martes, 30 de junio de 2009

Los dueños y los excluidos





http://www.elnuevodia.com/columna/586521/
30-Junio-2009 | ETHEL RÍOS ORLANDI

CATEDRÁTICA DE LA UPR

El significado del concepto "sector privado" en economía es harto conocido. Tenemos, además, una idea bastante precisa de lo que quiere decir el grupo que detenta el poder en nuestro país cuando usa el término, en sus diferentes acepciones. Sin embargo, ignoremos por un momento aquello que suponemos conocer para explorar otras interpretaciones.


Cuando el secretario de Desarrollo Económico y Comercio expresa que "el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico", se refiere a una determinada porción del "sector privado" y no a la totalidad del mismo.


Cuando el Gobernador, tratando de corregir al secretario, dice: "Todos somos dueños de Puerto Rico", se refiere a que unos pocos son dueños de muchísimo y que la mayoría es dueña de prácticamente nada. O podría referirse a que cada ciudadano es dueño, en principio, de algo de Puerto Rico, en algún sentido: poético, virtual, intangible.


A la vez que se producen esas expresiones, a cierto grupo de ciudadanos privados, organizados comunitariamente para trabajar por el bien común, la Legislatura de Puerta de Tierra, acaba de recordarles que no les corresponde sentirse colectivamente dueños de ninguna porción de Puerto Rico.


El brazo legislativo del grupo en el poder, ha despojado al Fideicomiso de la Tierra de sus terrenos. ¿No debería el "sector privado" sentirse dueño del país? ¿Por qué excluir del "sector privado" protegido por las tres ramas de gobierno, a los agrupamientos de ciudadanos con visión comunitaria y planificadora?


Para colmo, la misma legislación dispone la venta de los solares a los residentes, para que éstos puedan ser "dueños individuales", prohibiendo su venta durante una década. ¿Cuál ha sido la historia de la titularidad de las parcelas que otrora vendieran los gobiernos de turno, en vez de ceder el usufructo o los derechos de superficie sobre las mismas?


¿Cuál es la intención de esta medida y de otras, como la adoptada para la entrada de La Perla al mercado de bienes raíces? ¿Por qué titularidad colectiva y comunitaria no, pero individual y atomizada, sí?


¿Cuál es la probabilidad de que la colectividad del G-8 pueda sobrevivir diez años de presiones del mercado sobre cada uno de los titulares de algún palmo de terreno aledaño al Caño Martín Peña? ¿A cuáles elementos del "sector privado" se le está entregando la titularidad de Puerto Rico?



En 9 meses archivarán cargos por desobediencia





http://www.elnuevodia.com/en9mesesarchivarancargospordesobediencia-586431.html

Independentistas interrumpieron sesión del Congreso

 

Las autoridades del Capitolio federal detuvieron y registraron a Luis Suárez, así como a los demás independentistas que protestaron contra el colonialismo de la Isla.

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com

WASHINGTON - En nueve meses quedarán oficialmente desestimados los cargos en contra de seis independentistas puertorriqueños que interrumpieron en mayo una sesión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El acuerdo fue oficializado ayer en la mañana por la jueza Jennifer Anderson, del Tribunal Federal de Washington D. C., en una breve audiencia en la que se confirmó el desinterés de la Fiscalía en continuar con el caso.

Un cambio de fiscal había levantado dudas sobre el compromiso inicial de los fiscales de "abandonar el caso" y dar un plazo de nueve meses -en los que los desobedientes civiles no podrán cometer ninguna otra violación de ley-, antes de desestimar el cargo que han enfrentado por "interrumpir una sesión del Congreso".

Cantando y elevando consignas a favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico, el actor Luis Enrique Romero, el músico José Rivera (Tony Mapeyé), la cantante María "Chabela" Rodríguez, la enfermera Eugenia Pérez Montijo, el obrero jubilado Ramón Díaz y el diseñador mecánico Luis Suárez realizaron una protesta pacífica el pasado 6 de mayo desde las gradas del hemiciclo de la Cámara baja federal.

Los agentes de seguridad del Congreso los detuvieron y permanecieron varias horas en una estación policial, antes de ser imputados del delito de interrumpir una sesión del Congreso.

Pero la división de delitos menores de la Fiscalía federal de Washington D. C. mantuvo que, por la conducta pacífica de los manifestantes y no tener récord criminal, iban a acceder a la desestimación de los cargos. Si para el 30 de marzo de 2010 los seis manifestantes no han pisado, sin autorización previa, terrenos del Capitolio o la Casa Blanca, los cargos quedarán archivados.

"Me siento feliz por esta conclusión", dijo el actor Romero, quien junto a Díaz tenía en su expediente otro acto de desobediencia civil, en aquella ocasión en contra de las maniobras militares estadounidenses en Vieques. Pero la Fiscalía no consideró que eso fuera un cargo que ameritara un trato diferente a los otros manifestantes, dijo Manuel Rivera, quien defendió al grupo junto a Harry Anduze, Luis Abreu y Linda Backiel. "Viva mi patria libre y soberana", sostuvo Pérez Montijo, tras la vista.

Antes de regresar a San Juan los "seis del Congreso", como se denominan, pueden tener reuniones esta semana con funcionarios de las oficinas de los tres congresistas boricuas: Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José Serrano. Según la orden judicial, deberán tener una invitación por escrito para poder acudir a esas oficinas en edificios contiguos al Capitolio federal.




lunes, 29 de junio de 2009

Plan Nacional Puertorriqueño para la Salud



http://www.independencia.net/programa.html

VIII. Plan Nacional Puertorriqueño para la Salud


La Salud Pública como Derecho Humano y Solidaridad

El Partido Independentista Puertorriqueño reconoce como principios básicos que: la salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y sus comunidades, que el lograr un óptimo nivel de salud es requisito esencial para maximizar la calidad de vida y realizar al máximo el potencial de los seres humanos. Creemos firmemente que para lograr esta meta, el sistema de provisión de servicios de salud, debe ser guiado por un principio fundamental de solidaridad humana y no el afán de lucro. Más aún, entendemos que el Estado tiene una responsabilidad indelegable de garantizar el acceso equitativo a un servicio de salud adecuado, de calidad y que para cumplir con este propósito, también monitoreará y evaluará, con regularidad el mismo.


Sin embargo, también reconocemos que la disponibilidad de servicios de salud adecuados y de calidad no es suficiente para generar una nación con comunidades y ciudadanos más saludables. Nuestro programa de salud, adopta los principios de Salud Pública del movimiento global de la Promoción de la Salud, que puntualiza la necesidad de que los asuntos o problemas de salud sean analizados e intervenidos desde la perspectiva integral. Nuestro programa reconoce la dimensión cultural, social, política, económica, educativa, ética y ambiental de los asuntos o problemas de salud.


Específicamente planteamos, la necesidad de reconocer e intervenir con los determinantes sociales que actúan en el detrimento de la salud (la pobreza, el colonialismo, falta de democracia, la falta de educación, el desempleo, la falta de vivienda o viviendas inadecuadas, la violencia, el calentamiento global y deterioro del ecosistema, la inequidad en la disponibilidad de servicios, entre otras).


Este paradigma aquí presentado, hace imperativo que la Salud Pública, de todos los ciudadanos y sus comunidades, tome la dimensión de un asunto político, social, económico y ético para el Estado. Al implantarse un Plan de Salud cumpliendo con los criterios y principios aquí presentados, contribuiría a cumplir con todas las dimensiones que se espera en una adecuada gobernabilidad del Estado y por consiguiente debería pasar a ser el de más alta prioridad en cualquier plan de Gobierno.


Visión para un Sistema Nacional de Salud para el Siglo 21

Partiendo de estos principios básicos el PIP propone que construyamos un Sistema Nacional de Salud para este siglo 21 que se convierta en plataforma para poder elevar el estado de salud de nuestra población a los niveles más óptimos posibles dado el conocimiento, tecnología, y recursos disponibles; sin con esto limitar, si no de lo contrario, apoyando el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de estos recursos. Nuestra misión y meta es lograr que la nación puertorriqueña alcance de forma colectiva e individual niveles tan altos de salud como los países más desarrollados y progresistas del mundo, en este tema de la salud.

Para alcanzar esta meta proponemos un sistema de salud que se caracterice por lo siguiente:

  1. Acceso equitativo a los servicios de salud a toda la población no importa el nivel socioeconómico o estatus laboral de los individuos. Es decir, todos los individuos con igual necesidad tendrán igual acceso a los servicios.

