miércoles, 4 de junio de 2008

El PIP ha propuesto la medicación de la droga desde hace 20 años

 

4 de junio de 2008
Comunicado

San Juan - La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, le dio hoy la "bienvenida al planeta Tierra" al gobernador Acevedo Vilá y al alcalde de Caguas Miranda Marín, "quienes acaban de darse cuenta de lo angustioso del problema de las adicciones. Ojalá y ese descubrimiento se hubiera dado antes en el cuatrienio, cuando tuvieron oportunidad de hacer algo".

La Legisladora señaló que durante casi 20 años el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha planteado en su programa de gobierno la urgencia de cambiar el modelo punitivo ante la drogadicción por una verdadera visión salubrista, y que una de sus primeras gestiones en el cuatrienio fue solicitar, a través de la Resolución Conjunta del Senado 148, que la Junta de Planificación (JP) realizara un estudio de los costos e implicaciones de ambos acercamientos. El Ejecutivo se opuso a esa medida, porque la JP estimaba, y así lo hizo constar en su ponencia, que la medicación de la droga resultaría en un "éxodo de profesionales de la salud…que ahora tendrían que suministrar narcóticos".

El Gobierno, por voz del director de ASSMCA, también presentó oposición a la medida (Proyecto del Senado 468) de la Senadora independentista para que las adicciones fueran consideradas un trastorno mental al amparo de la Ley de Salud Mental. De la misma forma, han bloqueado los intentos de la Legisladora pipiola de eliminar las penalidades a los deambulantes, en su mayoría adictos a drogas, que están vigentes en los Códigos de Orden Público y la Ley de Tránsito. Ambas propuestas están contenidas en el P del S 223, y el P del S 161, respectivamente. Además, el P del S 2144, de la autoría de Santiago Negrón, que propone descriminalizar la posesión de la parafernalia usada para la inyección de drogas, está aún pendiente de aprobación en el Senado. "Mi trabajo está ahí desde hace años, ¿dónde estaban estos señores todo este tiempo?, cuestionó la Senadora del PIP.

"En esta administración, al igual que en las pasadas, se han combinado la absoluta ignorancia con la más fría insensibilidad en lo que se refiere al tema de las adicciones, y es un descaro que ahora, a cinco meses de las elecciones, finjan abrazar los mismos planteamientos que por cuatro años han ignorado", denunció la senadora Santiago, quien además recordó que en su primera versión, el Código de Orden Público de Caguas tipificaba expresamente como delito el mero hecho de "deambular", y que en ese municipio han surgido varios incidentes con los "recogidos" de adictos sin hogar.

La Vicepresidenta del PIP retó a Miranda Marín y a Acevedo Vilá que "si de verdad quieren hacer buena su tan cacareada agenda soberanista, y tan comprometidos están con la visión salubrista en el tema de las drogas, que empiecen por retar al gobierno de los Estados Unidos con verdaderos programas de medicación de heroína, con la multiplicación de los programas de intercambio de jeringuillas, la creación de cuartos de inyección segura (sugeridos por entidades como Iniciativa Comunitaria) y la ampliación, por encima de las restricciones impuestas por los federales, de los programas de administración de buprenorfina, un medicamento que ha demostrado ser mucho más efectivo que la metadona. Vamos a ver si en un asunto tan grave, y con el que tenemos que estar comprometidos por razones que van desde lo humanitario hasta lo fiscal, aquí de verdad mandan los puertorriqueños".

La senadora Santiago señaló que, según la información suministrada por el mismo gobierno, en Puerto Rico el 80 porciento de los delitos están relacionados con el uso o tráfico de sustancias ilegales, y que se estima en más de $600 millones el gasto anual, tan sólo en el procesamiento y encarcelamiento por esos delitos. "La cifra se multiplica cuando se añaden los costos relacionados, que van desde pérdida de propiedad por robo, lo que ha afecta a ciudadanos y a aseguradoras, hasta el enorme gasto en servicios de salud, (el uso compartido de jeringuillas infectadas es una de las vías principales de contagio de VIH y hepatitis) que viene obligado a asumir el gobierno".