Jesús Dávila
SAN JUAN, Puerto Rico, 10 de Junio de 2009 (NCM) – La central sindical estadounidense AFL-CIO ofreció gestionar en Washington miles de millones de dólares para reducir el déficit del Puerto Rico y destacar 1,000 trabajadores que ayuden a recaudar impuestos a fin de detener los planes de despedir decenas de miles de trabajadores del Estado.
De inmediato, el portavoz del Gobernador Luis Fortuño anunció que se daría "el espacio necesario" al plan presentado por la AFL-CIO y proclamó que la meta de ambas partes es "la protección del empleo público".
Por otro lado, la jornada incluyó también acuerdos entre los partidos pro Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios para presentar ante Washington un frente común en la búsqueda de fondos y en protección de la inversión de capital.
Tanto el pacto de la clase empresarial y la institucionalidad política como el proceso de acuerdo con los sindicatos va preparando un escenario social y económico menos conflictivo en momentos en que se ha anunciado en el Congreso el inicio este mismo mes de junio de las audiencias para la revisión de la condición política de esta nación caribeña y colonia estadounidense desde 1898. Así, aguijoneado por la galopante crisis económica y los vientos conflictivos que soplan desde Washington, se están produciendo acuerdos y nuevos alineamientos que van desde lo esperado hasta lo que poco tiempo antes habría parecido inaudito.
La oferta de la jefatura sindical de EEUU fue traída a Puerto Rico en la más estricta reserva desde hace varios días hasta que fuese discutida con el Gobernador en el Palacio de Santa Catalina. Tal fue el nivel de prudencia que los funcionarios llegaron a Puerto Rico desde principios de la semana pero evitaron contacto mayor con muchos en el propio liderato sindical.
El proceso de negociación se ha iniciado en momentos en que la agitación obrera había crecido desde pequeñas protestas callejeras a principios de año hasta dos marchas rebeldes de decenas de miles de trabajadores efectuadas entre mayo y junio, un lapso de poco más de 30 días. El ambiente se había ido cargando tanto que ya había grupos preparándose para una posible huelga general.
Pero además vino a ser el corolario en el frente sindical de los movimientos estratégicos del gobierno anexionista para pactar con empresarios y la oposición autonomista a fin de defender en Washington la asignación de más fondos para servicios de salud y tratar de evitar un nuevo golpe a los privilegios tributarios de las subsidiarias estadounidenses. Eso condujo ayer mismo a la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo, la banca y otros sectores de la clase empresarial, así como las delegaciones del oficialista Partido Nuevo Progresista y el opositor Partido Popular Democrático en la Legislatura.
El pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño no es parte de los acuerdos, pero una de sus propuestas para atender la crisis fiscal –imponerle un tributo a las corporaciones estadounidenses- ha terminado siendo una de las ofertas principales acogidas por la AFL-CIO y el Gobernador Fortuño.
De hecho, los funcionarios de la AFL-CIO advirtieron que cabildearán en Washington porque se mantengan los privilegios a las corporaciones que invierten aquí a condición de que esas empresas acepten un impuesto de 2,6 por ciento adicional para ayudar a mejorar las finanzas del Estado. De igual forma, se le indicó al Gobernador que el apoyo a que se asigne más dinero para servicios de salud lleva el propósito de que la reducción del déficit del Gobierno en ese aspecto sea usado para proteger puestos de trabajo.
Sin embargo, el protagonista principal de esta trama que se ha ido desarrollando durante los pasados meses no han sido tanto el Gobierno ni los partidos sino el movimiento emergente de las organizaciones de trabajadores de Puerto Rico, algunas agrupadas en centrales boricuas y otras afiliadas a las de EEUU.
Ayer mismo, fue el representante internacional de la United Auto Workers en Puerto Rico, Fernando Juarbe, quien le presentó al Gobernador la idea de asignar trabajadores capaces de distintas agencias para que sean adiestrados en el Departamento de Hacienda y se dediquen durante meses a cobrar lo que se pueda de la deuda impositiva acumulada de individuos y empresas, que se calcula sobrepasa los $3,000 millones.
"Nunca se había intentado un esfuerzo de esta índole", dijo Juarbe, quien indicó que "hay un compromiso de darle prioridad a este plan".
A cambio del apoyo contundente sindical para sacar al Estado de la crisis fiscal que sigue manteniendo al país bajo la amenaza de Wall Street, el Gobierno ha aceptado detener por el momento los planes de despidos masivos de trabajadores, restablecer la vigencia de los contratos laborales para asuntos no económicos y proteger a los sindicatos de elecciones promovidas por sus adversarios.
Ninguno de los sectores involucrados reclama que se hayan superado los profundos desacuerdos que agravan la crisis. Entre los asuntos pendientes por atenderse están toda una serie de reclamos de organizaciones sindicales, sociales y hasta religiosas con respecto a políticas que van desde la inversión privada en obras y programas del Gobierno hasta la política cultural.
De igual forma, en los sectores políticos sube el termómetro ante la posibilidad de que el Presidente Barack Obama pueda hacer buena su palabra de que la solución a la condición colonial de Puerto Rico se producirá antes de que termine el presente cuatrienio. Lo que sí quedó claro con la jornada fue que, al menos por el momento, quedan pospuestos los pronósticos de la inminencia de un estallido social y político.
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