  2. Uso más eficiente y racional de los recursos disponibles asignando más recursos a los servicios y programas dirigidos a la prevención, educación, y promoción de la salud.

  3. Amplia provisión de servicios de cuidado primario a través de toda la nación puertorriqueña garantizando que cada barrio, residencial, urbanización, y comunidad tengan acceso cercano a un centro o clínica de cuidado primario.

  4. Integración de los servicios de salud física y mental.

  5. Sistema de salud integrado, coordinado, y eficiente que maximice la calidad y efectividad de los servicios de salud provistos por el sector público, privado, y sin fines de lucro.

  6. Provisión de todos los servicios de salud que un ser humano necesita a través de su ciclo de vida desde antes del nacimiento hasta su muerte; desde los servicios de cuidado pre-natal y post-natal, que necesitan los infantes, hasta los servicios de cuidado de larga duración, que necesita la población de edad avanzada.

  7. Promoción de programas e intervenciones de salud que presenten evidencias de pertinencia nacional, competencia cultural, garantías de inclusión y efectividad.

  8. Existencia de una cultura nacional de promoción y educación para la salud, educación y prevención de naturaleza intersectorial que trascienda las estructuras programáticas del Departamento de Salud permitiendo la ampliación de los programas conjuntos entre el sector salud y otros sectores sociales y comunitarios del ámbito gubernamental y no gubernamental.

  9. Expansión del rol rector del Departamento de Salud y de las demás agencias relacionadas a la salud para ampliar las intervenciones con las desigualdades en salud y con los determinantes sociales, económicos y ambientales vinculados a la salud.

  10. Fuerte y amplia participación significativa comunitaria y ciudadana en los asuntos de salud.

  11. Mejores condiciones económicas y laborales para los profesionales de la salud en Puerto Rico evitando la fuga de capital humano hacia Estados Unidos y otros países.

  12. Disponibilidad amplia de infraestructura y recursos para la investigación en ciencias básicas y bio-sociales que se traduzcan en tecnologías, programas, y soluciones para los problemas de salud más apremiantes de nuestra población.

  13. Centro internacional para la educación de profesionales de la salud y para el ofrecimiento de servicios de salud terciarios y supra terciarios (Turismo de Salud).

  14. Solidaridad con los esfuerzos internacionales para impactar los problemas globales de salud particularmente en las regiones más afectadas.


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Puerto Rico: Médicos piden seguro de salud universal






domingo, 28 de junio, 20.53

AP CARLOS MARTÍNEZ RIVERA

Un grupo de médicos puertorriqueños marchó el domingo hasta el Capitolio para reclamar un sistema de salud universal que ofrezca igual cobertura a los casi cuatro millones de puertorriqueños que residen en la isla. 

El Colegio de Médicos Cirujanos aprovechó la discusión en Estados Unidos sobre una posible reforma del sistema de salud de ese país, del que Puerto Rico es un territorio desde 1898, para convocar a esta manifestación y exigir que en la isla se establezca un seguro universal.

"Podemos hacer un seguro médico universal nosotros mismos, independientemente de los Estados Unidos. Con lo que se gasta hoy día en salud, podemos hacer un seguro de salud que cubra a toda la ciudadanía y probablemente se ahorraría dinero", dijo a la AP Eduardo Ibarra, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

En Puerto Rico, algunas entidades aseguran que el número de personas sin cubierta médica ronda los 300.000, mientras que otras, como el Colegio de Médicos Cirujanos, colocan esa cifra alrededor de los 500.000.

Ibarra precisó que, actualmente, el gobierno puertorriqueño gasta unos 1.500 millones de dólares en su sistema de salud, que a mediados de la década de 1990 sufrió una importante reforma para crear un plan de salud gubernamental y que incluyó, entre otras iniciativas, la privatización de hospitales regionales.

Según datos provistos la semana pasada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Puerto Rico destina el 19% del Producto Interno Bruto (PIB) para costear servicios de salud lo que, según esta entidad, no se traduce necesariamente en una sociedad más saludable.

Estados Unidos utiliza el 16% del PIB, mientras que países como Francia, Alemania, España y el Reino Unido no superan el 11%.

"Aquí no es cuestión de cantidad de fondos, aquí es una cuestión de distribución de esos fondos", agregó Ibarra, un anestesiólogo que representa a los cerca de 13.000 médicos que componen su organización.

Magaly Rodríguez, una vecina de San Juan que se unió a la manifestación, reclamó una reforma profunda del sistema de salud al asegurar que actualmente se trata sólo de un negocio.

"La salud aquí se ha vuelto un negocio amparado por el gobierno, y eso hay que quitarlo. Aquí se está haciendo rico quien está entre el médico y el enfermo. ¿Quién es el del medio? Los seguros privados, que cada día son más caros y dan menos beneficios", indicó Rodríguez, de 62 años, a la AP.

Actualmente, en Estados Unidos se debate la posibilidad de establecer un sistema de salud universal para amparar a cerca de 50 millones de ciudadanos de ese país que no cuentan con seguro médico.




Honduras: crece el respaldo a Zelaya mientras preparan un nuevo gobierno


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1144899

Los integrantes del ALBA reconocieron la legitimidad del derrocado mandatario; el presidente interino prepara su equipo para enfrentar los próximos meses

Lunes 29 de junio de 2009 | 07:33 (actualizado a las 09:32)

MANAGUA.- El presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, preparaba contrarreloj su equipo para gobernar los próximos meses, mientras el derrocado mandatario Manuel Zelaya busca desde Nicaragua el apoyo de sus homólogos centroamericanos para recuperar el poder que le usurpó el golpe de Estado.

Zelaya fue derrocado ayer en un golpe de Estado incruento que fue orquestado por la justicia y el Congreso y ejecutado por un grupo de militares que lo deportó a Costa Rica, provocando una condena mundial unánime.

Anoche, los presidentes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) se reunieron en Managua en una cita convocada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en calidad de presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y por su homólogo venezolano Hugo Chávez, impulsor del movimiento.

La improvisada cumbre del ALBA concluyó con el reconocimiento a Zelaya como el presidente legítimo de Honduras. Los mandatarios del bloque que se reunieron en Managua para acordar la estrategia a seguir para reinstalar a Zelaya en el gobierno de su país y le expresaron su solidaridad tras su llegada a Managua procedente de Costa Rica a bordo de un avión de la fuerza Aérea venezolana.

Por su parte, hoy se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en Nueva York para tratar la crisis y pedir "la restitución de los representantes democráticamente electos".

Desde Estados Unidos, pasando por el Grupo de Río, la Unión Europea, Centroamérica o el ALBA, todos han pedido la restitución de Zelaya en la presidencia de Honduras que ya tiene otro ocupante: el ex presidente del Congreso, Roberto Micheletti, elegido ayer en un acto sorprendentemente rápido para no haber estado planificado de antemano.

De hecho, un funcionario del Congreso leyó una carta con la supuesta renuncia de Zelaya, quien desde San José desmintió tajantemente que hubiera dimitido. "Yo nunca he renunciado ni nunca voy a usar ese mecanismo cuando he sido presidente electo por el pueblo", dijo Zelaya.

El golpe, calificado por Micheletti de "proceso absolutamente legal", contemplado según él en la legislación hondureña, puso fin a la determinación de Zelaya de convocar un referéndum para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial, coincidiendo con las elecciones del 29 de noviembre.

En los últimos días, la tensión había alcanzando su máximo nivel, especialmente a raíz de la destitución durante la semana última por parte de Zelaya del director del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, que fue anulada por una decisión de la justicia, mientras el Congreso llegó a barajar la inhabilitación del presidente.

En Managua, el presidente venezolano, Hugo Chávez, propuso "darles una lección a los golpistas de Honduras" y pidió a los gobiernos de América latina que no se queden en declaraciones. "Hay que darles una lección (...) no podemos permitir un retorno al pasado a las cavernas", dijo.

Micheletti, un compañero de las filas de Zelaya en el Partido Liberal, ya ha empezado a anunciar a los primeros miembros de su equipo de gobierno y pidió a todos los funcionarios del ejecutivo de Zelaya que se presenten a trabajar normalmente hoy.

Agencias AFP, EFE, DPA y Reuters

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viernes, 26 de junio de 2009

A romper el tranque


Rubén Berríos Martínez
Presidente
Partido Independentista Puertorriqueño
 25 de junio de 2009

La experiencia de los últimos 20 años demuestra que el llamado Proyecto Pierluisi (H.R. 2499), si no se enmienda sustancialmente, está destinado al fracaso. El Congreso de Estados Unidos no aprobará ley alguna con una promesa directa o implícita de estadidad para Puerto Rico. Por supuesto, jamás lo admitiría públicamente. Aduciría -como ya lo han hecho varios de sus miembros- a la falta de consenso entre los partidos políticos puertorriqueños.

