miércoles, 3 de junio de 2009

Desobediencia civil en E U


    Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodía.com
WASHINGTON - La Fiscalía federal se encamina a archivar los cargos en contra de los seis independentistas puertorriqueños que interrumpieron brevemente a principios de mayo una sesión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en reclamo de la descolonización de Puerto Rico.

Manuel Rivera, asesor legal de los seis desobedientes civiles que llevaron a cabo una protesta el pasado 6 de mayo, dijo ayer que el fiscal a cargo de delitos menores en la fiscalía federal de Washington, Jeffrey Taylor, con quien se reunió el viernes, ha propuesto dejar expirar los cargos en contra del grupo.

Tras revisar las imputaciones y la conducta pacífica de los desobedientes, Taylor ofreció la alternativa legal de "un abandono del proceso".

Los casos pueden quedar desestimados preliminarmente tan pronto como el 29 de junio, aunque pasarían otros nueve meses en lo que el archivo se hace sin posibilidad de que la Fiscalía los pueda revivir, indicó Rivera.

La Fiscalía tomará en cuenta que los seis desobedientes -el actor Luis Enrique Romero; el diseñador mecánico Luis Suárez; el músico José Antonio Rivera (Tony Mapeyé); la cantante María Isabel "Chabela" Rodríguez; la enfermera Eugenia Pérez Montijo; y el obrero jubilado Ramón Díaz-, mostraron una conducta pacífica durante su manifestación del 6 de mayo.

Si se demuestra que ninguno tiene convicciones previas, la oferta de la Fiscalía se concretaría en la vista judicial que ya había sido programada para el 29 de junio próximo en Washington D.C., indicó el abogado Rivera.

Sólo puede quedar por negociar el hecho de que el acuerdo aplique a Romero, quien también realizó desobediencia civil en contra de las antiguas maniobras militares estadounidenses en la isla municipio de Vieques. "Argumentaré que no se trata de una violación de ley común", sino de una manifestación pacífica, indico Rivera.

De todos modos, no está bajo consideración que ninguno cumpla tiempo de cárcel o pague una multa. En el caso de Romero, si el acuerdo no le beneficiara, la alternativa puede ser estar en libertad en probatoria unos 60 días, aunque el cargo de interrupción de una sesión del Congreso permanecería en su expediente, agregó