretos vigentes, se les pueda cobrar un dos por ciento por encima de la tasa actual.
· Eliminar aquellas exenciones a contribuciones municipales (propiedad inmueble y patentes), que tendrán el efecto de reducir los ingresos de los municipios
"Este proyecto de ley, sobre el cual se han puesto de acuerdo el liderato del Partido Popular y del PNP, y en cuyo proceso de redacción y elaboración resaltó la ausencia de representantes del sector sindical, ambientalista, líderes y representantes comunitarios y otros sectores sociales concernidos en cualquier discusión sobre el 'desarrollo de Puerto Rico', deja intacto mucho del contenido y el lenguaje de la Ley anterior, precisamente para hacerlo a la medida y privilegiar a las corporaciones del exterior", puntualizó Irizarry Mora.
El texto propuesto establece una tasa contributiva promedio de un cuatro por ciento de impuestos para las corporaciones exentas, que son las extranjeras. Bajo ciertas circunstancias, esa tasa podría reducirse aún más y puede llegar al dos por ciento. Además, criticaron que el nuevo proyecto de incentivos aumentará de 10 a 15 años el periodo en que las industrias tendrán el beneficio de exención.
"Esto afectaría adversamente las posibilidades de aumentar los recaudos, tanto del gobierno central como de los municipios (a través del CRIM). Con los créditos y deducciones propuestas las tasas efectivas se reducen drásticamente. Además, es peligroso que se ofrezcan los decretos por 15 años, cuando en ninguna parte del proyecto se contempla un ejercicio de revisión que nos muestre cómo los decretos le han servido y han beneficido al País. Sencillamente lo dejan a discresión y a solicitud de la empresa", señaló.
En cuanto a los aspectos del proyecto que toman en cuenta a las empresas de capital puertorriqueño, el líder independentista indicó que no tiene objeción a esas partes del proyecto. "Si bien es cierto que brinda beneficios a las empresas puertoriqueñas, no establece diferencias entre éstas y las empresas del exterior, lo cual contrasta grandemente con lo que vienen haciendo muchos países, particularmente los que compiten con Puerto Rico, que en sus estatutos de incentivos industriales benefician más a las empresas de capital local", puntualizó Irizarry Mora.
"A menos que le exija mayor responsabilidad contributiva las empresas extranjeras, que tanto se benefician de hacer negocios aquí, el país no podrá recuperarse del déficit presupuestario. Nuevamente, el año fiscal cerrará con déficit, lo que quiere decir que tendremos menos recursos para los servicios que necesita nuestra población. No tiene sentido, por lo tanto, que se apruebe una ley de incentivos que lo que garantiza es una insuficiencias en recaudos. A la larga, como siempre, pagará los platos rotos el consumidor puertorriqueño", aseguró por su parte María de Lourdes Santiago.
En cuanto al impacto adverso que tiene la Ley sobre la clase trabajadora, el representante García San Inocencio resaltó la enmienda contemplada en la última página del documento. "Con esta enmienda los negocios exentos bajo la nueva ley y aquéllos exentos bajo leyes de incentivos análogas anteriores, pueden, sujeto al acuerdo entre patrono y empleado, redefinir la duración de la jornada de trabajo diaria de modo que las cuarenta horas de duración de la jornada laboral semanal se compriman en cuatro días. Esto es sumamente peligroso y levantamos nuestra voz de alerta a los trabajadores y líderes sindicales", enfatizó. .
Finalmente, Irizarry Mora reiteró su propuesta de que las empresas exentas deben aporten más al fisco en cantidades que no sean confiscatorias y que mantenga su competitividad con respecto otras partes del mundo. Descartó el mito que se ha querido propagar en Puerto Rico de que aumentar las tasas contributivas hará desaparecer la inversión industrial. Señaló que Macedonia es la que actualmente cobra menos impuestos a las industrias con un 10 por ciento. Irlanda cobra el 12 por ciento y Singapur el 15 por ciento. "Puerto Rico podría imponer una tasa más baja, entre 8 a 10 por ciento, resolver el problema de insuficiencia en los recaudos y propiciar que las compañías establecidas mantengan su competitividad", concluyó.