Pero el Congreso no debe escudarse en que no existe consenso como pretexto para la inacción. Habiendo firmado y ratificado el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos está legalmente obligado bajo el Artículo 1 del Tratado a "promover la realización del derecho a la libre determinación".

El derecho a la libre determinación e independencia es un derecho inalienable del pueblo puertorriqueño y puede ser ejercido aun ante la oposición o indiferencia congresional. No obstante, Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de promover un proceso o proveer un mecanismo para viabilizar el ejercicio de ese derecho.

A su vez, los puertorriqueños, aunque diferimos sobre las alternativas de status, sí podemos acordar un procedimiento para resolver el problema.

Las enmiendas que he propuesto ante el Congreso al H.R. 2499 constituyen una ruta para romper el tranque del status.

Primero, se les preguntaría a los puertorriqueños si desean o no superar su actual status territorial. Y segundo, se les preguntaría en la misma papeleta si prefieren el mecanismo de una Asamblea Constituyente o Constitucional de status o un plebiscito entre alternativas no coloniales y no territoriales. Estaría entonces el Congreso en posición de responder al reclamo de los puertorriqueños, fuera éste producto de un plebiscito local (a propuesta del PNP) o de una Asamblea Constituyente o Constitucional de Status (a propuesta del PPD y el PIP).

Este enfoque tiene una doble virtud.

Provee un procedimiento para que el pueblo, mediante el voto, pueda romper el tranque entre los mecanismos procesales que propulsan los partidos y acaba con la excusa inmovilista de la ausencia de consenso. Nadie debería oponerse a que el pueblo puertorriqueño decida mediante el voto asuntos de tanta importancia.

El Congreso no enfrentará el problema del status si no lo forzamos. Pero el Congreso ya no puede mediante la inacción evitar enfrentarse al problema. De no aprobarse legislación federal, el liderato del PNP ya ha anunciado un plebiscito local. O el Congreso aprueba un proceso racional y justo para resolver el problema, como el que hemos propuesto, o tendrá que lidiar con el resultado de un plebiscito diseñado para que triunfe la estadidad.

Más aún, el Congreso también está sujeto a la presión internacional. Por eso, debe estar consciente que el interés nacional de Estados Unidos, enunciado por su presidente en la Cumbre de las Américas, exige una nueva relación con América Latina y que el problema de Puerto Rico afecta esta relación.

La semana pasada, por iniciativa de nueve (9) países latinoamericanos y caribeños, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por unanimidad una resolución exigiendo de Estados Unidos el cumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras respecto a Puerto Rico, de acuerdo a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

Así también lo habían hecho recientemente 33 de los más importantes partidos políticos latinoamericanos de la más amplia diversidad ideológica. Para América Latina, Puerto Rico es un símbolo de las desacreditadas políticas imperiales de Estados Unidos.

En última instancia, el problema colonial de Puerto Rico es y siempre ha sido hasta dónde se extiende la frontera de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Si Estados Unidos aspira a una nueva relación con América Latina, tendrá que enfrentar el problema de status de Puerto Rico, una nación latinoamericana.

Tiene que deslindarse la frontera. ¡O yanquis o latinoamericanos!




Rubén Berríos Martínez: Statement before the Committee on Natural Resources on H.R. 2499 Status Bill for Puerto Rico



Puerto Rican Independence Party

June 24, 2009

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The bill under consideration, as it stands, is unacceptable and destined to failure. The experience of the last 20 years demonstrates that Congress will not enact legislation that directly or indirectly promises statehood to PR, as does HR 2499.

Aversion to statehood for Puerto Rico is the main obstacle to the approval of this legislation, even though few members of Congress would publicly admit it. No one wants to be perceived as antidemocratic or politically incorrect.

Some prominent members of this House have already advanced that there is no consensus among Puerto Rico's political parties as an excuse to stall even the consideration of the measure. But Congress should not point to lack of consensus in Puerto Rico as a pretext for inaction. Having signed and ratified the International Covenant of Civil and Political Rights, the United States is legally bound under Article 1 of the treaty to "promote the realization of the right of self-determination", a basic human right.

The right to self-determination and independence is an inalienable right of the Puerto Rican people, which can be exercised even in the face of congressional indifference or opposition. Nevertheless, the US is under a moral and legal obligation to promote a process or provide a procedural mechanism through which the people of Puerto Rico can exercise this right. It should therefore enact legislation to facilitate a final status solution for Puerto Rico.

Accordingly, I propose that the bill be amended to achieve two goals: first, to facilitate its approval by both the House and the Senate; and second, to accommodate the reasonable demands of Puerto Rican political parties and organizations, so that any opposition would clearly be a mere excuse, not deserving of any serious consideration.

The amendments I propose here today taken as a whole provide a different and more viable approach to Puerto Rico's status problem. First of all, the language contained in the bill regarding the first vote should be amended to clarify the territorial nature of the present status. Secondly, and even more important, simultaneously with this vote, Puerto Ricans should express, in the same ballot, their preference for either a constituent assembly or a plebiscite as the mechanism for expressing their aspirations concerning substantive non territorial options for our future political status. Congress would then be in a position to respond to the status choice to be made by Puerto Ricans in either a constituent assembly (proposed by the PDP and the PIP) or a plebiscite (proposed by the NPP) and to be convened under the laws of Puerto Rico. The second vote in HR 2499 would consequently be eliminated.

This approach takes into account the different procedural mechanisms proposed by Puerto Rico's political parties, provides a mechanism to overcome the existing deadlock through the expression of the popular will, and bypasses the alleged lack of political consensus as a rationalization to stall the process. We may not agree on the substantive status options, but we can surely agree on a method for selecting a procedural mechanism to facilitate the solution to Puerto Rico's status problem.

The pro-statehood New Progressive Party has agreed with the Puerto Rican Independence Party on the desirability of posing the first question to the people regarding the need to revise the present relationship. Even the pro-commonwealth Popular Democratic Party, despite allegations that the first question would be skewed against commonwealth, advocates various modifications to the present arrangement. Regarding the second question on procedural mechanisms, the Puerto Rican Independence Party has long proposed calling for a sovereign constitutional status assembly, elected by the people in the exercise of its inalienable right to self-determination and independence, to choose among non colonial and non territorial alternatives in accordance to international law. The prevailing status option would be ultimately approved or rejected by a direct vote of the Puerto Rican people. The Popular Democratic Party has also endorsed the idea of the constitutional assembly status, albeit of a different nature. The New Progressive Party has advocated the alternative procedural mechanism of a referendum or plebiscite, but agrees with the fundamental concept that all alternatives posed before the people ought to be non colonial and non territorial. There are differences between us, but there is ample common ground for agreement.

No one who claims to respect the will of the people should object to having the people decide whether to continue or not under the present status; or that the people should decide whether the procedural mechanism for deciding on the future status of Puerto Rico should be a constituent or constitutional status assembly, or a referendum. That is precisely what we propose.

We acknowledge the political reality that the U.S. Congress will not act on status unless it has to. But Congress by inaction will not be able to avoid confronting Puerto Rico's status problem. If Congress does not legislate, the pro-statehood leadership has made clear that it will hold a local plebiscite or referendum which we can surely expect will be designed to elicit a result favorable to statehood. Either Congress approves, as we propose, a rational and fair procedural mechanism to solve Puerto Rico's colonial problem, or it allows irrational forces propelled by circumstantial majorities to control the process.

To conclude, let me bring before you an important final consideration. The Puerto Rican colonial problem affects the foreign relations of the U.S. with Latin America. Last week, at the initiative of nine Latin American and Caribbean countries, the United Nations Committee on Decolonization approved a unanimous resolution which requires the U.S. to comply with its decolonizing obligations with respect to Puerto Rico, in accordance with General Assembly Resolution 1514 (XV). Similarly, thirty-three of Latin America's most important political parties representing a wide ideological spectrum, also recently approved a similar resolution.

The national interest of the U.S., as proclaimed by President Barack Obama in the Summit of the Americas two months ago, demands a new relationship with Latin America. For Latin America, Puerto Rico's colonial status is a symbol of outdated and discredited policies. The issue is –and has always been- how far does the Southern border of the U.S. extend into Latin America and the Caribbean. If the U.S. aspires to establish a new relationship with Latin America based on mutual respect and cooperation, it must squarely face and actively contribute to the solution of the colonial problem of Puerto Rico, a Latin American nation.

Thank you.



Rubén Berríos otra vez a Washington por la Independencia


Por ELNUEVODIA.COM
San Juan, Puerto Rico - 22 de junio de 2009

El presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, presentará ante el Congreso de Estados Unidos la posición oficial de la colectividad sobre el proyecto de status para Puerto Rico.

Rubén Berríos Martínez
Presidente del PIP (Foto Bas)

Berríos Martínez someterá enmiendas a la medida, anticipó el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín.

"El proyecto de la manera que en que está escrito en este momento a nuestro juicio es un proyecto que no va para ningún sitio. Así que esta vista va a ser, en primer lugar, una prueba sobre si hay disponibilidad a la apertura para el cambio, para las enmiendas", dijo Martín en entrevista radial (WKAQ).

"Rubén va a llevar no solamente las objeciones que hemos levantado a este proyecto (sino también) las propuestas de enmiendas concretas que nos hacen pensar a nosotros que pudieran convertir este proyecto en uno viable", agregó Martín.

El PIP argumenta, indicó Martín, que el proyecto presentado por el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, contiene una "píldora venenosa" porque tiene una segunda votación que el Congreso estadounidense "nunca" va a aprobar ya que deja entrever el apoyo a la estadidad.

Este miércoles será la primera vista congresional sobre el proyecto, denominado "Democracia para Puerto Rico". El proyecto establece que los puertorriqueños deberán contestar si quieren mantener la presente condición política de estatus o si quieren una relación diferente con Estados Unidos.

Posteriormente, se votaría en un segundo plebiscito para escoger entre tres opciones: estadidad, independencia o asociación soberana.



sábado, 20 de junio de 2009

Dalmau exige destitución del Secertario de Desarrollo Económico


Comunicado de prensa
San Juan, Puerto Rico - 19 de junio de 2009

El licenciado Juan Dalmau, Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, le exigió al gobernador Luis Fortuño la destitución del Secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico por sus declaraciones de que el sector privado, "se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico y es dueño de este proceso, y nosotros le responderemos a ustedes".

"Le exijo al gobernador la destitución del Secretario de Desarrollo Económico a raíz de sus expresiones incompetentes, político partidistas y serviles a los ricos. Que aclare además el gobernador si él también ya le entregó el país a los intereses privados," exigió el líder independentista.

"Esta no es la primera vez que el Secretario de Desarrollo Económico expresa su incondicional sometimiento a las grandes empresas del capital privado, y su menosprecio por los trabajadores y la clase media asalariada," dijo el también Comisionado Electoral del PIP.

"Esta visión corporativa y antidemocrática de la función del gobierno es contraria a la obligación moral y constitucional de proteger y defender al pueblo en general y, en particular, a los sectores más necesitados. Los dueños de Puerto Rico no son los acomodados de la Milla de Oro, sino los que día a día llevan sobre sus hombros la carga del desarrollo y la producción económica del país, sin mezquindades de clase social.

"Por otro lado, es evidente que el señor Riera utiliza su posición gubernamental para adelantar una agenda política y personal al impulsar un Puerto Rico 'progresista', en obvia referencia al partido de gobierno.

"Así no se gobierna un país. Así se administra un negocio. Y ni el gobernador ni el secretario parecen saber la diferencia," concluyó el líder del PIP.




¡Aurrera, beti aurrera!


JUAN DALMAU RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL
PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO
19 de junio de 2009


Lcdo. Juan Dalmau Ramírez
Secretario General del PIP

"Hay quien traslada que defender la identidad de las personas y los pueblos es algo antiguo, anticuado, que está reñido con el progreso. No, no es así. Las personas y los países que no defienden la identidad en el siglo 21, son como las barcas a la deriva. No tienen puerto. Defender la identidad no es mirar hacia el pasado, es fundamentalmente construir el futuro".

Esta fue una de las reflexiones hechas por Juan José Ibarretxe, en la actividad que ofreció el Partido Independentista Puertorriqueño en el Ateneo de Puerto Rico, en ocasión de su visita a nuestra patria la semana pasada.

El verdadero lehendakari, que, aunque siendo su partido mayoritario, no preside ya Euskadi debido a las alianzas impuras de los que responden a los que le niegan al pueblo vasco su derecho a la autodeterminación, insistió en que el punto de partida para el desarrollo económico y político de todo pueblo es la afirmación de la identidad propia.

El pueblo vasco, al igual que el puertorriqueño, ha tenido que combatir el intento de acabar con su identidad, su cultura y su lengua. El pueblo vasco, al igual que el puertorriqueño, ha tenido que enfrentar la intervención extranjera, que ha intentado negar su existencia. El pueblo vasco, al igual que el puertorriqueño, sabe luchar y tiene, como decía el patriota José de Diego, "a fuerza de recorrer los mares, la frente acostumbrada a la tormenta". Su constancia y perseverancia, como la nuestra, han sido claves para preservar su identidad propia y su nacionalidad.

Hay quien quiere hacer creer a nuestro pueblo que no somos capaces de mandar en nuestra propia tierra y promueven la idea de que somos muy pequeños para dirigir nuestro destino. Al igual que el independentismo puertorriqueño, Ibarretxe responde: "Las personas y los pueblos no se miden por pies cuadrados. La existencia o no del pueblo puertorriqueño no está relacionado con que tengáis cien mil kilómetros cuadrados o nueve mil kilómetros cuadrados. Al igual que las personas no se miden por los metros. Hay personas de dos metros pequeñas y personas de metro y medio muy grandes, personas gigantes. Con los pueblos pasa igual". El pueblo puertorriqueño, al igual que el vasco, es gigante. En nuestras respectivas luchas hemos tenido que enfrentar los miedos y los mitos de los que se oponen a nuestra libertad. Ambos pueblos compartimos el vejamen antidemocrático de no ejercer el derecho inalienable de todo pueblo a su autodeterminación e independencia.

Es evidente que, en Puerto Rico, la colonia carece de legitimidad democrática y que su culminación es la estadidad. Es una amenaza a nuestra identidad nacional y adversa a nuestros intereses nacionales. Ambas opciones atentan contra nuestro potencial de desarrollo económico y fomentan la dependencia y su secuela, que es el deterioro social.

La independencia es la afirmación política de nuestra identidad, el instrumento para construir el futuro. Desde el punto de vista económico, la independencia lejos de alejarnos del resto del mundo como lo hace el ELA colonial, lo que haría es integrarnos al mundo. La integración económica mundial del siglo 21, permite concluir que el desarrollo económico va de la mano con la independencia de los pueblos. El tamaño no es impedimento. En el mundo actual, la ventaja de desarrollo económico y social la tienen las naciones con menos territorio y étnicamente homogéneas, como Puerto Rico.

Más allá de las coyunturas electorales, las corrientes de la historia están a favor de la independencia nacional. Nuestra lucha, sacrificada y dolorosa, como la del pueblo vasco, es también una lucha digna y gloriosa. Por eso, hoy más que nunca, como nos dijo el lehendakari: "¡Aurrera, beti aur re ra ! " ¡Adelante, siempre adelante!




CALIFICAN DE SUPLICA COLONIAL MARCHA DE COLEGIO DE MEDICOS







COMUNICADO DE PRENSA

 

 

CALIFICAN DE SUPLICA COLONIAL MARCHA DE

COLEGIO DE MEDICOS

En San Juan, Puerto Rico. 18 de junio de 2009.- Ante la manifestación convocada para mañana por el Colegio de Médicos para que Puerto Rico sea incluido en el Plan de Salud Universal del Presidente Barack Obama, un grupo de médicos independentistas calificó la misma como una acción más de súplica colonial.

"La posición asumida por el Colegio de Médicos en este asunto no representa el sentir de todos los médicos en Puerto Rico. Nosotros, que representamos un grupo de médicos independentistas, entendemos que en vez asumir una actitud de súplica, en vez de mendigar que Obama nos incluya en  su Plan de Salud Universal, lo que debemos hacer es exigirle al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que asuman su responsabilidad de descolonizar nuestro país mediante un proceso que nos encamine a nuestra independencia", expresó el Dr. Héctor González Moret.

El grupo de médicos independentistas, entre los que también se encuentran los doctores Luis Roberto Piñero, José Javier Muñiz, Efraín Vázquez Vázquez, entre otros, puntualizó que la idea de un sistema de salud universal ha sido una propuesta que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) lleva décadas proponiendo y que gobiernos populares y estadista han ignorado. "Un sistema de salud universal, como el que ha propuesto el Partido Independentista Puertorriqueño por más de treinta años, es posible con un gobierno honesto y eficiente en el poder, y con las herramientas y recursos económicos que nos brindaría la independencia", concluyó González Moret..

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PIP:Pendientes a lo electoral





http://www.elnuevodia.com/voces/582035/
18-Junio-2009

ISMAEL TORRES

Pendientes a lo electoral

A partir de agosto próximo se anticipa el inicio de un proceso encaminado a cambiar radicalmente el sistema electoral del país, tal y como lo conocemos ahora. El primer campanazo de esa transformación la dio en estos días la nueva mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico -identificada con el movimiento estadista- en un caso donde debía resolver un asunto y aprovechó y entró también en cosas como la opción de la quinta columna, algo que no estaba planteado en el pleito ante su consideración.

A ese ambiente se suma la renuncia bajo condiciones aún no claras del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ramón Gómez, quien parece que no aguantó el calor en la cocina, sin haberse puesto tan siquiera los calderos en la hornilla.

El tercer asunto, y sobre el que girará la discusión sobre asuntos electorales, está planteado en un proyecto radicado por la vicepresidenta del Senado, Margarita Nolasco, dirigido a cambiar la actual Ley Electoral de Puerto Rico, aprobada en 1977.

Para aquéllos que han criticado que se paguen las campañas electorales de los partidos políticos inscritos, tienen la buena noticia de que la propuesta reforma elimina ese subsidio, pero abre bastante las puertas para los donativos privados a las campañas. En otras palabras, al que no quiere caldo, le dan dos tazas.

Pero me parece una buena oportunidad para discutir a fondo el tema del financiamiento de las campañas electorales, que van desde las aportaciones públicas hasta las privadas y en el medio una combinación de ambas.

Esa discusión, creo, debe incluir, entre otros asuntos de importancia, el papel fundamental que juegan los partidos o grupos pequeños en los sistemas que se precian de ser democráticos. Porque es bien fácil ser amplio, democrático e inclusivo cuando se es pequeño o se está en oposición. Donde realmente se prueba la voluntad de los demócratas de verdad es cuando tienen poder y abren y respetan los espacios de las minorías, por pequeñas que sean.

La propuesta del Partido Nuevo Progresista (PNP) reduce a una la opción para quedar inscrito y crea una cuarta papeleta para el candidato a comisionado residente, y deja aparte la del candidato a la gobernación.

De modo que a prepararnos para obligar una buena discusión en torno al tema electoral y que se apruebe la mejor ley que regirá las consultas electorales a partir de entonces.





PIP repudia intento de militarizar escuelas públicas y planes con Roosevelt Roads


Comunicado de prensa
San Juan, Puerto Rico - 17 de junio de 2009

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lic. Juan Dalmau Ramírez, arremetió contra los intentos del gobierno de instaurar el Programa Junior ROTC en las escuelas públicas e hizo un llamado al país a repudiarlo y combatirlo.

Juan Dalmau Ramírez, Secretario Generl del PIP

"Emplazo al gobernador, Luis Fortuño, a no esconderse detrás del Procurador del Veterano y que diga él si cree en una cultura de paz y educación para nuestros niños en las escuelas o si su misión es convertir las escuelas públicas en centros de reclutamiento militar, para que nuestra juventud sirva de carne de cañón en guerras americanas", puntualizó Dalmau Ramírez.

El también Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño expresó que este anuncio constituye un insulto a la inteligencia del país. "Decir que con este programa se combate la deserción escolar, como dijo el Procurador del Veterano, es una mentira y una falta de respeto a nuestro pueblo. La realidad es que el problema de la deserción escolar no se atiende vistiendo a nuestra juventud en uniformes de fatiga y estimulándole una visión guerrerista. Para atender el problema de deserción escolar hay que designar los psicólogos escolares y los trabajadores sociales escolares que no se han nombrado. Hay que rediseñar el currículo escolar, en consulta con los maestros, para hacerlo más moderno, dinámico y atractivo a los intereses de los estudiantes. Hay que fortalecer el currículo de Educación Física, que se ha pretendido desmantelar. Hay que brindarles los recursos a los maestros para que tengan las herramientas necesarias para realizar cabalmente su función. Hoy día muchos maestros tienen que financiar de su dinero los materiales para sus cursos. Hay que fortalecer el vínculo de la familia con la comunidad escolar. Eso es parte de lo que hay que hacer para atender el problema de deserción escolar. No se atiende el problema de deserción escolar indoctrinando a los jóvenes con una visión pro americana y guerrerista, que es a lo que se dirige el programa del Junior ROTC", señaló enérgicamente el líder independentista.

Dalmau hizo un llamado a los padres para que no permitan que sus hijos participen de este programa. "Se trata de un programa que siembra la semilla para que luego esos jóvenes sean reclutados por el ejército y sirvan de carne de cañón en guerras extranjeras. Lo peor de todo es que lo hacen en escuelas públicas donde el perfil socioeconómico del estudiante es más bajo, aprovechándose de sus necesidades económicas los engañan ofreciéndoles villas y castillas para que se enlisten en el ejército."

Por otro lado, el licenciado Dalmau Ramírez reaccionó al anuncio hecho ayer por el gobernador sobre el proyecto denominado " la Riviera del Caribe" propuesto para los terrenos de Roosevelt Roads. "El problema del proyecto es que como todo proyecto diseñado en la Milla de ORO, no contempla un equilibrio fundamental entre el desarrollo, la protección ambiental y la participación comunitaria. Este es un proyecto diseñado en cuartos oscuros, donde se excluyó la participación de las comunidades y de la Junta Comunitaria que se creó por ley, que aunque con sus defectos, permitía una mínima participación ciudadana. El sacrificio de nuestro pueblo para el triunfo en Vieques, que fue el preludio para la salida de la Marina de Roosevelt Roads, no fue para hacer esta fechoría", manifestó.

A su juicio el proyecto trata al pueblo de Ceiba como un pueblo expropiado y a los antiguos terrenos de la base, como un nuevo municipio. "No existe además, un equilibrio entre el desarrollo y los intereses de la comunidad. Por ejemplo, el club de yates que promueve el proyecto, ¿es para el beneficio y uso de la asociación de pescadores de Ceiba y Fajardo?", se preguntó Dalmau.

"Además, el Ejército conserva el uso de facilidades para adiestramientos. Eso es condenable. Aunque el gobierno dice que será para usos administrativos, no se le puede creer nada a la Marina. Incluso sabemos que en el pasado se ha promovido el uso de esos terrenos para el Homeland Security, que es la Gestapo estadounidense. Eso no es aceptable", añadió.

Finalmente, Dalmau hizo un llamado al gobernador para que en cualquier proyecto de desarrollo y uso de los terrenos de la antigua base se le permita amplia participación a las organizaciones de base comunitaria y a la ciudadanía de los pueblos de la región, particularmente, a los pueblos de Ceiba y Naguabo.




lunes, 15 de junio de 2009

Millions of People Around the World Are Not U.S. Citizens


Manuel Rodríguez Orellana
Puerto Rican Independence Party
Secretary for North American Relations
Statement presented at a Puerto Rican Bar Association of Florida Seminar held at
Nova Southeastern University Law School, Fort Lauderdale, Florida
Saturday, June 13, 2009


 

I have decided to resist the temptation to indulge in entertaining—but useless—debating jabs as to who is more, or less colonialist; or go into interesting but ultimately peripheral explanations of why a political party or movement would get more, or fewer votes in one electoral event or another.

 I have also decided not to lecture on the economic feasibility of independence. As I assume we would all agree, Puerto Ricans are inferior to no one. Since many nations, smaller than Puerto Rico are doing better without federal funds or U.S. citizenship, while many of the more powerful or wealthy nations are currently in deep financial trouble, the economics of an independent Puerto Rico are collateral matters of public policy or fiscal administration, not a core issue of status politics. Therefore, I have decided to talk about the essence of Puerto Rico's status problem: a nation's inalienable right to self determination denied.  

            We are discussing a Latin American nation of the Caribbean which does not command itself. It is ruled in all essential aspects by another nation's legal and constitutional system. Since Puerto Rico is parte de la bola del mundo, "part of the globe," as Puerto Rican patriot José De Diego used to say, I have chosen to frame the issue in a wider context than the title of this seminar, Millions of U.S. Citizens Are Not Equal in the Eyes of the Law. My remarks here therefore focus on the fact that, Millions of People Around the World are not U.S. Citizens. The formal title of this seminar posits a domestic civil rights problem for Americans. Therefore, my remarks here, today, will focus on an international legal conflict: colonialism. 

*          *          * 

            In a thought-provoking article recently published in Puerto Rico,[1] this Seminar's Chair sought to compare "the current U.S. citizenship of Puerto Ricans and the legal status of Puerto Rico with the Roman citizenship and legal status provided to some city-states incorporated into the Roman Republic in the late republican period,"[2] namely civitas sine suffragio; that is, citizenship without full political rights. He points out that, after a period of this "standard Romanization policy for incorporating conquered regions while building the Roman Republic,"[3] by 133 B.C. "nearly all"[4] Roman provinces had been fully enfranchised by the formal grant of ius suffragi.  

            "Nearly all;" but not all!  Certainly not Palestine, where a young man was executed by crucifixion, a terrible punishment given to slaves, robbers and members of subject peoples! The crucifixion of Jesus of Nazareth in Palestine was administered by Pontius Pilate, the agent-in-charge, if you will, of the chief law enforcement agency—the Roman guards of the EBI (the Empire Bureau of Investigations, if you will)—of the Republic-turned-Empire under Julius Caesar's adoptive son, Augustus, the first to use the title "Emperor" in 31 B.C. 

            This goes to show that what passes as a republic can develop the bad habit of behaving like an empire! 

*          *          * 

There were other models, to be sure, that the Romans (or the Chair of this Seminar) could have followed. It was beyond the imagination of the Romans, however, to see the world in any other fashion. They would never, for instance, have done what Alexander the Great had done: turn the lands they controlled into a single, vast empire in which everyone was treated equally. As a renowned historian has pointed out, Roman conquerors "looked down on native inhabitants," as the equivalent of the U.S. Supreme Court's Insular Cases in those times might have shown, "even when they were … all peoples of very ancient culture," like Phoenicians, Jews, and Greeks.[5] The way the Supreme Court viewed the descendants of those cultures—Spaniards, Portuguese, Basques or Catalonians—in the Iberian Peninsula; and the sub-conscious way dominant circles in American society have come to lump nationalities as diverse as Brazilian, Chilean, Guatemalan, Haitian, Mexican, Peruvian, or Puerto Ricans, imposing the basket-term of Hispanics or Latinos, to include all Latin Americans of Iberian ancestry. 

            Assuming there has been progress since Roman times, there are certainly other juridical and political models. The United States of America's constitutional model is only one of them, and only part of the cultural richness of diversity in the world today. Its origins stem from the 1776 American Declaration of Independence that inspired anti colonialist struggles in the Americas against European empires. The progress since then is undoubtedly reflected in the Universal Declaration of Human Rights of 1948.  

            The UDHR, imbued as it was with the principles established in the U.N. Charter, set the stage for the explicit incorporation of self determination as a basic human right. In 1960, the U.N. General Assembly adopted Resolution 1514, which has become the Magna Carta of self determination and independence as a legal right. It establishes, among other things, that "Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness"—traditional arguments of those who have denied Puerto Rico its rightful self determination—"should never serve as a pretext for delaying independence."[6] In 1966, self determination became article number 1 in both the Civil and Political Rights, as well as in the Economic, Social, and Cultural Rights Covenants. In 1975, the International Court of Justice ruled that Resolution 1514 constituted an authoritative interpretation and the legal basis for a decolonization process.[7] Through treatises and further writings of publicists and well-known scholars of International Law, the right to decolonization and self determination has come to be recognized as a basic human right with no expiration date—part of what is known as the ius cogens.[8]   

            After this broad-brush review of how self determination became a peremptory norm on International Law, let's go back to Rome. In a recent seminar held in Rome last year,[9] the U.S. Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, the Hon. Thomas A. Shannon paid homage to Latin America's legacy in human rights, the "vanguard role … Latin America continues to play … in understanding human rights and incorporating human rights into the behavior of states."[10] He underscored that, among the ways that Latin America has helped consolidate contemporary human rights thinking is by overcoming "historic or traditional divisions … between political and civil rights on one hand and economic, cultural and social rights on the other hand."[11] On the basis of this linkage, he went on to say that: 

Latin America has helped to create a new dynamic between diplomacy and development, between political activity and development, and has also helped us [meaning the United States] redefine certain aspects of our diplomatic exchange, especially in the area of security. And finally …, Latin America has helped at least the Western Hemisphere, at least the Americas, open a new space for dialogue among and between nations and has really marked the emergence of peoples as the principal political actors in the Americas.[12] 

These are interesting words, enounced in interesting times, by the official spokesman of the U.S. State Department for Western Hemisphere Affairs under the Bush administration—who has continued to serve in that capacity under the Obama administration.  The Assistant Secretary accompanied the Hon. Hillary Clinton, U.S. Secretary of State, to the inauguration of the recently elected president of El Salvador, following the electoral victory of the FMLN, the former guerrilla movement that fought against the bloody right wing dictatorships propped up for decades by the U.S. State Department. 

            Only two years earlier, 33 political parties representing a wide ideological spectrum—many of them government parties or allies of the United States—from 22 different Latin American nations (including Mexico, Brazil, Argentina, Chile, and Cuba) met in Panama City, among other things: 

To reiterate to the World our solidarity and support for the cause of Puerto Rico's independence, an historic and principled claim of our America. Latin America and the Caribbean will not be truly independent until all its nations are.[13] 

And: 

To offer to both the Puerto Rican nation as well as the Government of the United States, our cooperation and good offices, including the role of interlocutors and the tasks to lay the groundwork that may be necessary at the several levels of the Government of the United States, leading to a Hemispheric dialogue to resolve Puerto Rico's colonial problem.[14] 

Undoubtedly, there is a new, more assertive, Latin America emerging in the 21st century. Through similar pronouncements, like that of Panama, Western Hemisphere nations south of the Río Bravo have, over the last quarter-century, increasingly reiterated that Puerto Rico is a member of the Latin American family and should return to the fold. In the words of Martín Torrijos, the President of Panama, speaking at the congress co-sponsored by his ruling party: 

The point is that for a century, our aspirations regarding Puerto Rico's independence have been part of a moral and cultural indebtedness dating back to Simón Bolívar and José Martí, but … this issue, like many others, became cloaked in Cold War rhetoric.  

That rhetoric entangled the Puerto Rican question … and has left it unresolved before us in the 21st century when no form of colonialism can be justified.…

 And the basic problem is that Puerto Rico is the only Hispanic American nation that remains under a colonial regime. For Latin Americans, forever correcting this anomaly must be a matter of principle and a priority of continental proportions. What remains is to agree on whatever is necessary to consolidate the Puerto Rican right to constitute an independent republic.[15]

 The days are over when U.S. Marines could invade any Latin American country to topple a government Washington did not like; and the days are over when rest of the region could be expected to silently acquiesce. Quite the contrary! Now the U.S. government will have to develop new and different policies in its relations with Latin America. A Latin America that, to quote Assistant Secretary Shannon once more, has "really presented to the world an important model, a model that needs to be understood and examined, but more importantly, a model that needs to be supported."[16] A Latin America of hundreds of millions who are not U.S. citizens! 

            So, there it is! The word is out and the line has been drawn. Puerto Rico's subordinate status is not a matter of civil rights. It is a matter of human rights. Puerto Rico's colonial status must end, to end colonialism in the Western Hemisphere. Certainly the United States must be a party to this process. So must Latin America.  

            And the votes will follow. 

 


 

[1] Francisco A. Rullán, Puerto Rico Toward Statehood, in 1 Ley & foro 22 (Colegio de Abogados de Puerto Rico 2009).

 

[2] Id.

 

[3] Id.

 

[4] Id.

[5] E.H. Gombrich, A Little History of the World (Yale University Press 2008), p. 83.

[6] G.A. Res. 1514, U.N. GAOR, 15th Sess., Supp. No. 16, at 67, U.N. Doc. A/4684 (1960).

 

[7] Western Sahara, 1975 I.C.J. 12 (Oct. 16).

 

[8] See Oppenheim's International Law 7-8 (R.Y. Jennings and A. Watts eds., 9th ed. 1992); Ian Brownlie, Principles of Public International Law 515 (3d ed. 1979); Roger S. Clark, Free Association—A Critical View, in Proceedings: Conference on the Future Political Status of the United States Virgin Islands (1989); Mark W. Janis, An Introduction to International Law 54 (1988); inter alia.

 

[9] U.S. Embassy to the Holy See, Latin America and the International Human Rights Project: Yesterday, Today, and Tomorrow (May 2, 2008), hereinafter, Latin America and the International Human Rights Project.

 

[10] Thomas A. Shannon, Remarks as Delivered, at Latin America and the International Human Rights Project, supra, at 87, hereinafter, Remarks.

 

[11] Id.

 

[12] Id., at 87-88.

 

[13] Latin American and Caribbean Congress in Solidarity with Puerto Rico's Independence, Proclamation (Panama City, Panama, November 19, 2006). The Proclamation was unanimously approved.

 

[14] Id.

[15] Martín Torrijos, Keynote Address, Latin American and Caribbean Congress in Solidarity with Puerto Rico's Independence, supra.

[16] Remarks, supra, at 92.




Testimonio del PIP ante el Comité de Descolonización de la ONU


Testimonio ante el
Comité de Descolonización de la ONU

Fernando Martín García
Presidente Ejecutivo
Partido Independentista Puertorriqueño
15 de junio de 2009

Mi nombre es Fernando Martín y soy el Presidente Ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño a nombre de quien testifico en la mañana de hoy. Comparezco ante ustedes, además, en representación del Comité Permanente de Trabajo por la Independencia de Puerto Rico compuesto por distinguidos dirigentes y personalidades latinoamericanas entre los que se encuentran Ricardo Alarcón de Cuba, Gustavo Carvajal y Cuauhtemoc Cárdenas de México, el Comandante Tomás Borge de Nicaragua, el Presidente de la Conferencia Permanente de Partido Políticos de América Latina y el Caribe Antonio Cafiero de Argentina, el Senador Rubén Giustiniani, Presidente de Partido Socialista Argentino, Martín Torrijos de Panamá en su calidad de presidente del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, el Senador Ricardo Núñez de Chile, Horacio Serpa de Colombia, Hugo Rodríguez Filippini del Uruguay, el ex presidente del Ecuador Rodrigo Borja, y hasta hace muy poco, el inolvidable ex mandatario argentino Raúl Alfonsín.

Si bien es cierto que nos corresponde a los actores del proceso político puertorriqueño la gigantesca tarea de forzar al Congreso y al Gobierno de los Estados Unidos a descargar su responsabilidad descolonizadora con relación a la posesión colonial que sigue siendo Puerto Rico, no es menos cierto que la comunidad internacional tiene los instrumentos y la responsabilidad de propiciar condiciones que estimulen a los Estados Unidos al cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Resolución 1514 (XV).

La resolución que está hoy ante la consideración del Comité Especial reitera nuevamente la aplicabilidad de la histórica Resolución 1514 (XV) al caso colonial de Puerto Rico y se expresa, una vez más, en favor de que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico. No tengo la menor duda de que esta resolución habrá de ser aprobada por el Comité Especial, como en años anteriores, sin necesidad de votación.

Nos urge ahora enfrentar el reto de movilizar y encausar los esfuerzos de los aliados de la descolonización y la independencia de Puerto Rico para que se logre el objetivo del examen por parte de la Asamblea General del caso colonial de Puerto Rico no más tarde del próximo año. No se trata tan sólo de que la persistencia del coloniaje en Puerto Rico constituye una afrenta permanente a la dignidad del pueblo puertorriqueño y una violación permanente de sus derechos fundamentales, sino que en el año 2010 concluye el plazo dictado por la Asamblea General cuando declaró en el año 2000 que comenzaba el Segundo Decenio para la Erradicación del Coloniaje. Como si lo anterior no fuera suficiente motivación y aliciente para la América Latina y el Caribe, en el año 2010 se celebrará además el bicentenario del comienzo de la emancipación e independencia de América Latina.

En una institución con la estructura y composición de las Naciones Unidas está más allá de toda discusión que un esfuerzo concertado y unido de los países de América Latina y el Caribe convertirían en imparable una iniciativa coordinada de dicho bloque de naciones conducente a que la Asamblea General examine el caso colonial de Puerto Rico y se exprese sobre el mismo. Ello generaría una poderosa y eficaz presión moral y jurídica sobre los Estados Unidos para que el congreso y el gobierno de ese país no pudieran continuar utilizando pretextos y excusas para permanecer en flagrante incumplimiento de sus obligaciones descolonizadoras bajo el derecho internacional.

Hasta hace unos años las realidades geo-políticas de la guerra fría, y la docilidad ante los deseos del gobierno de Estados Unidos por parte de demasiados gobiernos de América Latina y el Caribe hacían impensable que pudiera lograrse una concertación de voluntades en nuestra América en apoyo a la descolonización y la independencia de Puerto Rico. Esa vieja realidad ha sido transformada y hoy la América Latina y el Caribe – a pesar de matices y divergencias importantes – va rápidamente redescubriendo su identidad colectiva, y poniendo en marcha lo que es en efecto una segunda revolución por su independencia.

La decisión tomada por la Asamblea General de la OEA en Honduras en días recientes de dejar sin efecto la viciosa y disparatada decisión de prohibir la participación de la Cuba revolucionaria en el sistema interamericano constituye la prueba más fehaciente y elocuente de que se abre un nuevo y bienvenido ciclo de la historia continental en la que, como sentenció Bolívar, habrá de "restaurarse el balance del universo".

Es momento de insistir en el recordatorio que hizo hace poco al mundo el Presidente Daniel Ortega al dirigirse a la llamada Cumbre de las Américas en Trinidad y denunciar que, además de Cuba, faltaba también Puerto Rico.

Exhorto a los países miembros del Comité Especial a que redoblen sus esfuerzos institucionales para darle intenso y urgente seguimiento a su conclusión de que la Asamblea General debe examinar el caso colonial de Puerto Rico. Además de a los países latinoamericanos y caribeños que son miembros del Comité Especial y que ahora valientemente acompañan los reclamos que históricamente exigía Cuba, casi en solitario, los independentistas puertorriqueños agradecemos los compromisos de solidaridad que han hecho y han manifestado los gobiernos de Nicaragua, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala, y ahora, El Salvador. Igualmente el Senado de Argentina y el de México han aprobado en años recientes resoluciones de apoyo a la independencia de Puerto Rico. La Organización de Países No-Alineados ha suscrito repetidas expresiones de apoyo a la descolonización de Puerto Rico, y las más representativas organizaciones partidarias de América Latina como la COPPAL, la Internacional Socialista, y el Foro de Sao Paulo han sido constantes y explícitas en su apoyo a la independencia de la patria de Betances, Albizu Campos y Concepción de Gracia.

Tan sólo falta que en estos tiempos nuevos tan propicios y transformadores, ese caudal enorme de apoyo latinoamericano y caribeño a la descolonización y la independencia de Puerto Rico se canalice eficazmente en Naciones Unidas, y se convierta en una gigantesca ola que arrope a la Asamblea General y que conduzca a un llamado concreto de la Organización de Naciones Unidas a que se le ponga fin al coloniaje en Puerto Rico. Ese empujón será la víspera de la conquista de la independencia de Puerto Rico por la voluntad de los puertorriqueños.

El tema de llevar el caso colonial de Puerto Rico a la Asamblea General debe ser abordado frontalmente en cada foro continental de ahora en adelante, desde los encuentros de cancilleres hasta las reuniones del propio GRULAC aquí en Naciones Unidas, y en todo cónclave donde los latinoamericanos se reúnan a discutir su agenda colectiva. Nadie ha expresado mejor mi llamado a los latinoamericanos que José Martí cuando escribió "Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes".

El Partido Independentista ha comprometido sus recursos, que son pocos, y su voluntad, que es mucha, con lograr que esta iniciativa latinoamericana y caribeña se materialice en el plazo más breve posible. Están ya sobre la mesa todos los ingredientes que requiere esta receta libertaria; sólo falta combinarlos.

Confiamos que esta resolución, con cuyo texto coincidimos plenamente, sea aprobada por todos los presentes y que resulte el preludio de una gloriosa ofensiva final por la descolonización y la independencia de Puerto Rico.

Muchas gracias


PIP ve cerca caso de Puerto Rico en asamblea general ONU; PIP foresees UN assembly will see island's case


José Fernández Colón/Prensa Asociada
San Juan, Puerto Rico - 14 de junio de 2009

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) trabajará para que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) vea el caso de Puerto Rico el año próximo, fecha que fijó ese organismo mundial para la erradicación del colonialismo en el planeta.

El presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín, dijo hoy, sábado, que espera que nuevamente sea aprobada la resolución del Comité de Descolonización, que sesiona el lunes en la sede de la ONU, a los efectos de que Puerto Rico ejercite su derecho de autodeterminación e independencia.

"Ahora la gran tarea es que los países que simpatizan con nuestra causa empujen en la ONU para que el caso se vea en la Asamblea General. Nuestra esperanza es que sea en el 2010, año en que se cumple el segundo decenio que declaró la Asamblea General para la erradicación de coloniaje, y el 2010 es el bicentenario del comienzo de independencia en América Latina", expresó Martín.

El dirigente del PIP dijo en entrevista con Prensa Asociada que espera que la resolución de este año sea aprobada nuevamente por unanimidad y que exhortará a los países latinoamericanos a que hagan fuerza para que el caso de Puerto Rico llegue a la Asamblea General el año entrante.

"El año pasado, no solamente la resolución tuvo apoyo unánime, sino que una vez más se insistió en la solicitud de que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico, cosa que no hecho desde 1953. Además, fue significativo por la presencia en sala de un número de delegaciones de países latinoamericanos no miembros del Comité expresándose en solidaridad con la resolución", indicó.

Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los países no miembros del Comité de Descolonización que se expresaron solidarios con la resolución.

La resolución aprobada en el 2008, que se espera también se apruebe este año, reafirma principios como la "afirmación inequívoca a la aplicabilidad de la Resolución 151415, el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia".

A la vez, se insta a los Estados Unidos a que cree las condiciones propicias para que el pueblo puertorriqueño decida sobre su estatus, al igual que hay una referencia para el gobierno estadounidense libere a los presos políticos puertorriqueños.

Aunque no descarta que el sector anexionista intente sabotear la aprobación de la resolución bajo el argumento de que hay un proyecto radicado en el Congreso estadounidense por el comisionado residente Pedro Pierluisi para un proceso de definición de estatus, ve poco probable que eso suceda.

Según el profesor de derecho, el lunes la resolución va a ser presentada nuevamente por la delegación de Cuba, como lo ha sido tradicionalmente, aunque en 1991 el promotor de la misma fue Venezuela.

Sobre México y República Dominicana, que no forman parte del Comité de Descolonización y que el año pasado no hicieron expresiones de apoyo a la resolución, Martín dijo que espera que lo hagan cuando el asunto llegue a la Asamblea General o durante las reuniones preparatorias para "empujar el caso de Puerto Rico" al pleno de la ONU.


PIP foresees UN assembly will see island's case

José Fernandez Colón/Associated Press/PR Daily Sun
June 14, 2009

The Puerto Rico Independence Party is working so that the General Assembly of the United Nations reviews Puerto Rico's case next year, when the international organization has aimed to put an end to colonialism on the planet

Fernando Martín, executive president of the PIP, said Saturday he expects fat a resolution by the decolonization committee is approved again during a meeting on Monday at the UN's headquarters in New York allowing Puerto Rico to exercise its right to self-determination and independence.

"The great task now is that countries that empathize with our cause push the UN so the case is seen before the General Assembly. Our hope is that [we achieve this] in 2010, the year that marks the second decade since the General Assembly declared it would eradicate colonialism, and the bi-centennial anniversary of the start of independence in Latin America," said Martin.

The independence movement leader expects the unanimous approval of the resolution this year and will urge the Latin American countries to put pressure so that Puerto Rico's case reaches the General Assembly next year.

"Last year, not only did the resolution gain unanimous approval but it was insisted again on the request that the General Assembly examine the ease of Puerto Rico, something that it has not done since 1953. In addition, it was significant [because of] the presence in the room of a number of delegations of non-committee member Latin American countries expressing solidarity with the resolution", he said.

Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras and Nicargaua were the non-committee members that expressed solidarity with the resolution.

The resolution approved in 2008, which is also expected to be approved this year, reaffirms principles such as "the unequivocal affirmation to the applicability of Resolution 1514XV, the inalienable right of the people of Puerto Rico to its self-determination and independence".

At the same time, it urges the United States to create the proper conditions so that the Puerto Rican people can decide on its status and for the US government to release Puerto Rican political prisoners.

Although he does not reject that the annexionist sector will try to sabotage the approval of the resolution based on the argument that there has been a bill filed in Congress by Resident Commissioner Pedro Pierluisi for a process to define status, he sees little possibility in that happening.

The resolution will be presented again on Monday by the Cuban delegation, which has done so in the past, even though in 1991 it was Venezuela that promoted it, said Martin, a law professor.

Regarding Mexico arid the Dominican Republic — which are not part of the decolonization committee and which last year did not express support to the resolution — Martin said he expects the countries to support when the issue reaches the General Assembly or during preparatory meetings to "push Puerto Rico's case" at the UN's floor.




viernes, 12 de junio de 2009

El purgante del desempleo






Perspectiva / 63
Viernes 12 de Junio de 2009 / El Nuevo Día
 
El purgante del desempleo

ROBERTO P. A PO N T E TO RO
D ECA N O DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UPR


Recientemente se formalizó el proceso de cesantear a 8,000 empleados públicos. La crisis que motiva esta acción no es un evento sorpresivo, pues desde hace años se vislumbraba. Por el sistema de financiamiento al que nos hemos sometido, estamos continuamente en la mirilla de los bonistas.

En un momento, uno de nuestros gobiernos utilizó a esos bonistas con el fin de amedrentar a sus opositores en la Legislatura. Hoy ante la crisis, otro gobierno se adelanta a satisfacer los dictámenes de esos mismos bonistas.

Ayer un gobierno se negó a reducir la nómina buscando las simpatías de los gremios. Hoy otro gobierno entiende que esa no es su clientela y busca el concurso de un empresariado que, por cierto, va en picada. El Gobierno, dentro del esquema en que opera, considera no tener alternativa.

¿Servirá esta medicina para mejorar las finanzas del Estado? En ciertas jurisdicciones, en la década de los 80 este tipo de reducción laboral logró su propósito. En otras no.

No parece que en Puerto Rico hayamos hecho el ejercicio de plantearnos responsablemente cuándo y por qué esta práctica ha funcionado y cuándo no.

Aún así, lo definitivo es que hoy el no hacer nada no es la solución. El sector laboral no puede desconocer la crisis que enfrentamos ni tampoco puede engañarse a sí mismo, creyendo que va a mejorar la situación acrecentando sus insultos contra el sector privado. La realidad es que un sector considerable del liderato sindical no tiene idea de cómo crear una economía sólida que sustente a su membresía.

La pregunta no parece ser, por tanto, si habrá o no cesantías, sino quién y de qué manera terminará beneficiándose de este sacrificio individual y colectivo.

¿Se permitirá toda esta disrupción para que al final mantengan sus lujos los que ya disfrutan de él? ¿O, por el contario, utilizaremos este proceso para construir un país más realista, con mayores oportunidades para todos, y como resultado, más igualitario? Hace poco un amigo economista me contaba como un banquero (a quien respeto) confesaba cómo por años aceptó como buenos, modelos financieros tan complicados que él mismo no entendía, pero que le eran presentados por supuestos expertos y genios de la matemática económica. Esos modelos parecían exitosos y por década y media produjeron pingües beneficios a sus accionistas. Ahora, cuando sus fallas se hacen evidentes, los accionistas que antes celebraban el modelo, demandan por su uso.

He aquí una muestra de esa economía de poca responsabilidad individual enmarcada en un oportunismo narcisista e infantil, de la cual como sociedad debemos cuidarnos.

Nuestro País debe enfrentar la gravedad del acto de despedir empleados públicos. Por ello, debe conocer exactamente cómo esa acción ha de mejorar la vida y la economía de todos los puertorriq u e ños.

No podemos, otra vez, confiar a ciegas en los juegos de magia de los expertos.

La democracia requiere información y juego limpio para con todos. No podemos permitir que la confusión actual facilite que intereses insensibles aprovechen la ocasión para apoderarse a precio de quemazón de instituciones y recursos valiosos del pueblo.

Es momento de sacar a la superficie a los tiburones sean éstos empresarios o políticos - y a todo aquél que a escondidas -intente beneficiarse del mal momento que atravesamos, atentando contra nuestras instituciones, recursos y va l o re s.

Puerto Rico en crisis no es un banquete a repartir, sino una tragedia familiar a atender.

Este es momento de reconocer la eficiencia y, sobre todo, la calidad dondequiera que esté.

Ese es el reto del País si es que quiere sobrellevar la crisis. Los eslóganes sob ra n .

Lo que cuenta es nuestra disposición de enfrentar situaciones crueles y aportar soluciones que aseguren el bienestar común.